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La Quiaca: denunciaron que violaron medida cautelar

Hay registros fílmicos de que integrantes de una comunidad alambró el predio en disputa. Los denunciantes manifestaron que la mayoría de los involucrados son extranjeros.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00
DENUNCIANTES | PABLO GUERRERO Y ALEJANDRO RODRÍGUEZ.

Un conflicto judicial por tierras en la ciudad fronteriza de La Quiaca, generó nuevas denuncias por amenazas y la intervención policial.

El hecho se registró el pasado fin de semana, luego de que integrantes de la comunidad Ojo de Agua violara una medida cautelar de no innovar, ingresó al predio en disputa y alambraron una parte de las tierras, encerrando a una mujer que vive desde un tiempo en el lugar y llamativamente personal policial no intervino en el conflicto, donde se denunciaron amenazas.

Se trata de un predio ubicado en el lugar conocido como "El Chorro", ubicado al oeste de la ciudad fronteriza de La Quiaca, donde la comunidad de Ojo de Agua reclama esas tierras, que según el expediente judicial que investiga la causa, son de propiedad de Alejandro Rodríguez, quien le vendió una parte del predio a Pablo Guerrero.

"En el año 2010, un grupo de personas bajo en nombre de la comunidad aborigen Ojo de Agua tomó mis tierras, plantaron una bandera y hasta el día de hoy utilizan el predio para hacer pasos no habilitados que une Argentina con Bolivia, haciendo del contrabando la principal forma de generar dinero, pero como no hay control, uno no sabe qué tipo de contrabando pasa por el predio", dijo Rodríguez.

"Además hay dos cosas que llaman poderosamente la atención de lo que hoy está pasando en La Quiaca, una es la inacción policial, que hasta roza la complicidad con estas personas y el otro hecho inédito es que estas personas que se identificaron como comunidad recién desde 2010, la mayoría de sus integrantes son de Bolivia, pero además hay venezolanos y colombianos, que ya se instalaron en el lugar, identificándose como originarios. Porque esta gente no solo lucra con el contrabando, sino que además empezó a vender tierras, que repito, están en conflicto judicial con una medida cautelar", dijo.

Desde el inicio del conflicto judicial, tanto Rodríguez como Guerrero realizaron más de una veintena de denuncias penales, acusando a los integrantes de la comunidad de amenazas de muerte, agresiones, robo, ataques en poblado y en banda. "Desde un primer momento, los policías de la Seccional 17º nos hicieron saber que no nos van a tomar ninguna denuncia y mucho menos estas van a prosperar, pero ellos que deben impartir justicia han pasado un límite y es muy grave. El pasado fin de semana, los integrantes de esta comunidad empezaron a alambrar una parte del predio, porque el próximo 26 de enero vienen los agrimensores que solicitaron desde la Justicia, pese a que la jueza Liz Marcela Valdecantos, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial haya ordenado medida cautelar de no innovar, es decir que esta comunidad violó una orden judicial y ni el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, ni los policías no intervinieron, para que se cumpla esta medida", dijo Rodríguez.

"Mi madre vive en ese lugar desde más de treinta años, tiene una huertita y vive de eso. Desde que esta gente que se hace llamar comunidad se instaló y se inició el conflicto, cobardemente la atacaron entre varias personas, por poco pierde un ojo y estuvo varios meses internada", dijo Pablo Guerrero.

"Pero además de lo expuesto por el señor Rodríguez, hay algo que me tiene preocupado y es que todas estas personas me tienen identificado a mí y a mi familia, pero cada vez que se les ocurre atacarnos con piedra o amenazarnos de muerte, la policía dice que no los puede identificar y en las denuncias figuran como "personas a establecer" , a mí particularmente no me queda otra que dudar si estos policías son cómplices de estas personas o no. Incluso hay un policía que pertenece al Cuerpo de Infantería de la UR 5 que es familiar de una de estas personas que se dicen comuneros, usurpó mi tierra y lo denuncié porque intentó agredirme. Denuncia que nunca prosperó", dijo Guerrero.

"Cuando inició el conflicto judicial, había 15 familias en disputa por las tierras, pero ahora hay más de 130 familias en el lugar, muchos de ellos extranjeros, que compraron el terreno a los comuneros, violando toda medida judicial vigente, ante la mirada del fiscal y de los policías", dijo el hombre.

 

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