La reforma laboral no es una discusión jurídica. Es una radiografía moral del sistema político argentino. Cada vez que el tema aparece en la agenda pública, la escena se repite con exactitud casi mecánica: consignas encendidas, acusaciones cruzadas, sindicatos en alerta, empresarios expectantes, dirigentes calculando costos electorales. Pero detrás de ese teatro discursivo hay una verdad más profunda y más incómoda: la Argentina no sabe cómo actualizar su contrato social sin dinamitar su propia narrativa histórica.
El modelo laboral argentino nació en un contexto específico, bajo la impronta de Juan Domingo Perón, cuando el trabajo formal era la vía privilegiada de ascenso social y el Estado actuaba como árbitro y garante. Aquella arquitectura respondió a una economía industrial, concentrada y sindicalizada. Funcionó -con tensiones- mientras existió ese país. Pero ese país ya no existe.
Hoy convivimos con una economía fragmentada, digitalizada, precarizada y profundamente desigual. La mitad de la fuerza laboral se mueve en la informalidad. En provincias como Jujuy, el empleo público absorbe lo que el sector privado no puede generar. La litigiosidad desalienta la contratación. La presión fiscal ahoga la inversión. Y la política discute como si el calendario marcara 1950. Aquí comienza el problema filosófico.
Toda norma es hija de su tiempo. Cuando el tiempo cambia y la norma permanece intacta, no estamos ante un acto de fidelidad histórica sino ante un acto de negación. Sin embargo, los partidos políticos argentinos han convertido la legislación laboral en un símbolo intocable o en un enemigo a demoler, según el prisma ideológico desde el cual se la mire. El peronismo la defiende como si modificarla fuera una apostasía. La oposición liberal la cuestiona como si su sola existencia fuera la causa de todos los males económicos. Ambos reducen la complejidad a un eslogan. Ambos rehúyen el debate estructural. Lo verdaderamente alarmante no es la falta de reforma. Es la ausencia de pensamiento estratégico.
Reformar no es sinónimo de precarizar. Pero tampoco puede equivaler a petrificar un esquema que deja fuera del sistema a millones de trabajadores. La paradoja argentina es brutal: en nombre de la protección se ha consolidado una exclusión masiva. El trabajador formal conserva derechos; el informal carece de todos. Y el joven que intenta ingresar al mercado laboral encuentra puertas cerradas por el miedo, el costo y la incertidumbre.
La política debería preguntarse algo más profundo: ¿qué es hoy el trabajo? ¿Una relación subordinada clásica? ¿Un contrato flexible? ¿Una prestación autónoma? ¿Un híbrido digital? Las categorías del siglo XX no alcanzan para explicar el siglo XXI. Sin embargo, seguimos legislando con nostalgia.
El fracaso, entonces, no es normativo sino institucional. El sistema político argentino perdió su capacidad de producir consensos duraderos. Vive en campaña permanente. La polarización reemplazó al diálogo. Cada proyecto se convierte en una batalla simbólica donde lo importante no es la eficacia sino la victoria discursiva.
En Jujuy, donde la matriz productiva es limitada y el empleo estatal funciona como red de contención estructural, la discusión adquiere un matiz aún más delicado. No se trata solo de flexibilizar o endurecer reglas. Se trata de imaginar un modelo de desarrollo que permita generar empleo genuino sin convertir al trabajador en variable de ajuste ni al empresario en sospechoso permanente.
Pero para eso se necesita algo que hoy escasea: coraje político.
Coraje para decir que el mundo cambió. Coraje para admitir que el sistema actual no incluye a todos. Coraje para reconocer que la defensa retórica de derechos puede convertirse en una forma sofisticada de inmovilismo.
Una democracia madura revisa sus instituciones sin miedo. La Argentina, en cambio, parece atrapada en una épica congelada, donde cualquier revisión se interpreta como traición y cualquier propuesta alternativa se denuncia como amenaza. La reforma laboral, en este contexto, es apenas la superficie visible de una crisis mayor: la incapacidad del sistema político para reformarse a sí mismo. Porque antes de modificar artículos, habría que modificar prácticas. Antes de discutir indemnizaciones, habría que discutir representación. Antes de hablar de modernización, habría que recuperar credibilidad.
Tal vez el verdadero debate no sea cómo reformar el trabajo, sino cómo reconstruir la confianza en la política como herramienta de transformación.
Mientras eso no ocurra, la discusión seguirá atrapada en el péndulo ideológico. Y el trabajador -formal, informal, joven, autónomo- continuará siendo rehén de una disputa que habla en su nombre pero rara vez piensa en su futuro.
La reforma laboral no expone la fragilidad del empleo. Expone la fragilidad de la dirigencia.
Y esa es la discusión que, todavía, nadie quiere dar.
(*) Miguel Ángel Falcón Padilla, doctor en Filosofía.
