El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenó la captura nacional e internacional de Juan Mariano Martínez Rojas, exdueño de Tiempo Argentino y Radio América, a quien se acusa de ser parte de una trama de lavado de dinero de más de 300 millones de pesos.
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El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenó la captura nacional e internacional de Juan Mariano Martínez Rojas, exdueño de Tiempo Argentino y Radio América, a quien se acusa de ser parte de una trama de lavado de dinero de más de 300 millones de pesos.
Según el expediente, se calcula fueron unos 300 millones de dólares entre 2012 y 2015, y se utilizaron 56 empresas fantasma.
Se trata de una causa en la que una compleja organización se dedicaba a adquirir dólares durante el cepo cambiario a valor oficial mediante la presentación de declaraciones juradas de importaciones (DJAI).
El empresario correntino, quien había comprado esos medios de comunicación que nunca puso en funcionamiento, está dedicado supuestamente al rubro de los espectáculos.
"Si no hay garantías, no me voy a entregar. Quiero dejar en claro que esto es una persecución política de un sector del gobierno anterior que sigue vigente en el Poder Judicial", señaló Martínez Rojas en declaraciones a Infobae.
Desde un lugar que evitó precisar, pero que sería fuera de la Argentina, el empresario señaló que "esta causa surge a raíz de la compra de los medios", una maniobra que calificó como "un error" de su parte.
"Cometí un error que fue comprar los medios. A partir de ahí empezó una persecución hacia mi persona, en la cual me hicieron operaciones de prensa, sufrí amenazas, intentos de secuestro a mi esposa en la cochera del shopping Paseo Alcorta... Y hasta el día de la fecha el Poder Judicial no hizo nada para esclarecer lo que me pasó", sostuvo.
Martínez Rojas insistió en que "la persecución viene desde un sector que sigue vigente del gobierno anterior" y que "lo único" que intentan es alejarlo del país, "de la compra de los medios y de los medios de comunicación mediante extorsión y el robo" de sus empresas.
"Armaron una cooperativa y se quedaron con mi diario para continuar teniendo presencia en la opinión pública", señaló el empresario y agregó: "La compra la hice de buena fe. No robé a nadie. No estafé a nadie. Los que se robaron la plata de los empleados continúan caminando por la calle". De todos modos, reconoció que la causa por la cual pidieron su detención no está relacionada con la compra de los medios y al respecto advirtió: "Yo me dediqué al mercado financiero durante muchos años. Me vinculé con mucha gente relacionada a la Aduana, con importadores, con exportadores, con representantes de la Bolsa de Comercio y con sectores vinculados a ciertos gobiernos provinciales del norte del país. Todos tienen mucho miedo de cualquier declaración que yo pueda hacer". La causa se inició en agosto de 2016 por denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación con la utilización presuntamente irregular de DJAI (declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) como mecanismo para obtener dólares en pleno cepo cambiario durante el kirchnerismo. La organización presentaba en los bancos y autoridades las DJAI con lo cual les cedían sin límites dólares norteamericanos a precio oficial, y llamativamente nunca habían importado bien alguno.