Desde el inicio de su gestión el Gobierno nacional mantiene una relación conflictiva con las Universidades Nacionales. Por un lado, elaboró un relato que intentó desvalorizar el papel de las universidades sosteniendo una supuesta falta de supervisión del uso de los fondos asignados por el Congreso a través del presupuesto, y además tildó de corporativa y con intenciones políticas la defensa de la autonomía.
Ya quedó aclarado que todas las universidades informan anualmente la tarea de sus auditorías internas y, por otra parte, son verificadas por la Auditoria General de la Nación como organismo externo, que también publica sus conclusiones para cada casa de altos estudios. Ahora bien, todos estos ataques tienen un objetivo que es evitar la discusión sobre el desfinanciamiento al cual son sometidas estas instituciones.
En efecto, el presupuesto 2026 establece una asignación de recursos de menos de 5 billones de pesos lo cual, a valores constantes, es menor en un 46% a lo previsto en 2023. Aquel presupuesto debería alcanzar hoy los 9 billones de pesos para solamente mantener los valores.
De acuerdo al trabajo realizado por el Centro de Economía Política Argentina -Cepa-, para el caso de los salarios de los docentes y personal, en el corriente año se han previsto 4,7 billones cuando si proyectamos mantener lo que se otorgaba en 2023 deberían ser 7,6 billones.
Para el caso de los fondos necesarios para el funcionamiento la diferencia se observa entre los 690 mil millones otorgados y el 1,4 billones necesarios.
En toda esta disputa ocurrió una situación particular y se refiere a la conocida como Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. En efecto esta norma fue aprobada por el Congreso y girada al Poder Ejecutivo que decidió vetarla.
En uso de sus atribuciones constitucionales tanto el Senado como la Cámara de Diputados insistieron con su aprobación superando los dos tercios necesarios lo cual revela un consenso realmente significativo.
Ante esto el Poder Ejecutivo no tuvo otro remedio que promulgar la ley, pero aclarando que estaba en suspenso porque peligraba lo que el Gobierno denomina equilibrio fiscal. Finalmente, la Justicia ha ordenado la aplicación de la norma tal como fue insistida por el Poder Legislativo.
Ya hemos aclarado en esta columna y está bien difundido que el superávit o equilibrio fiscal es simplemente un "dibujo" de los números ocultando los enormes montos de intereses que surgen todos los meses por la deuda en pesos que toma el Ministerio de Economía con la banca, sumados a los fondos que no se envían a las provincias y tarde o temprano deberán pagarse. Cuando se incluyen estos recursos el déficit es evidente.
La ley aprobada establece una actualización, por inflación, de los gastos de funcionamiento desde mayo de 2024 y los mismo se indica para los salarios, lo cual implica un aumento de casi el 50% para recuperar valores de 2023, que tampoco cumplían con los reclamos gremiales. Además, obliga a convocar periódicamente a la paritaria para discutir ingresos.
Ahora, acorralado por la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento, el Gobierno intenta promover una norma que la reemplace. En la nueva propuesta el aumento salarial sería del 12% en cómodas cuotas a lo largo del presente año. Observando la dinámica de la inflación de 2026, en pocos meses ese aumento quedaría licuado.
El conflicto está planteado y repercute negativamente en el normal desempeño del período lectivo universitario. Mientras tanto las universidades siguen siendo una de las instituciones que generan mayor confiabilidad entre los argentinos, como toda la educación pública, y esperan el cumplimiento de la ley. (Licenciado Rodolfo Tecchi).
