La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU confirmó ayer la recepción de la queja anunciada ayer por los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que alegan "persecución política y judicial", lo que a su juicio se confirmó en marzo pasado cuando fue llevado por la fuerza a declarar en una comisaría.
El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, informó el jueves que presentaban la demanda, que fue encargada al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos.
Fuentes del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) explicaron que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de la misma y la enviarán a los miembros del Comité de Derechos Humanos para que la examinen.
Los miembros examinarán si puede ser registrada o no en función de varios criterios, como si se han agotado todos las opciones legales en el país del damnificado, entre otras. Si el Comité decide registrarla, se convierte en un caso pendiente.
El proceso, que es confidencial, podría durar hasta dos años, dado que el Comité tiene 500 casos pendientes.
Si la denuncia es admitida, los miembros analizan si hubo alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Brasil forma parte.
El Comité no es un órgano permanente, sino que se reúne de forma regular tres veces al año, en las que analiza de media 40 casos por sesión.
Los miembros deciden el orden y si avanzan un caso concreto, por ejemplo cuando una persona esté condenada a la pena de muerte o punto de ser expulsada de un país.
En algunas ocasiones, incluso, el Comité puede pedir al Estado que de forma interina suspenda una decisión hasta que el caso pueda ser examinado, para proteger de esta forma al supuesto damnificado.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, enfrenta acusaciones de corrupción y es investigado por los delitos de ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y blanqueo de dinero, cargos que ha negado una y otra vez.
El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, informó el jueves que presentaban la demanda, que fue encargada al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos.
Fuentes del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) explicaron que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de la misma y la enviarán a los miembros del Comité de Derechos Humanos para que la examinen.
Los miembros examinarán si puede ser registrada o no en función de varios criterios, como si se han agotado todos las opciones legales en el país del damnificado, entre otras. Si el Comité decide registrarla, se convierte en un caso pendiente.
El proceso, que es confidencial, podría durar hasta dos años, dado que el Comité tiene 500 casos pendientes.
Si la denuncia es admitida, los miembros analizan si hubo alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Brasil forma parte.
El Comité no es un órgano permanente, sino que se reúne de forma regular tres veces al año, en las que analiza de media 40 casos por sesión.
Los miembros deciden el orden y si avanzan un caso concreto, por ejemplo cuando una persona esté condenada a la pena de muerte o punto de ser expulsada de un país.
En algunas ocasiones, incluso, el Comité puede pedir al Estado que de forma interina suspenda una decisión hasta que el caso pueda ser examinado, para proteger de esta forma al supuesto damnificado.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, enfrenta acusaciones de corrupción y es investigado por los delitos de ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y blanqueo de dinero, cargos que ha negado una y otra vez.
Rousseff presentó alegatos finales
La defensa de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, presentó ayer los alegatos finales ante la comisión de juicio político del Senado, en los cuales sostiene que no hay delito contra la Constitución que pueda resultar en la destitución de la mandataria.
En un escrito de 500 páginas, el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, presentó los alegatos finales de su defensa en comisión al senador Antonio Anastasia, instructor del proceso y quien debe presentar un informe final a ser votado el 4 de agosto.
Cardozo dijo que Rousseff, suspendida del cargo el 12 de mayo, fecha en la cual asumió su vicepresidente rebelde, Michel Temer, junto con la antigua oposición, participó de la confección del informe.
El alegato incluyó la palabra del actual abogado del gobierno de Temer, Fabio Osorio, quien en 2015 calificó al juicio político como "un golpe revestido de institucionalidad" ya que no existía delito de responsabilidad en las acusaciones sobre alteraciones en la contabilidad del presupuesto 2015 que se le imputan a Rousseff.
"El documento es robusto y le llevará trabajo al senador Anastasia encontrar argumentos para derribarlo", comentó el abogado de Rousseff.
El proceso de juicio político, tras la aprobación en la comisión del informe acusatorio, algo que se da por descontado, deberá reiniciarse después del fin de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que terminan el 21 de agosto.
El 9 de agosto se espera que el pleno del Congreso apruebe iniciar el juicio político y convertir al Senado en un tribunal que será presidido por el titular de la corte suprema, Ricardo Lewandowski.
La oposición necesita de dos tercios (54 votos) para condenar a Rousseff, destituirla y de esa forma confirmar al vicepresidente Temer al frente del mandato que termina el 31 de diciembre de 2018.
Rousseff indicó en varias ocasiones que Temer es uno de los arquitectos del golpe de Estado, tal como califica el proceso en su contra para forzar su destitución.
