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26 de Junio,  Jujuy, Argentina
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La oposición prevé un gobierno post-Rousseff

Martes, 22 de marzo de 2016 01:30
CRISIS / LA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF JUNTO A SU VICEPRESIDENTE MICHEL TEMER.
La oposición brasileña reveló ayer que articula con el vicepresidente Michel Temer un gobierno de transición para el caso de una caída de la presidente Dilma Rousseff, quien convocó a su gabinete para trazar estrategias ante el juicio político que se tramita contra ella en la Cámara de Diputados.
A la vez, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva llevaba adelante una batalla en el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) para suspender la nulidad de su nombramiento como jefe del gabinete de ministros.
Paralelamente, el exmandatario se dedicaba informalmente a la negociación política para evitar que aliados se pasen a la oposición y voten a favor del juicio político a Rousseff.
La oposición hizo público que prepara un plan de gobierno para acompañar a Temer, según reveló el senador y exgobernador paulista José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) opositor y candidato presidencial derrotado en 2002 por Lula y en 2010 por Rousseff.
"Con Temer como presidente, se tendría que batallar para un gobierno de unión y reconstrucción nacional, con el compromiso de que él no se presente a la elección de 2018; el Psdb debe ser llamado a ocupar el nuevo gobierno", dijo Serra al diario O Estado de Sao Paulo.
El dirigente se unió a favor del juicio político a Rousseff en línea con el expresidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) pero aclaró que "sería mejor para el país que ella renunciara".
Serra es, junto con el senador Aecio Neves (derrotado por Rousseff en 2010) y el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (vencido por Lula en 2006), precandidato presidencial del Psdb para 2018.
La negociación de un acuerdo para el caso de la salida de Rousseff debe ocurrir con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), presidido por Temer y al cual pertencen Eduardo Cunha y Renán Calheiros, respectivamente jefes de la Cámara de Diputados y del Senado.
El eventual Gobierno de transición de Temer es apoyado por la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), el mayor conglomerado empresarial de Latinoamérica, que respalda y brinda apoyo logístico a las manifestaciones opositores en la avenida Paulista.
La revelación de la negociación hecha por Serra fue desautorizada por el propio Temer, quien en un comunicado sostuvo que "no tiene portavoz, no discute escenarios políticos para gobiernos futuros y no delegó anuncios de decisiones".
El partido de Temer debe definir la próxima semana si abandona el gobierno de Rousseff, lo cual abriría la posibilidad de que el juicio político se vote en la Cámara de Diputados, donde domina el Pmdb.
Detenido por el caso Petrobras
Raul Schmidt, prófugo de la justicia brasileña e investigado por el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras, fue detenido en la jornada de ayer en Lisboa dentro de la operación anticorrupción Lava Jato, que lleva adelante el juez Sérgio Moro.
La Fiscalía portuguesa confirmó el arresto de un ciudadano luso-brasileño por su presunta implicancia en ese escándalo, aunque fue la prensa local la que reveló la identidad de Schmidt, socio de un antiguo director de la estatal Petrobras.
La prensa portuguesa, que citó fuentes oficiales de la Policía Judicial, reveló que el arresto de Schmidt se llevó a cabo ayer en un departamento situado en el centro de Lisboa, reprodujo una agencia de noticias.
Medios lusos apuntan a que el detenido se había dado a la fuga y se encontraba escondido en la capital portuguesa, donde contaba con la ayuda de varios familiares y amigos, además de precisar que contaba con la doble nacionalidad brasileño-portuguesa.
La Justicia brasileña había solicitado de forma oficial la cooperación de las autoridades lusas, por lo que en la detención practicada ayer participaron policías y fiscales de ambos países.
El Ministerio Público portugués reveló, asimismo, que las autoridades brasileñas ya "manifestaron su intención de iniciar un proceso de extradición" para que el acusado, Raul Schmidt responda ante la Justicia de su país.
La petrolera está envuelta en un gran escándalo de corrupción en Brasil que incluye a centenares de investigados, entre ellos el propio expresidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.
La investigación fue abierta por la Policía Federal en marzo de 2014 y fue bautizada Lava Jato, como en Brasil se conocen los servicios de lavado a chorro de los automóviles, debido a que los primeros lugares allanados fueron estaciones de servicio que los cambistas usaban como pantallas para el lavado de dinero.
Pero Moro, el juez federal de la ciudad de Curitiba, descubrió que el dinero blanqueado en los lavaderos provenía de desvíos de Petrobras, la mayor empresa de Brasil.
Lava Jato es la mayor investigación contra la corrupción y el lavado de dinero realizada en la historia de Brasil, según ha reconocido la propia Fiscalía.
Petrobras asegura que los desvíos descubiertos sumaron en diez años unos 2.000 millones de dólares, pero la Fiscalía calcula que pueden ser mayores, ya que, por sus cálculos, la red de corrupción desvió entre el 1% y el 5% de cada contrato firmado por la estatal entre 2004 y 2014.
