Un reciente informe del Observatorio "Ahora que sí nos ven" vuelve a poner en agenda una problemática persistente en el país, la violencia de género y la falta de respuestas eficaces del sistema judicial. Sin embargo, al observar, en Jujuy las cifras adquieren un sentido aún más urgente.
Según el relevamiento nacional, en los tres primeros meses del año se registraron 66 muertes por violencia de género: 57 femicidios, 6 femicidios vinculados, 2 casos de instigación al suicidio y 1 travesticidio/transfemicidio. Este escenario no es ajeno a la provincia, donde hace menos de diez días se conoció un intento de femicidio en la localidad de Perico, un hecho que volvió a encender las alarmas.
Pero el dato más crudo aparece al analizar qué ocurre después de la violencia. Un relevamiento del Observatorio Popular Feminista Ñawi muestra que, por cada 100 mujeres que atraviesan situaciones de violencia, solo 15 logran denunciar. De esas denuncias, apenas 3 avanzan en el sistema judicial y solo 1 llega a una condena efectiva.
La distancia entre denunciar y obtener justicia evidencia una falla estructural que impacta directamente en la vida de las víctimas. Ambos informes coinciden en que estos números no solo reflejan ineficacia institucional, sino también el miedo, la desconfianza y las múltiples barreras que enfrentan las mujeres al momento de acudir a la justicia. La revictimización, la falta de acompañamiento y la ausencia de medidas de protección son factores que muchas veces desalientan la continuidad de los procesos.
En paralelo, los datos desmienten uno de los argumentos más instalados en el debate público: las falsas denuncias representan apenas el 1% del total. Desde los espacios feministas advierten que poner el foco en este punto no fortalece el sistema judicial, sino que funciona como una forma de disciplinamiento que desalienta la denuncia y profundiza el silencio.
En este contexto, Jujuy y el país, expone con claridad una deuda pendiente, garantizar que denunciar no sea solo un acto de valentía, sino una herramienta real de protección. Porque cuando el sistema no responde, la violencia no solo persiste, sino que se agrava.
La discusión, entonces, no debería centrarse en cuestionar a quienes denuncian, sino en fortalecer políticas públicas y mecanismos judiciales que aseguren respuestas rápidas, eficaces y con perspectiva de género. Mientras esa brecha continúe, para muchas mujeres el silencio dejará de ser una opción y seguirá siendo una imposición.