Por WALDO CHAYLE, geólogo jujeño.
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Por WALDO CHAYLE, geólogo jujeño.
Representantes indígenas iniciaron gestiones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a partir del año 1919 para pedir el reconocimiento de su existencia, también el respeto y aplicación de esos derechos.
Después de un largo recorrido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1989 firma el llamado convenio 169. Este convenio ha sido aprobado por nuestro país, mediante Ley 24.071 del año 1992.
El documento expresa básicamente conservar sus "... propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas". Además, expresa "... establecer los medios para pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin".
Transcurrieron 30 años desde la aprobación de los Derechos de los indígenas en nuestro país, sin embargo no hubo muchos avances por parte de la comunidades indígenas, tampoco por parte del Gobierno.
Las comunidades indígenas no cumplieron con todos los articulados del Convenio 169 de la OIT, porque tendrían que haber trabajado para tener actualmente, entre otros objetivos, una estructura de gobierno indígena, que les permita ser independientes y autónomos, tal como expresan desde las comunidades. La estructura de gobierno debiera, al comienzo, tener un modelo mejorado similar al documento denominado "Kachi Yupi", aplicado a las cuencas Salinas Grandes y Guayatayoc. En estas cuencas existen 33 comunidades (8 son de la provincia de salta) que responden a la decisión de las mesas de trabajos con sus autoridades correspondientes.
Todas las problemáticas de las comunidades de la provincia debieran ser canalizadas a través de un gobierno del pueblo indígena para que coordine acciones con el gobierno de la provincia. Actualmente existen instituciones a través de las cuales pueden encauzar sus inquietudes, por ejemplo el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Coaj). Indudablemente no puede actuar institucionalmente porque el respaldo es dispar de las aproximadamente 400 comunidades.
En el Gobierno jujeño, existe la Secretaría de Pueblos Indígenas, y a nivel nacional el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) actualmente eliminado por el gobierno de Milei, tampoco pueden representar institucionalmente, porque esas dependencias no han sido creadas por las comunidades.
El problema actual, considerando el conjunto, es caótico porque cada comunidad, según sus intereses, se maneja con un estatuto y asamblea, por lo tanto, difícilmente pueden hacer un planteo unificado de todas las comunidades al Gobierno provincial.
El Gobierno puede consultar por ejemplo a cien comunidades, es una cantidad considerable, pero quedan trescientas afuera. Si el Gobierno quiere realizar una obra o como ocurrió con la modificación parcial de la Constitución provincial, se concretaron reuniones con muchas comunidades, sin embargo consideran que la modificación de la Constitución no es válida porque el resto de las comunidades no fueron consultadas.
Si hubiera un gobierno indígena se habría resuelto la situación porque estarían todas las comunidades representadas.
Los dirigentes que viven en sus regiones o fuera de ellas tampoco realizan trabajos con todas las comunidades para organizarse como una nación indígena. En algunas épocas, los planteos surgen con mucha fuerza, luego desaparecen.
En esta sintonía difícilmente logren avances políticos-sociales como pueblos indígenas, y será imposible trabajar coordinadamente con el Gobierno provincial. Finalmente, cada comunidad indígena continuará luchando, en soledad, otras veces algunas agrupándose y la historia continuará.
