Mañana el Senado de la Nación volverá a sesionar y podría ingresar la Ley que declara la Emergencia en Discapacidad, que vetó el Ejecutivo Nacional. En este contexto, en el que miles de trámites y pensiones por discapacidad fueron dados de baja, El Tribuno de Jujuy dialogó con el abogado especialista en la materia, Augusto de Diego, quien analizó en profundidad las implicancias de esta medida.
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Mañana el Senado de la Nación volverá a sesionar y podría ingresar la Ley que declara la Emergencia en Discapacidad, que vetó el Ejecutivo Nacional. En este contexto, en el que miles de trámites y pensiones por discapacidad fueron dados de baja, El Tribuno de Jujuy dialogó con el abogado especialista en la materia, Augusto de Diego, quien analizó en profundidad las implicancias de esta medida.
Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, por lo que el proyecto ahora pasa a la Cámara de Senadores.
La norma en cuestión, declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta fines de 2027. Según explicó De Diego, su objetivo principal es "detener la situación de emergencia" y "mejorar los valores establecidos en el Nomenclador Nacional de Discapacidad". En esencia, la ley tiene una implicancia económica directa: busca actualizar los aranceles que reciben los prestadores de salud para que puedan acompañar la inflación, lo que impactaría positivamente en las pensiones y la calidad de los servicios.
Pese al espíritu de la ley, el abogado advirtió sobre un obstáculo clave: la política de "déficit cero" del Poder Ejecutivo Nacional. "La política de déficit cero dispone un recorte fuerte en el gasto público. Actualmente no habría disponibilidad monetaria que no sea a través de la emisión, por lo que no existirían fondos públicos suficientes para sostener los aumentos previstos por la Ley de Emergencia en Discapacidad", reflexionó.
Este escenario genera gran incertidumbre, ya que la mejora arancelaria prevista en la ley, que se vincularía al Índice de Precios al Consumidor (IPC), podría ser incompatible con la decisión política de no aumentar el gasto.
La iniciativa, presentada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.
Pensiones
De Diego recordó que la Ley 24.901, conocida como la Ley de Prestaciones Básicas en Discapacidad, contempla dos vertientes de derechos: los prestacionales (de carácter médico y terapéutico) y los sociales, vinculados a la inclusión y asistencia integral. No obstante, remarcó que en el último tiempo "se ha observado no solo un recorte en algunas pensiones, sino también demoras o incluso negativas en el otorgamiento de nuevas solicitudes".
Frente a esta situación, el especialista recomendó a los damnificados a estar preparados para las auditorías: "No negarse a los controles, tener una historia clínica prolija y toda la documentación médica organizada y completa, de manera que se pueda sostener adecuadamente la auditoría". Además, señaló que en casos más complejos, existen vías legales posibles, como acciones cautelares o amparos, aunque siempre se debe evaluar cada situación de manera particular.