Se elevó a juicio la causa que investiga a los siete agentes policiales acusados de "Incumplimiento de los deberes de funcionario público", en las primeras horas de la desaparición de Iara Sabrina Rueda el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá. La joven de 16 años que luego fue encontrada sin vida en el límite de los barrios palpaleños de San José y 2 de Abril. Al cumplirse el quinto aniversario del hecho su madre, Mónica Cunchila, dialogó con El Tribuno de Jujuy acerca de la investigación del accionar de los uniformados.
Cabe recordar, que por el asesinato de Iara, se condenó a la pena de prisión perpetua a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, y a 15 años de cárcel a Tomás Fernández, quien al momento del crimen era menor de 18.
"Salió de la Suprema Corte de Justicia la resolución para que se los eleve a los siete funcionarios a juicio. Ahora estamos esperando, el expediente ya llegó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), del MPA ya fue trasladado para la otra oficina, donde ahí va a ser el sorteo de jueces y que nos den la fecha del juicio contra esos siete funcionarios policiales que no buscaron a Iara", afirmó Cunchila, quien en estos cinco años desarrolló una lucha no solo en los Tribunales jujeños, sino también en la vía pública. Un caso que tuvo una gran repercusión, no solo en la provincia.
La causa está caratulada de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", al momento de buscar a Iara Rueda cuando se realizó la denuncia por desaparición el 23 de septiembre de 2020. Además, en octubre de 2024 el Tribunal de Revisión integrado por los jueces María Gracia Cardone (presidente), Vicente Apaza y Lucas Grenni sobreseyó a un agente, por lo que son siete los uniformados que van a llegar a la instancia de juicio.
Los efectivos están imputados de un delito especificado en el artículo 250 del Código Penal de la Nación, que establece una pena de "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente".
Demora en la búsqueda
En el marco de la convocatoria de las "Madres y padres del dolor", ayer por la mañana en la plaza Belgrano de la capital jujeña, estuvo la entrevistada, quien de manera incansable ha luchado por lograr que se haga justicia por el crimen de su hija y ahora continúa con el eslabón policial.
"Si ellos (los agentes policiales) hubiesen hecho su tarea, porque si ellos hubiesen estado como dice el protocolo de búsqueda 051, con todos los recursos, quizás mi hija hoy hubiese estado a mi lado, se hubiese recibido y quizás hubiese sido tía y quizás hubiese sido mamá. Pero no va a estar más. Le pido a la Justicia que por favor no haga sufrir más a la familia. Esto no es vida para nadie, para ninguno de los familiares", expresó visiblemente conmovida Cunchila en una fecha tan especial para ella y sus seres queridos.
El aspecto central en la acusación que recae en los siete policías, es cómo actuaron de acuerdo al protocolo de búsqueda de personas, durante las primeras horas de desaparición de Iara. "Nunca hubo la cantidad de efectivos policiales que dice en el protocolo de búsqueda de personas, que ya estaba firmado y aprobado y que tenían que saberlo todos los efectivos policiales y los comisarios", afirmó de manera contundente la mujer en un tramo de la entrevista con este diario. Se refirió a la Resolución 051/2017 del Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy.
Aprobado el 8 de mayo de 2017, sienta las bases del "Protocolo general para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas". Es decir, al momento de la desaparición de Iara, el texto llevaba poco más de tres años de existencia.
Asimismo, el artículo 1° especifica que el protocolo "deberá ser implementado de manera inmediata en todas las Dependencias Policiales de la provincia de Jujuy, como así también en el Centro de Monitoreo 911 de la Provincia". En consecuencia, no había razón alguna para que los funcionarios policiales abocados a las tareas de búsqueda de la joven en septiembre de 2020 desconocieran la manera de proceder ante la urgencia suscitada.
Otro aspecto a resaltar para aprovechar al máximo el tiempo cronológico para los rastrillajes, es lo establecido con respecto a las denuncias. "No existe un tiempo mínimo para la toma de denuncias, no hay norma que exija el transcurso de determinado tiempo para empezar a trabajar en la búsqueda. El funcionario policial está obligado a recibir por escrito la denuncia de la desaparición", reza en otro fragmento de la citada resolución del Ministerio de Seguridad provincial.
Obstáculos en la búsqueda y la “Ley Iara”
Lo mencionado con respecto al “protocolo general para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas” contrastó con lo que ocurrió en la realidad. “Me mezquinaron los recursos de la provincia porque ahí dice que una menor de 18 años es riesgo de vida o muerte.
Esperamos seis días para que me den todos los recursos, que es canes, drones, Ceop (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales), Infantería, y el resultado fue ese, encontrar a mi hija en estado de putrefacción en un descampado donde habían pasado los vecinos, porque la Policía nunca pasó. La Policía siempre estuvo al margen, en las orillas de las calles y de los barrios, no entraban”, recordó Cunchila sobre las horas más tristes de su vida. La Ley provincial N° 6.186, de “Declaración de Emergencia Pública en Materia de Violencia de Género”, fue promulgada en abril de 2021.
También conocida como “Ley Iara”, es fruto del caso que conmocionó a la sociedad jujeña. La normativa estableció que se lleven adelante diferentes políticas públicas de contención para mujeres en estado de vulnerabilidad económica que padecen la violencia de género, además de la creación del Programa de Políticas Públicas de Género y Diversidad en el ámbito del Ministerio de Salud.