El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a un hombre y una mujer a 10 y 8 años de prisión, respectivamente, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y bajo el supuesto de reducción a la servidumbre. Las víctimas fueron cuatro personas, entre ellas un menor de edad, que realizaban tareas rurales en una finca de la localidad de Palma Sola.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, y el auxiliar fiscal Federico Casas.
La sentencia fue dictada el 9 de septiembre pasado por el tribunal, conformado de manera unipersonal por el juez Diego Mautecci, y recayó sobre Alberto Vega Galarza y su esposa, Lidia Claros. Ambos fueron considerados responsables del delito de trata de personas con fines de explotación, bajo el supuesto de reducción a la servidumbre, agravado por haber mediado abuso de una situación de vulnerabilidad, por haber logrado la consumación de la explotación, por ser notoria la discapacidad de las víctimas y por la cantidad de víctimas.
Además, a Vega Galarza se le sumó el agravante de haber desplegado su conducta en contra de una víctima menor de 18 años. Ambos, también fueron condenados a cumplir con la reparación económica de las víctimas.
Sobre el caso
La investigación se inició el 21 de marzo de 2024, a raíz de una denuncia radicada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) por la directora del hospital de la localidad jujeña de Palma Sola, quien reveló una serie de lesiones producto de maltrato de un paciente que había llegado al centro médico por una herida en una de sus manos.
Indicó que la víctima presentaba la cara ensangrentada, a la altura de los labios, y cicatrices en varias partes del cuerpo. De la entrevista con el paciente, se precisó que cargaba una mochila de 25 kilos gran parte del día, pues hacía tareas de desinfección en una plantación de limones, pero no tenía el calzado apropiado. Además, sostuvo que, por lo observado, el trabajador evidenciaba padecer "algún tipo de discapacidad o retraso madurativo, ya que se dificultaba comunicarse".
Remitida la denuncia, la fiscalía llevó adelante una intensa labor investigativa, la que incluyó, entre otras diligencias, una inspección en la finca Vega Galarza, en Palma Sola, propiedad de los acusados; un allanamiento en la casa familiar, en la localidad de Monterrico; el secuestro de numerosos teléfonos que fueron enviados a peritajes, documentación contable e informes de operaciones financieras; e innumerables declaraciones de testigos.
A requerimiento del MPF, se identificó en el lugar y se puso a resguardo a todas las víctimas, operativo en la que también intervinieron agentes de otros órganos de contralor nacional y provincial, como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores y el Ministerio de Trabajo de Jujuy.
La fiscalía pudo determinar que el hombre que se desempeñaba en la finca y había arribado al hospital, llevaba 18 años bajo las órdenes de Vega Galarza, quien, en un inicio, lo alojó en una precaria casilla del establecimiento rural, aunque luego lo llevó a vivir a su casa, en el barrio San Francisco de Monterrico.
Allí, según lo acreditado por le fiscalía, fue recluido a una pieza ubicada en el fondo del inmueble, sin ventanas y con un baño tipo letrina, entre otras falencias. De la revisión médica de esta víctima, se advirtió un cuadro evidente de discapacidad neurológica, con problemas para hablar y escuchar. Tampoco poseía documento de identidad, aunque luego se comprobó que un familiar del acusado estaba a cargo de su tramitación.
A su vez, se descubrió que se había abierto a su nombre una cuenta en una plataforma financiera, la que era utilizada por su empleador, quien realizaba allí operaciones por sumas millonarias. Sobre cómo llegó a trabajar para el finquero, se pudo conocer que el acusado lo conoció en la vía pública, en la localidad de Yuto, oportunidad en la que le ofreció empleo.
De las actuaciones, también se estableció la existencia de otras tres víctimas, una de ellas, un joven que era un adolescente de 16 años cuando, hace tres años, fue captado y sometido a un trato de explotación laboral tanto en la finca como en la casa particular de la pareja. Esta víctima también presentó signos de padecer una discapacidad mental.
Las otras dos, en tanto, son una pareja que realizaba tareas laborales en un puesto de verduras en el paraje Tres Cruces, en el empalme de las rutas 43 y 34, de la localidad de Monterrico. Dicho comercio era dirigido por Claros.
La vulnerabilidad de las víctimas
Durante el periodo investigativo, los pesquisas acreditaron que el trabajador con mayor antigüedad ni siquiera estaba registrado por su empleador. No percibía salario alguno y tampoco contaba con el equipamiento de protección necesario para las tareas de fumigación y manipulación de agroquímicos que le eran asignadas.
La situación de este hombre fue considerada la más crítica, debido al delicado estado de salud que presentaba. En una visita domiciliaria se constató que sufría de sangrado bucal, tenía múltiples cicatrices en manos y brazos, y carecía de condiciones mínimas de higiene e indumentaria.
Mientras que en el caso del joven captado cuando aún era menor de edad y que luego se incorporó a las labores en la finca, si bien recibía una remuneración de alrededor de 10.000 pesos mensuales, tampoco contaba con las condiciones elementales para el desarrollo de sus tareas. Por su parte, la pareja que desde hacía tres años era explotada en un puesto de verduras bajo las órdenes de Claros, trabajaba sin registro laboral, sin elementos básicos para la carga y descarga de cajones, y sin días de descanso.
A cambio, percibían entre 2.500 y 3.000 pesos semanales. Con base en este cúmulo de pruebas, el tribunal tuvo especialmente en cuenta la gravedad de los delitos y el perjuicio ocasionado a las víctimas al momento de imponer la condena a los acusados.