La Procuraduría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) auditará de manera integral el funcionamiento de las diferentes dependencias de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia, con el objetivo de identificar posibles investigaciones paralelas y sin autorización fiscal, ya que las mismas podrían comprometer la transparencia y legalidad de los procesos penales.
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La Procuraduría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) auditará de manera integral el funcionamiento de las diferentes dependencias de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia, con el objetivo de identificar posibles investigaciones paralelas y sin autorización fiscal, ya que las mismas podrían comprometer la transparencia y legalidad de los procesos penales.
Si bien el hecho gira en torno a un estricto hermetismo, este diario pudo saber que los jefes de las Brigadas de Investigaciones de la Policía de la provincia recibieron en las últimas horas una copia de una resolución emitida por la Procuraduría General del MPA, en la que se dispone una auditoría integral de su funcionamiento.
Las disposiciones tienen el fin de identificar posibles irregularidades, especialmente de investigaciones realizadas sin anuencia fiscal.
El mismo es para garantizar que las investigaciones penales sean conducidas exclusivamente bajo la dirección de los fiscales, en cumplimiento de los principios del sistema acusatorio.
Entre las medidas incluidas, los fiscales y ayudantes fiscales realizarán una verificación detallada de la composición del personal de las brigadas, incluyendo antecedentes laborales, funciones específicas y horarios de servicio.
El contenido de la resolución indica prestar una especial atención en las investigaciones activas y pendientes, con el objetivo de detectar acciones realizadas de manera unilateral por las brigadas, sin intervención fiscal.
En caso de detectar alguna, los fiscales estarían obligados a adoptar medidas inmediatas para subsanar irregularidades.
Asimismo, se concretará un control riguroso sobre la coordinación diaria entre fiscales y brigadas, con informes mensuales destinados a supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.
Por otra parte, todo el personal de las diferentes brigadas será sometido a evaluaciones psicológicas, orientadas a identificar factores que pudieran afectar su desempeño profesional.
La resolución también menciona la necesidad de capacitaciones en tecnologías, cadena de custodia y derechos de las víctimas, así como la incorporación de cláusulas éticas y de transparencia en los manuales de procedimiento.
Se implementará además la revisión de los recursos materiales, como vehículos y herramientas tecnológicas, para constatar su estado de mantenimiento, y de los protocolos de actuación vigentes para garantizar su adecuación al marco legal.
