El fiscal federal Diego Iglesias pidió ayer desestimar una denuncia
contra la procuradora general de la Nación,
Alejandra Gils Carbó, quien fue acusada por los nombramientos de fiscales subrogantes, al evaluar que sus acciones están dentro de las facultades establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En su dictamen ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal solicitó dejar de lado la presentación por supuesto "abuso de autoridad" y otros delitos realizada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, a quien luego se sumaron otras acusaciones en el mismo sentido.
Según Iglesias, la denuncia carecía de argumentación y pruebas y solo se trató "de meras conjeturas que si bien podrían servir como material para alguna publicación periodística, de ningún modo tienen entidad, por sí solas, para dar inicio a una investigación penal".
La denuncia presentada por Dupuy de Lome, a la que luego se le sumaron las de Ricardo Mussa y Juan Magioncalda, se basaba en el nombramiento de fiscales subrogantes en los cargos creados por la ley 27063, y que, según los demandantes, se efectuaron "violando todas las normativas jurídicas".
El fiscal federal Diego Iglesias pidió ayer desestimar una denuncia
contra la procuradora general de la Nación,
Alejandra Gils Carbó, quien fue acusada por los nombramientos de fiscales subrogantes, al evaluar que sus acciones están dentro de las facultades establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En su dictamen ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal solicitó dejar de lado la presentación por supuesto "abuso de autoridad" y otros delitos realizada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, a quien luego se sumaron otras acusaciones en el mismo sentido.
Según Iglesias, la denuncia carecía de argumentación y pruebas y solo se trató "de meras conjeturas que si bien podrían servir como material para alguna publicación periodística, de ningún modo tienen entidad, por sí solas, para dar inicio a una investigación penal".
La denuncia presentada por Dupuy de Lome, a la que luego se le sumaron las de Ricardo Mussa y Juan Magioncalda, se basaba en el nombramiento de fiscales subrogantes en los cargos creados por la ley 27063, y que, según los demandantes, se efectuaron "violando todas las normativas jurídicas".