El reciente veto a la ley de reforma jubilatoria generó controversias. La abogada María del Huerto Gamarra, especialista en derecho previsional, criticó la decisión del Ejecutivo señalando que este veto era previsible ya que el Presidente había adelantado que dicha reforma afectaría el presupuesto nacional, y explicó las implicancias. Entiende que no solo frustra las esperanzas de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, sino que extiende las desigualdades y desajustes a futuros jubilados.
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El reciente veto a la ley de reforma jubilatoria generó controversias. La abogada María del Huerto Gamarra, especialista en derecho previsional, criticó la decisión del Ejecutivo señalando que este veto era previsible ya que el Presidente había adelantado que dicha reforma afectaría el presupuesto nacional, y explicó las implicancias. Entiende que no solo frustra las esperanzas de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, sino que extiende las desigualdades y desajustes a futuros jubilados.
Gamarra destacó que si bien el argumento económico puede ser válido, el veto debió haberse hecho de manera parcial ya que uno de los artículos más importantes de la ley vetada modificaba el artículo 32 de la Ley 24.241, relacionado con la movilidad jubilatoria que se calcula en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la variación de la inflación por lo que las jubilaciones ya vienen desfasadas.
Uno de los puntos clave que destacó es el retraso en los ajustes jubilatorios debido a que el índice de inflación que se toma en cuenta para las actualizaciones de haberes tiene un rezago de dos meses, lo que sumado a la falta de reconocimiento del periodo enero-marzo de 2024, agrava la situación. La ley vetada buscaba corregir este desfasaje con un aumento del 8,1% que, sumado al 12,5% ya otorgado en abril, habría elevado los haberes a un 20,6%. Sin embargo, el veto impide que esto ocurra.
Además, recordó que existen numerosos casos judicializados que siguen sin resolverse como los vinculados a la movilidad de marzo de 2018, entre ellos el caso de Fernández Pastor que espera una resolución de la Corte Suprema, y otros de la Cámara Federal de Salta que declararon la inconstitucionalidad de los aumentos otorgados por decreto durante la pandemia y continúan pendientes.
Otro de los aspectos destacados por la abogada es el impacto de los bonos extraordinarios que el Gobierno otorga en los últimos años sólo para las jubilaciones mínimas y que generan un desfasaje aún mayor para los jubilados de haberes medios y altos. La situación también afecta a los empleados provinciales, muchos de los cuales tienen ingresos no remunerativos que no están sujetos a aportes por lo que, al momento de jubilarse, muchos terminan recibiendo haberes mínimos. Es que hoy un jubilado en relación de dependencia recibe entre un 56% y 62% de su último sueldo en actividad, lo que refleja la gravedad de la situación.
Sobre los independientes dijo que la situación es más crítica ya que hasta hace poco todos los monotributistas aportaban lo mismo, más allá de su categoría, lo que los condenaba a percibir jubilaciones mínimas. Si bien ya se establecieron escalas diferenciadas, la abogada dijo que los aportes siguen siendo subsidiados y que los trabajadores autónomos no cuentan con una contribución patronal, lo que limita significativamente el monto de sus jubilaciones. Esta desigualdad de trabajadores en relación de dependencia y autónomos es uno de los grandes problemas del sistema previsional actual.
También preocupa que la mayoría de las personas que se jubilan en los últimos meses deben recurrir a moratorias o planes de regularización de aportes, ya que no llegan a cumplir los 30 años de aportes, lo que refleja la informalidad laboral del país y su impacto en el sistema previsional. Ante este contexto, dijo que la situación podría agravarse más en marzo de 2025 cuando expire la vigencia de la Ley 27.705 que establece el Plan de Regularización de Deuda Previsional, y si no se prorroga, muchas mujeres no podrán jubilarse a los 60 años, y deberán esperar hasta los 65 para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puan), una prestación no contributiva.
