En agosto de 2025, el Gobierno nacional habilitó la libre circulación de bitrenes en toda la red vial del país mediante la Resolución 1196/2025. Estos vehículos son capaces de transportar hasta un 75% más de carga que los camiones convencionales. Sin embargo, en Jujuy, la medida despierta serias preocupaciones por la incompatibilidad con la infraestructura vial existente en varias rutas y en la Cuesta de Lipán.
La medida se dio a conocer recientemente a nivel nacional, con el objetivo de reducir costos logísticos, aumentar la eficiencia del transporte y dinamizar el comercio interior, y prometiendo menores emisiones por tonelada-kilómetro y una mayor competitividad para la producción nacional.
Según Hugo Ponce, presidente de Vialidad Provincial, varios tramos críticos de la red caminera jujeña son inviables para la circulación de bitrenes, debido a que su peso máximo permitido de 75 toneladas está muy por encima de la capacidad estructural de puentes y rutas, diseñadas para cargas mucho menores.
"Nosotros acá en Jujuy tenemos la ruta 40 desde la progresiva 4.700 hasta la progresiva 5.000, que no es viable al bitren. En la ruta 52 desde la progresiva 20 hasta la progresiva 40 es imposible también la circulación de los bitrenes", dijo el titular de Vialidad de la Provincia consultado al respecto.
La situación se agrava en la ruta 34, donde hay tres puentes clave, Sora, Los Berros y el Zanjón debido a que los bitrenes tienen una capacidad para un peso de 75 tn máximo, mientras los puentes mencionados soportan 45 tn y el del Zanjón 30 tn, por lo que sería imposible circular por esos lugares, ya que si uno de estos bitrenes cruzara podría colapsarlos.
"Entonces tienen zonas limitadas, hay zonas que si no hace transferencia de cargas es imposible pasar", agregó, y reconoció en que ninguna de las rutas jujeñas fue diseñada para soportar este tipo de carga concentrada. "El deterioro sería prematuro y masivo. Las rutas se romperían en meses, no en años", subrayó.
La cuesta del Lipán, un tramo de 20 kilómetros con fuertes pendientes y curvas cerradas, representa otro obstáculo insalvable: "Hoy ya tenemos múltiples volcamientos diarios con camiones normales. Entendemos que es imposible que circulen bitrenes por ahí", aseveró.
Ponce destacó que aunque la resolución nacional establece zonas restringidas, en Jujuy esas limitaciones no fueron consultadas previamente, no hubo evaluación técnica provincial antes de la resolución, ya que se trata de un tema de ingeniería y seguridad.
Reconoció que si bien el Corredor Bioceánico, que conecta el Pacífico con el Atlántico a través de Bolivia, Paraguay y Brasil, que impulsan el uso de bitrenes como eje logístico, esos países vecinos operan sobre infraestructuras adaptadas que la provincia de Jujuy no tiene.
Ante esta realidad, la única solución viable, según Vialidad, sería la creación de una planta de transferencia en puntos estratégicos, donde la carga de los bitrenes pudiere hacer trasbordo a camiones convencionales.
Recordó que aunque Jujuy participa en la Comisión del Corredor Bioceánico y ha planteado estas limitaciones técnicas, aún no hay decisiones concretas. "Si no podemos frenarlo, al menos debemos mitigarlo. Y la planta de transferencia es el único camino realista", recalcó.
La preocupación trascendió al ámbito legislativo. Durante una sesión reciente, el diputado Rubén Rivarola expresó su alerta en cuestiones previas, solicitando una evaluación en torno al impacto vial, ambiental y económico.
Ponce confirmó que en octubre se celebrará el Congreso Nacional del Corredor Bioceánico, donde se volverá a abordar el tema. Es que si bien Ponce reconoció que es una preocupación que requiere un trabajo y un análisis porque es un tema complicado, y que no solo se necesita la autorización, sino obras adicionales para poder permitir este tipo de vehículos de gran porte. Es que se necesitarían estudios técnicos, inversiones en puentes, refuerzos de calzadas, sistemas de control de pesaje y protocolos de seguridad.
Mientras tanto, en provincias como Salta y Tucumán, que también cuentan con rutas igualmente vulnerables, se observa una actitud similar, que se va a requerir circulación bajo permisos especiales, pero sin preparación estructural.
Un análisis multidisciplinario desalienta la medida de Nación
Un reciente informe técnico-jurídico de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional analizó el impacto de la Resolución 1196/2025, que habilita la circulación de bitrenes en rutas nacionales y provinciales. El documento, elaborado con un enfoque multidisciplinario, destaca tanto las ventajas económicas y ambientales como los desafíos en materia de seguridad y regulación que plantea esta modalidad de transporte.
Entre los aspectos positivos, se resalta que los bitrenes permiten reducir costos logísticos, transportar mayor volumen de carga en un solo viaje y disminuir el consumo de combustible por tonelada, lo que se traduce en una menor huella ambiental. Para el sector productivo, esta alternativa significa un avance hacia una logística más competitiva y sustentable.
Sin embargo, el informe también advierte que la implementación no está exenta de dificultades. La infraestructura vial actual presenta limitaciones en rutas, accesos y puentes que podrían comprometer la seguridad. Desde el punto de vista legal, el análisis señala la necesidad de armonizar competencias entre Nación y provincias, a fin de evitar conflictos de jurisdicción en la aplicación de la norma.
Entienden que no se trata de una decisión basada en estudios técnicos previos, sino en una lógica económica que prioriza el ahorro de unas pocas empresas transportistas. Consideran que esta medida viola principios fundamentales de la Constitución Nacional: el derecho a condiciones dignas y seguras de trabajo (art. 14 bis), la protección de usuarios y consumidores.
Además, contradice abiertamente la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (N° 24.449, modificada por la N° 27.445), que establece claramente que la circulación de bitrenes debe limitarse a corredores viales definidos, con medidas extraordinarias de seguridad. La resolución nacional anula esa restricción sin justificación técnica, transformando lo que era una excepción controlada en una regla general.
El ahorro logístico que promueve esta norma no es un beneficio neto, es un subsidio indirecto financiado con dinero público, en virtud de que los gastos en mantenimiento acelerado y reparación de puentes y rutas, atentan contra ello.
La única salida responsable es revertir esta tendencia, que apuntaría a suspender la circulación generalizada de bitrenes hasta tanto se realicen estudios técnicos, ambientales y de seguridad vial por tramo; también limitar su acceso exclusivamente a corredores evaluados y adaptados, como lo exige la ley. Además crear un Fondo Nacional de Sostenibilidad Vial, alimentado con una parte del ahorro logístico generado por las empresas, destinado a rehabilitar rutas y fortalecer la seguridad vial.