La relación entre Estados Unidos y Venezuela volvió a colocarse en el borde del abismo. En su segundo mandato, está más que claro que Donald Trump decidió recentrar la política exterior sobre Caracas y tensar al máximo el conflicto con Nicolás Maduro: ultimátum público, una flota desplegada en el Caribe, ataques letales contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y, más recientemente, la declaración unilateral de que el espacio aéreo venezolano está "cerrado en su totalidad". No se trata de un diferendo diplomático clásico, sino de una confrontación abierta en la que la palabra "cambio de régimen" vuelve a sobrevolar América Latina.
Hace unos días se conocieron "detalles" de una conversación telefónica "respetuosa y cordial" entre Trump y Maduro, en la que el mandatario venezolano habría tanteado una salida negociada: dejar el poder a cambio de amnistía para él y su círculo más cercano, levantamiento de sanciones y garantías de no ser perseguido internacionalmente. Trump, según trascendió, rechazó la mayor parte de esas condiciones y le dio un nuevo ultimátum para abandonar Venezuela, que Maduro desoyó. Desde entonces, la Casa Blanca escaló la presión: más sanciones, amenaza de ataques terrestres "muy pronto" contra presuntos carteles y un discurso que amalgama narcotráfico, terrorismo y permanencia del chavismo en el poder.
Sin embargo, detrás del ruido de los misiles y las declaraciones estridentes hay una realidad que condiciona cualquier intento serio de cambio de régimen por la fuerza: el chavismo aún conserva un núcleo duro de poder articulado entre la cúpula del Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela), los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y los servicios de inteligencia. La narrativa del "Cartel de los Soles" y la amenaza de persecución judicial internacional sobre militares y dirigentes no ha debilitado al régimen; al contrario, ha reforzado la idea de que perder el poder equivale a perder la libertad o incluso la vida, lo que incentiva la cohesión defensiva del círculo gobernante. En este contexto, conviene distinguir las opciones reales de cambio de régimen de las fantasías de intervención quirúrgica que algunos halcones de Washington venden a la opinión pública. La primera opción, la más visible, es la vía militar: ataques puntuales contra "blancos de alto valor", operaciones especiales, o incluso una intervención más amplia bajo el paraguas de la "guerra contra las drogas". Ya hemos visto adelantos en los ataques contra lanchas en el Caribe (el último dejó once muertos) y ello abrió incluso un debate jurídico sobre posibles crímenes de guerra, al haberse atacado también a náufragos que ya no representaban amenaza. Una escalada de este tipo podría desestabilizar a la región, generar un cierre de filas del chavismo, ofrecer a Maduro la excusa perfecta para declararse víctima de una agresión imperial y, lo más probable, hundir a Venezuela en una espiral de violencia sin garantizar una transición democrática.
La segunda opción es la presión económica extrema. Trump ya avanzó en esa dirección con sanciones petroleras y la muy polémica orden ejecutiva que impone un arancel del 25 % a todos los países que compren petróleo venezolano, buscando aislar completamente al crudo de Psvsa (Petróleos de Venezuela SA) del mercado global. A esto se suma la batería de sanciones financieras y diplomáticas acumuladas desde hace años. El problema es conocido: estas medidas golpean más a la población que a las élites del régimen, alimentan la economía informal, la migración masiva y el colapso de los servicios públicos, sin que eso se traduzca automáticamente en una fractura del aparato de poder. Venezuela, además, ha aprendido a sobrevivir vendiendo petróleo y oro con descuento a aliados como Rusia, China e Irán, lo que reduce el margen de control de Washington.
La tercera vía, menos espectacular pero potencialmente más efectiva, es la transición negociada, que es justamente la que en privado tantean todas las partes mientras en público intercambian amenazas. Algunos analistas señalan que la llamada Trump-Maduro abre un espacio para explorar una salida escalonada: garantías personales para el núcleo del régimen, elecciones supervisadas internacionalmente, cronograma claro de desmilitarización de la política y acuerdos de gobernabilidad mínima para evitar un vacío de poder. El gran obstáculo aquí es político: cualquier concesión a Maduro puede ser leída por la oposición más dura -y por sectores de la diáspora- como una claudicación moral frente a un gobierno acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La historia reciente debería servir de advertencia. Investigaciones académicas y balances críticos de la propia política exterior estadounidense muestran que los cambios de régimen impulsados desde Washington -desde Irán en 1953 (operación Ajax), hasta la invasión de Irak en 2003, pasando por Centroamérica en los años '80- han terminado con frecuencia en guerras civiles, Estados fallidos o democracias de baja calidad, con altos niveles de violencia y corrupción.
Pensar que Venezuela podría ser la excepción es, como mínimo, arriesgado. La combinación de fuerzas armadas politizadas, grupos armados irregulares, economía ilícita y la injerencia de potencias externas convierte al país en un polvorín donde cualquier chispa puede "abrir la caja de Pandora", como advierten varios analistas.
Hay, sin embargo, una cuarta variable que rara vez se incorpora al debate y que desde el Cono Sur deberíamos subrayar: la dimensión regional. Un conflicto abierto entre Estados Unidos y Venezuela tendría impacto directo sobre Colombia, Brasil, el Caribe y, por extensión, sobre toda Sudamérica. Aumentarían los flujos migratorios, se tensionarían las fronteras, se reconfiguraría el mapa energético y se abriría aún más la puerta para la presencia de Rusia y China como protectores del régimen chavista. El precio del petróleo podría volverse volátil y las rutas de narcotráfico, más violentas. Desde esta perspectiva, un "cambio de régimen" por la fuerza no es sólo un problema venezolano, sino un problema sudamericano.
¿Qué queda entonces como horizonte razonable? En lugar de apostar a un jaque mate militar que nadie puede controlar, quizás la única opción responsable sea un jaque prolongado, que combine presión internacional inteligente, aislamiento selectivo de las figuras más comprometidas con la represión, incentivos claros para la defección de sectores medios del aparato chavista y, sobre todo, una oferta creíble de transición democrática que no sea sinónimo de vendetta. Eso implica discutir seriamente amnistías condicionadas, justicia transicional, salvaguardas para la burocracia estatal y garantías para que la Fanb no quede completamente destruida o humillada.
Trump, atrapado entre su narrativa de dureza y el miedo a una guerra impopular, oscila entre la amenaza y el cálculo electoral. Maduro, sostenido por una alianza de conveniencia entre partido, militares y aliados externos, juega a resistir y negociar al mismo tiempo. Entre ambos extremos, el pueblo venezolano sigue pagando el costo de la parálisis. Desde nuestra región, la pregunta no es sólo qué régimen queremos en Caracas, sino cómo se llega a él: si a través de una nueva aventura bélica que reavive fantasmas del siglo XX, o mediante una transición trabajosa, imperfecta, pero centrada en reconstruir instituciones en lugar de arrasarlas.
Hay un dato geopolítico que pocas veces aparece en el análisis cotidiano, pero que explica por qué Venezuela se volvió el muro de contención del bloque autoritario latinoamericano. Si Maduro cae, el siguiente efecto dominó no es difícil de anticipar: Cuba y Nicaragua quedan completamente expuestas. Durante los últimos veinte años, Venezuela no solo fue aliada política del castrismo y del sandinismo: fue su pulmón financiero y, en muchos momentos, su sostén energético y diplomático. Primero a través de Petrocaribe, luego mediante acuerdos preferenciales y finalmente mediante la triangulación financiera y la protección geopolítica que da la presencia de Rusia, China e Irán en Caracas. Con ese entramado, Cuba y Nicaragua sobrevivieron al aislamiento internacional y a las sanciones. Por eso, para La Habana y Managua, la permanencia de Maduro no es un capricho ideológico: es una cuestión de supervivencia del régimen y el gobierno de Estados Unidos lo sabe. El verdadero objetivo estratégico de un "cambio de régimen" en Venezuela no es solamente terminar con el chavismo: es desmantelar el triángulo autoritario del hemisferio occidental. Si Caracas cae, Cuba pierde su principal mecanismo de acceso a divisas, petróleo y alianzas; Nicaragua pierde su paraguas político y financiero; y Rusia e Irán pierden su base de operaciones más importante en Sudamérica.
En otras palabras: en la disputa Trump-Maduro no solo se juega el futuro de Venezuela, sino el equilibrio geopolítico de todo el Caribe y Centroamérica. Maduro lo sabe, Cuba lo sabe, Nicaragua lo sabe. Por eso el régimen se aferra al poder con uñas y dientes: no protege solo a Caracas, protege a la arquitectura completa del bloque.
Y no nos podemos olvidar que a diferencia de Cuba y Nicaragua -dictaduras cerradas y alineadas sin matices a Venezuela-, el caso de Colombia (claramente una democracia en tensión), gobernada por un proyecto político que ideológicamente acompaña a Maduro, pero institucionalmente depende del vínculo con Estados Unidos. Por eso en este escenario el presidente Gustavo Petro se juega su credibilidad, su política de seguridad y la estabilidad interna de Colombia.
En tiempos de discursos maximalistas, hay que recordar que no todo cambio de régimen es sinónimo de democracia -y que no toda negociación es sinónimo de impunidad-, puede ser el punto de partida más honesto para analizar el conflicto entre Trump y Maduro. Lo demás, por ahora, es ruido de sables. (Autoría del licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G Safarov, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Ucse Jujuy, miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI- Universidad Nacional de La Plata e integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales).