Sobre los derechos adquiridos que se pierden con este veto, Gamarra explicó que mientras el DNU siga vigente las jubilaciones continuarán ajustándose según la inflación, aunque con dos meses de retraso, y los bonos extraordinarios siguen siendo discrecionales. "Lo que hacía esta ley es tratar de llegar a los $303.000 que cobrarían en septiembre incluido el bono. Es $233.000 y con el bono llegan a $303.000 con todos los empalmes y adicionales que preveía, ahora esto no va a ocurrir", precisó. También se preveía un adicional considerando la canasta del adulto mayor, pero aparecía un índice desconocido de 1,95 y eso también le daba una compensación para solucionar los desfasajes de movilidad por inflación que tampoco va a ocurrir.
La deuda judicial con los jubilados, entre los motivos del veto
El veto presidencial a la reforma jubilatoria no solo dejó en suspenso la actualización de los haberes, sino que también puso de relieve el incumplimiento del pago de las sentencias judiciales. Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) existen más de 90.000 sentencias firmes y consentidas que la institución no cumplió, afectando a miles de jubilados que llevan años esperando el pago que les corresponde por ley.
La abogada María del Huerto Gamarra explicó que otro de los motivos principales detrás del veto tiene que ver con estas deudas judiciales. Explicó que Anses debería abonar estas sentencias en un plazo de 120 días hábiles, sin embargo, muchos jubilados llevan años sin recibir sus pagos, lo que generó una ola de reclamos judiciales que sigue sin resolverse.
Además de las deudas con los jubilados, destacó que Anses enfrenta otra deuda considerable con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos, y otras cuyos gobiernos ganaron juicios para que el Estado nacional se haga cargo de los pasivos jubilatorios. Uno de los artículos de la ley vetada preveía el pago de estas deudas en un plazo de seis meses, utilizando fondos asignados a la Seguridad Social, pero con el veto este compromiso quedó en el aire, postergando más la solución.
Otro de los puntos que generó controversia fue el anuncio del gobierno meses atrás, cuando prometió reajustar los haberes jubilatorios según las sentencias firmes. "Anunciaron que el pago comenzaría en junio pero cuando lo dijeron ya era julio, lo que hacía imposible cumplir con esa promesa", explicó Gamarra. A día de hoy, septiembre ya está avanzado y los abogados previsionalistas no observaron ningún ajuste en los haberes de sus representados. Este reajuste, que no incluía el pago retroactivo de las sentencias, solo contemplaba una actualización parcial de los haberes, dejando el retroactivo sin fecha de pago, lo que ya genera nuevas incertidumbres.
Gamarra advirtió que la postura actual de Anses viola las órdenes judiciales. "Lo que corresponde cuando se paga una sentencia es ajustar el haber y abonar el retroactivo con los intereses correspondientes. Esto es lo que dictan las sentencias judiciales, y no lo que pretende hacer la Anses", aseguró. La falta de cumplimiento de las órdenes judiciales, muchas de ellas ratificadas por la Corte Suprema, agrava una situación que ya de por sí es crítica para los jubilados que ven cómo sus derechos son vulnerados cada año.
Ingresos reales disminuidos
La abogada María del Huerto Gamarra también explicó que el veto a la reforma profundiza un problema estructural, la pérdida de derechos adquiridos de jubilados. Aunque el gobierno asegura que las jubilaciones se ajustan según la inflación, los aumentos en servicios, tarifas y alimentos, sumado a la reducción de la cobertura del Pami en medicamentos, hace que los ingresos reales de los jubilados se vean disminuidos. "El Pami ha reducido la cobertura del 100% de los medicamentos a porcentajes del 50% o 30%. Esto, sumado a la inflación, está dejando a los jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad", afirmó Gamarra.
Más allá de los problemas inmediatos, la especialista advirtió sobre un problema estructural a largo plazo: la falta de aportes debido a la baja tasa de natalidad en Argentina. "Cada vez nacen menos niños en el país, y eso, a futuro, se traduce en menos trabajadores aportando al sistema y más jubilados cobrando", explicó. Este desajuste generará una presión insostenible sobre el sistema previsional que ya está en una situación crítica debido al aumento en la esperanza de vida y a la creciente informalidad laboral.
Aunque se habla desde de la necesidad de una reforma integral del sistema previsional, Gamarra estimó, "siempre que se han hecho reformas, nunca han sido en beneficio de los jubilados. Desde 2017, la fórmula de movilidad ha venido perdiendo contra la inflación, y los cuatro cambios en la ley de movilidad han afectado a los jubilados".