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La oposición brasileña reveló ayer que articula con el vicepresidente Michel Temer un gobierno de transición para el caso de una caída de la presidente Dilma Rousseff, quien convocó a su gabinete para trazar estrategias ante el juicio político que se tramita contra ella en la Cámara de Diputados.
A la vez, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva llevaba adelante una batalla en el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) para suspender la nulidad de su nombramiento como jefe del gabinete de ministros.
Paralelamente, el exmandatario se dedicaba informalmente a la negociación política para evitar que aliados se pasen a la oposición y voten a favor del juicio político a Rousseff.
La oposición hizo público que prepara un plan de gobierno para acompañar a Temer, según reveló el senador y exgobernador paulista José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) opositor y candidato presidencial derrotado en 2002 por Lula y en 2010 por Rousseff.
"Con Temer como presidente, se tendría que batallar para un gobierno de unión y reconstrucción nacional, con el compromiso de que él no se presente a la elección de 2018; el Psdb debe ser llamado a ocupar el nuevo gobierno", dijo Serra al diario O Estado de Sao Paulo.
El dirigente se unió a favor del juicio político a Rousseff en línea con el expresidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) pero aclaró que "sería mejor para el país que ella renunciara".
Serra es, junto con el senador Aecio Neves (derrotado por Rousseff en 2010) y el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (vencido por Lula en 2006), precandidato presidencial del Psdb para 2018.
La negociación de un acuerdo para el caso de la salida de Rousseff debe ocurrir con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), presidido por Temer y al cual pertencen Eduardo Cunha y Renán Calheiros, respectivamente jefes de la Cámara de Diputados y del Senado.
El eventual Gobierno de transición de Temer es apoyado por la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), el mayor conglomerado empresarial de Latinoamérica, que respalda y brinda apoyo logístico a las manifestaciones opositores en la avenida Paulista.
La revelación de la negociación hecha por Serra fue desautorizada por el propio Temer, quien en un comunicado sostuvo que "no tiene portavoz, no discute escenarios políticos para gobiernos futuros y no delegó anuncios de decisiones".
El partido de Temer debe definir la próxima semana si abandona el gobierno de Rousseff, lo cual abriría la posibilidad de que el juicio político se vote en la Cámara de Diputados, donde domina el Pmdb.
Detenido por el caso Petrobras
Raul Schmidt, prófugo de la justicia brasileña e investigado por el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras, fue detenido en la jornada de ayer en Lisboa dentro de la operación anticorrupción Lava Jato, que lleva adelante el juez Sérgio Moro.
La Fiscalía portuguesa confirmó el arresto de un ciudadano luso-brasileño por su presunta implicancia en ese escándalo, aunque fue la prensa local la que reveló la identidad de Schmidt, socio de un antiguo director de la estatal Petrobras.
La prensa portuguesa, que citó fuentes oficiales de la Policía Judicial, reveló que el arresto de Schmidt se llevó a cabo ayer en un departamento situado en el centro de Lisboa, reprodujo una agencia de noticias.
Medios lusos apuntan a que el detenido se había dado a la fuga y se encontraba escondido en la capital portuguesa, donde contaba con la ayuda de varios familiares y amigos, además de precisar que contaba con la doble nacionalidad brasileño-portuguesa.
La Justicia brasileña había solicitado de forma oficial la cooperación de las autoridades lusas, por lo que en la detención practicada ayer participaron policías y fiscales de ambos países.
El Ministerio Público portugués reveló, asimismo, que las autoridades brasileñas ya "manifestaron su intención de iniciar un proceso de extradición" para que el acusado, Raul Schmidt responda ante la Justicia de su país.
La petrolera está envuelta en un gran escándalo de corrupción en Brasil que incluye a centenares de investigados, entre ellos el propio expresidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.
La investigación fue abierta por la Policía Federal en marzo de 2014 y fue bautizada Lava Jato, como en Brasil se conocen los servicios de lavado a chorro de los automóviles, debido a que los primeros lugares allanados fueron estaciones de servicio que los cambistas usaban como pantallas para el lavado de dinero.
Pero Moro, el juez federal de la ciudad de Curitiba, descubrió que el dinero blanqueado en los lavaderos provenía de desvíos de Petrobras, la mayor empresa de Brasil.
Lava Jato es la mayor investigación contra la corrupción y el lavado de dinero realizada en la historia de Brasil, según ha reconocido la propia Fiscalía.
Petrobras asegura que los desvíos descubiertos sumaron en diez años unos 2.000 millones de dólares, pero la Fiscalía calcula que pueden ser mayores, ya que, por sus cálculos, la red de corrupción desvió entre el 1% y el 5% de cada contrato firmado por la estatal entre 2004 y 2014.
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