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La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU confirmó ayer la recepción de la queja anunciada ayer por los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que alegan "persecución política y judicial", lo que a su juicio se confirmó en marzo pasado cuando fue llevado por la fuerza a declarar en una comisaría.
El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, informó el jueves que presentaban la demanda, que fue encargada al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos.
Fuentes del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) explicaron que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de la misma y la enviarán a los miembros del Comité de Derechos Humanos para que la examinen.
Los miembros examinarán si puede ser registrada o no en función de varios criterios, como si se han agotado todos las opciones legales en el país del damnificado, entre otras. Si el Comité decide registrarla, se convierte en un caso pendiente.
El proceso, que es confidencial, podría durar hasta dos años, dado que el Comité tiene 500 casos pendientes.
Si la denuncia es admitida, los miembros analizan si hubo alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Brasil forma parte.
El Comité no es un órgano permanente, sino que se reúne de forma regular tres veces al año, en las que analiza de media 40 casos por sesión.
Los miembros deciden el orden y si avanzan un caso concreto, por ejemplo cuando una persona esté condenada a la pena de muerte o punto de ser expulsada de un país.
En algunas ocasiones, incluso, el Comité puede pedir al Estado que de forma interina suspenda una decisión hasta que el caso pueda ser examinado, para proteger de esta forma al supuesto damnificado.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, enfrenta acusaciones de corrupción y es investigado por los delitos de ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y blanqueo de dinero, cargos que ha negado una y otra vez.
El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, informó el jueves que presentaban la demanda, que fue encargada al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos.
Fuentes del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) explicaron que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de la misma y la enviarán a los miembros del Comité de Derechos Humanos para que la examinen.
Los miembros examinarán si puede ser registrada o no en función de varios criterios, como si se han agotado todos las opciones legales en el país del damnificado, entre otras. Si el Comité decide registrarla, se convierte en un caso pendiente.
El proceso, que es confidencial, podría durar hasta dos años, dado que el Comité tiene 500 casos pendientes.
Si la denuncia es admitida, los miembros analizan si hubo alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Brasil forma parte.
El Comité no es un órgano permanente, sino que se reúne de forma regular tres veces al año, en las que analiza de media 40 casos por sesión.
Los miembros deciden el orden y si avanzan un caso concreto, por ejemplo cuando una persona esté condenada a la pena de muerte o punto de ser expulsada de un país.
En algunas ocasiones, incluso, el Comité puede pedir al Estado que de forma interina suspenda una decisión hasta que el caso pueda ser examinado, para proteger de esta forma al supuesto damnificado.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, enfrenta acusaciones de corrupción y es investigado por los delitos de ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y blanqueo de dinero, cargos que ha negado una y otra vez.
Rousseff presentó alegatos finales
La defensa de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, presentó ayer los alegatos finales ante la comisión de juicio político del Senado, en los cuales sostiene que no hay delito contra la Constitución que pueda resultar en la destitución de la mandataria.
En un escrito de 500 páginas, el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, presentó los alegatos finales de su defensa en comisión al senador Antonio Anastasia, instructor del proceso y quien debe presentar un informe final a ser votado el 4 de agosto.
Cardozo dijo que Rousseff, suspendida del cargo el 12 de mayo, fecha en la cual asumió su vicepresidente rebelde, Michel Temer, junto con la antigua oposición, participó de la confección del informe.
El alegato incluyó la palabra del actual abogado del gobierno de Temer, Fabio Osorio, quien en 2015 calificó al juicio político como "un golpe revestido de institucionalidad" ya que no existía delito de responsabilidad en las acusaciones sobre alteraciones en la contabilidad del presupuesto 2015 que se le imputan a Rousseff.
"El documento es robusto y le llevará trabajo al senador Anastasia encontrar argumentos para derribarlo", comentó el abogado de Rousseff.
El proceso de juicio político, tras la aprobación en la comisión del informe acusatorio, algo que se da por descontado, deberá reiniciarse después del fin de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que terminan el 21 de agosto.
El 9 de agosto se espera que el pleno del Congreso apruebe iniciar el juicio político y convertir al Senado en un tribunal que será presidido por el titular de la corte suprema, Ricardo Lewandowski.
La oposición necesita de dos tercios (54 votos) para condenar a Rousseff, destituirla y de esa forma confirmar al vicepresidente Temer al frente del mandato que termina el 31 de diciembre de 2018.
Rousseff indicó en varias ocasiones que Temer es uno de los arquitectos del golpe de Estado, tal como califica el proceso en su contra para forzar su destitución.
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