Luego de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre la atención de la sociedad está puesta en la denominada "modernización laboral".
Es fundamental que tanto trabajadores como empleadores comprendamos en qué consiste el proyecto, ya que hay muchas versiones en los medios de comunicación, pero no todo lo que leemos es real.
El pasado 12 de agosto de este 2025 ingresó un anteproyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación, que actualmente se encuentra con trámite parlamentario en la Comisión Legislación del Trabajo (es la primera etapa de análisis). Este proyecto propone la creación de un "Contrato Único de Trabajo" (CUT). Este sería optativo y coexistiría con la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) actual por un período de 5 años.
¿Cuál es su cambio central? Elimina la indemnización por despido. En su lugar, crea un "Fondo de Cese". Funciona así: el empleador aportaría mensualmente el 8% del salario bruto del trabajador a un fondo individual.
Lo más relevante para el trabajador es que ese fondo es suyo y se lo lleva siempre, sin importar la causa de finalización del vínculo: ya sea despido o renuncia. Es un sistema de capitalización, similar al que ya conocemos en el régimen de la construcción.
Este modelo se complementa con nuevas modalidades de contratación, como el "Contrato por proyecto" (hasta 12 meses) y el "Contrato temporal" (6 meses), que al finalizar su plazo no generan derecho a indemnización. Además, incluye una fuerte reforma sindical: propone eliminar la "personería gremial exclusiva" (permitiendo múltiples sindicatos por sector) y establece que los aportes sindicales sean estrictamente voluntarios.
Por otro lado, hay que analizar algunas de las propuestas que sólo se anunciaron desde el Gobierno nacional, ya que no se presentó aún el proyecto de ley, sino que sólo existe un anteproyecto que servirá para iniciar las negociaciones e instalar el tema con los legisladores luego de que asuman los titulares de las nuevas bancas.
Las ideas que circulan en el mencionado anteproyecto no pretenden modificar profundamente la Ley de Contrato de Trabajo para flexibilizar la relación diaria, reducir la litigiosidad e incentivar la registración de nuevas relaciones laborales.
En el día a día, propone dos cambios clave. Banco de horas: permite que los convenios colectivos habiliten un sistema donde las horas extra no se paguen con dinero, sino que se "acumulen" en un banco para que el trabajador se tome días libres más adelante.
Vacaciones: se podrían fraccionar en períodos de hasta una semana y otorgarse en cualquier momento del año.
Además, amplía la lista de "beneficios no salariales" que no se computarían para el aguinaldo o la indemnización, como el reintegro de gastos de guardería, la provisión de internet y celular, o el pago de gimnasios. Esto sería crucial en relación a las jubilaciones, ya que recordemos que los montos que luego se toman para calcular el haber de las jubilaciones son solo los remunerativos, es decir aquellos montos sobre los cuales se realiza el aporte previsional.
Pero el corazón de este anteproyecto es su ataque a la "industria del juicio". Propone tres herramientas muy fuertes:
Tope a los intereses: fija un límite estricto. La deuda en un juicio solo se actualizaría por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% de interés anual, eliminando las tasas actuales que exponencian las deudas.
Tope a los costos: los honorarios de abogados y peritos en un juicio no podrán superar el 25% del monto de la sentencia.
Pago en cuotas: Si una Pyme pierde un juicio, se le permitiría pagar la condena en hasta 12 cuotas mensuales.
Este proyecto también introduce dos nuevas reglas de control: un mecanismo para que el empleador verifique la validez de los certificados médicos y un plazo fatal de 30 días para que el trabajador impugne una sanción disciplinaria; si no lo hace, se considera "consentida".
Ambas propuestas buscan incentivar la contratación. Incluyen beneficios fiscales para las empresas que tomen nuevos empleados y un sistema de "empalme" para que los beneficiarios de planes sociales puedan ser contratados sin perder su plan de inmediato.
Estamos, en definitiva, ante una oportunidad para dar un debate social sobre las necesidades actuales tanto de los empleadores como de los trabajadores, quienes hoy representan un universo muy diverso, con necesidades y preferencias también muy diferentes. Habrá que reconocer que los trabajadores que sostienen a una familia necesitan más tiempo para atender a las necesidades de esa familia y tienen una dinámica diferente a las que tienen los trabajadores cuyo proyecto de vida es diferente. El debate parlamentario y la participación de la sociedad definirán cuál de estos caminos se tomará para la modernización laboral en Argentina. (Patricia Mariela Argañaraz, especialista en Derecho Previsional).