Días atrás la Justicia federal allanó la sede de la Comisión Municipal de la localidad puneña de Caspalá, con el objetivo de obtener información, por la denuncia de la presunta destrucción de los sitios arqueológicos como la cancha de fútbol de esa Comunidad.
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Días atrás la Justicia federal allanó la sede de la Comisión Municipal de la localidad puneña de Caspalá, con el objetivo de obtener información, por la denuncia de la presunta destrucción de los sitios arqueológicos como la cancha de fútbol de esa Comunidad.
El allanamiento fue concretado el viernes y estuvo a cargo del personal de la Gendarmería Nacional, luego de la denuncia en el expediente penal federal 9.787/2023, donde un grupo de funcionarios, encabezados por la titular de la comuna, Rosa Apaza, habría provocado destrozos en la localidad y fueron acusados por comuneras y comuneros de infringir la Ley de Patrimonio 25.743.
En el momento que los efectivos se disponían a cumplir la medida judicial, se vio demorado por Apaza, quien habría intentado obstruir el accionar judicial entorpeciendo el procedimiento, según el informe que los efectivos de la fuerza nacional elevaron al magistrado del fuero federal.
Por otra parte se supo que los miembros de la Comunidad de Caspalá manifestaron que la comisionada "se negaba a entregar las llaves para ingresar a la sede comunal".
El allanamiento y registro de la dependencia de la Comisión Municipal de Caspalá, se realizó a los efectos de proceder al secuestro de informes de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, informe de impacto arqueológico en territorio de Caspalá, instrumentos públicos ya sean ordenanzas, actas, decretos, habilitaciones, permisos realizados por el (ex) comisionado municipal Natividad Apaza y toda documentación relacionada a la habilitación municipal para la construcción de la escuela secundaria sobre el terreno perteneciente a la Cancha Ancestral de la comunidad de Caspalá.
Como así también se realizó el secuestro de planos, proyectos y presupuestos correspondientes a dicha obra realizada por la empresa constructora Urbania SRL, nómina de empleados que han sido afectados a dicha tarea y que se hayan desempeñado bajo la directiva de Juan Pablo Apaza Juez de Paz de Caspalá, así como libro actas y o registros públicos a los fines de la finca Pozuelos y de Santa Rosa.
