En cada guerra moderna hay un argumento que se repite: la seguridad, la prevención o la liberación de un pueblo. Sin embargo, detrás de esas palabras solemnes casi siempre aparece una realidad mucho más brutal: miles de civiles muertos que no participaron de ninguna decisión política ni militar. La historia reciente ofrece ejemplos contundentes. En 2003, Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak bajo el argumento de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Aquellas armas nunca aparecieron; lo que sí apareció fue una guerra devastadora que dejó, según diversos estudios académicos y estimaciones de organizaciones independientes, centenares de miles de muertos (La revista médica The Lancet estimó aproximadamente 655 mil muertes entre civiles y combatientes), además de millones de desplazados y un país completamente desestructurado. Nadie pagó las consecuencias políticas ni judiciales de aquella decisión.
El mismo dilema vuelve a plantearse cada vez que se habla de "bombardeos preventivos" o "ataques quirúrgicos". En la práctica, esos términos técnicos suelen ocultar una realidad incómoda: cuando caen las bombas, los que mueren no son solo combatientes. Mueren hombres, mujeres y niños que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. En conflictos recientes en Medio Oriente, ataques dirigidos a infraestructuras militares o a grupos armados han terminado golpeando hospitales, barrios, escuelas o ciudades enteras como el caso de Gaza. Cada una de esas víctimas abre una pregunta incómoda: ¿Quién decide que ese daño colateral es aceptable?
La actual escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner este debate en el centro. Según Naciones Unidas, desde el 28 de febrero pasado, más de 1.100 niños han resultado heridos o muertos en la violencia. Evaluaciones preliminares de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), afirma que entre 600 mil y un millón de hogares iraníes -hasta 3,2 millones de personas- han sido desplazados temporalmente dentro del país como consecuencia directa de los bombardeos. Los argumentos que se esgrimen son conocidos: evitar el desarrollo de armas nucleares, neutralizar amenazas regionales, entre otros. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿Quién tiene la autoridad moral para decidir qué países pueden desarrollar ciertas armas y cuáles no, cuando las mayores potencias del mundo son también los principales fabricantes y exportadores de armamento?
El problema no es solo político, también es jurídico. El derecho internacional humanitario (DIH), o derecho de los conflictos armados, es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, busca limitar los efectos de la guerra. Protege a quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades y restringe los medios y métodos de combate. En teoría, los ataques deben distinguir entre objetivos militares y civiles, y deben evitar daños desproporcionados. En la práctica, esas normas muchas veces quedan subordinadas a la lógica estratégica de la guerra. La historia demuestra además que los bombardeos destinados a "liberar" a un pueblo rara vez producen el resultado prometido. Irak quedó devastado, Libia se fragmentó, Siria se convirtió en uno de las mayores tragedias humanitarias del siglo XXI, y el Líbano ha sufrido y sigue sufriendo repetidas crisis producto de confrontaciones regionales. Cada intervención militar abre un nuevo ciclo de violencia que termina atrapando a generaciones enteras.
Esto no significa ignorar otra realidad incómoda: en el mundo todavía existen regímenes autoritarios, dictaduras y grupos armados que también violan sistemáticamente los derechos humanos; el terrorismo ha dejado miles de víctimas civiles en el mundo. La crítica a las guerras preventivas no puede convertirse en una justificación automática de esos sistemas. Durante las últimas décadas, atentados perpetrados por organizaciones extremistas en distintas ciudades -desde Nueva York hasta Madrid, Buenos Aires, Londres, Bagdad o Kabul- han demostrado que el terrorismo también utiliza deliberadamente a la población civil como blanco para imponer miedo, ideología o poder político. El ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el que milicias de Hamas asesinaron a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a centenares de personas, recordó al mundo que el terrorismo continúa siendo una de las formas más brutales de violencia contra la población, pero, las víctimas de estos ataques merecen la misma memoria, justicia y condena que los ataques de Israel a Gaza como represalia al mismo (más de 66.100 gazatíes muertos, entre ellos al menos 18.430 niños). Ninguna causa religiosa, política o cultural debe justificar el asesinato de civiles inocentes. El terrorismo, al igual que la guerra indiscriminada, viola los principios más básicos del derecho internacional humanitario.
El verdadero desafío del sistema internacional es encontrar mecanismos que eviten tanto la impunidad de los gobiernos autoritarios como la lógica de la fuerza unilateral que termina castigando principalmente a las poblaciones civiles. Porque al final de cada conflicto, cuando se apagan los discursos estratégicos y las declaraciones diplomáticas, la guerra siempre deja el mismo saldo: ciudades destruidas, familias rotas y generaciones enteras desplazadas y marcadas por la violencia.
Cuando las guerras y los atentados se justifican en nombre de la civilización, la democracia, la seguridad o incluso la liberación de los pueblos, el riesgo es caer en una peligrosa arrogancia moral: creer que unos pocos tienen el derecho de decidir el destino de millones. Las experiencias de Irak, Afganistán, Gaza, el Líbano o ahora la guerra con Irán muestran que detrás de los discursos estratégicos suelen quedar ciudades destruidas y poblaciones civiles atrapadas en conflictos que nunca eligieron. La historia demuestra que ninguna sociedad puede ser transformada a fuerza de misiles ni que la libertad pueda imponerse mediante bombardeos. Cuando las potencias militares deciden intervenir, casi siempre lo hacen invocando valores universales, y como consecuencia comunidades enteras pagan el precio de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Por eso, si el derecho internacional quiere conservar legitimidad en el siglo XXI, debe recordar una verdad esencial: ninguna causa política, religiosa o estratégica puede justificar la normalización de la muerte de civiles ni la erosión del derecho humano a la paz.
Las poblaciones civiles siguen atrapadas entre dos formas de violencia igualmente destructivas: por un lado, el terrorismo que asesina deliberadamente a inocentes para imponer miedo e ideología, y por otro las guerras o bombardeos que, aun cuando se justifican en nombre de la seguridad o la liberación de los pueblos, terminan provocando también enormes tragedias humanas.
Si la comunidad internacional quiere preservar algún principio ético común, debe reafirmar con claridad que la vida de los civiles no puede convertirse en moneda de cambio de disputas geopolíticas ni de fanatismos ideológicos. El verdadero desafío del mundo actual no es elegir entre violencias opuestas, sino construir un orden internacional donde el derecho humano a la paz -fundamental, inalienable y universal- sea el principio rector que garantice a las personas y a los pueblos vivir libres de guerra, miedo y miseria, resolviendo los conflictos por medios políticos y no mediante la destrucción. Mientras el mundo siga justificando la muerte de civiles en nombre de cualquier causa, la paz seguirá siendo una promesa incumplida de la humanidad.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G Safarov es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei).