La Comisión Municipal de Uquía se declaró en Emergencia Económica, Financiera y Administrativa por noventa días, a través de la Ordenanza 94/25, para la contención del gasto público, mejorar el flujo de aportes por parte de los contribuyentes y otros estamentos del Estado municipal, realizar convenios de recaudación con instituciones y/o personas jurídicas para facilitar la misma y asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones esenciales a su cargo.
Para la sanción de dicha normativa se tuvo en cuenta que la excomisionada Gabriela Flores al día de la aprobación de la ordenanza "no hizo entrega de documentación alguna, lo que implica el absoluto desconocimiento de la situación financiera de la Comisión Municipal".
Asimismo, que "la falta de suscripción por parte de Flores del acta de cambio de autoridades, mantiene el bloqueo al acceso de la cuentas bancarias y registros en Arca, impidiendo iniciar las operaciones en esas entidades fundamentales para el funcionamiento de la Comisión. En el marco de esta situación de total desconocimiento del manejo financiero de la Comisión Municipal, se han presentado "proveedores" exigiendo el pago de supuestas deudas contraídas por la anterior gestión".
También que "de la misma e ilegal manera se dispuso el incremento del personal en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal que prescribe que durante los últimos doce meses de cada gestión de gobierno, los titulares de los Ejecutivos Municipales no podrán, bajo ningún concepto, determinar aumentos de gasto en personal provenientes de rejerarquizaciones, otorgar adicionales generales o particulares, ni proceder a efectuar designaciones de personal que signifiquen un incremento en el número de agentes. Los funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal y de los Conceptos Deliberantes que incumplan lo prescripto precedentemente serán responsabilizados en forma personal ante los organismos competentes".
Además se denunció, según la norma publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que "ha sido una constante del gobierno de Flores, otorgar privilegios a familiares y allegados a ella, dándoles concesiones y favores políticos (pases a planta de militantes y a la vez habilitaciones como "guías municipales" por encima del resto de los guías y vecinos del pueblo)".
"Flores desde su celular operaba con las cuentas del municipio teniendo la libertad de realizar transferencias discrecionalmente y, de igual manera, haciendo uso de una (o varias) chequeras con fondos municipales, de todo lo cual no se tiene ninguna información. Conforme informan los encargados del cobro en el Cerro de las Señoritas la plata se la entregaban diariamente a Gabriela Flores, sin que ella entregara comprobante ni registrara tales ingresos".
Finalmente se destacó en los considerandos de la ordenanza aprobada, que la excomisionada "retiene al día de la fecha, documentación y llaves de los vehículos del municipio, impidiendo el normal desarrollo de las funciones diarias, y que no se hallan carpetas de los comercios de todo rubro habilitados y más aun de los pagos realizados por estos a la gestión de Flores".
Por eso la norma también faculta al Ejecutivo de la comisión quebradeña a disponer la revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos referidos a compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros y obra pública, celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, y que se encuentran en ejecución, con la posibilidad de suspender, modificar, anular, rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, previo dictamen del asesor letrado.
La norma, aprobada el 16 de diciembre último, también, entre otras disposiciones, declaró la nulidad de Ordenanza 70/2025, de pase a planta permanente de empleados municipales (promulgada por decreto 35 del 11 de junio de 2025), "por ser manifiestamente ilegal", ordenándose que, a través del representante legal de la comisión municipal de Uquía, se impulsen las acciones legales en contra de los responsables, de conformidad a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, esa comuna se adhirió al Decreto 3030-JG/25 a fin de garantizar el pase a planta permanente de los empleados que cumplen con los requisitos establecidos en esa normativa.
Cabe señalar que en los primeros días de este mes hubo protestas y presentaciones judiciales de empleados de esa comisión, que denunciaron haber sido despedidos por la actual gestión que encabeza Josué Aquino, quien se habría basado en la Ordenanza 94 para tal medida.
