Una tarea que se agrega para el gobernador Morales

Que la distribución de los recursos coparticipables es una burla a las Provincias no es ninguna novedad. Que el gerenciamiento de un estado nacional macrocefálico, concentrado principalmente en la ciudad de Buenos Aires, vive como un gigantesco parásito de la sangre que drena sin piedad de todos los estados federales, sin producir casi nada más que gastos administrativos monstruosos, tampoco es nuevo.

Para confirmar el desequilibrio, basta señalar como ejemplo que el sueldo promedio de un empleado de escalafón profesional categoría 20 roza los $12.000 en Jujuy, en la CABA por lo menos casi se triplica. Que una factura de energía eléctrica por la que una familia jujeña paga $ 500 pesos, a los porteños, por el mismo consumo, les cuesta $90. Con el gas, la diferencia es más grosera, en pleno centro de la Capital del país, se pagaban $50 por un consumo que en Jujuy no baja de $ 300. Y en todo el país, se conocieron estas cifras, porque la autodenominada "prensa nacional" armó escandalosos informes por aumentos desmedidos que dejaron al desnudo las crudas diferencias y discriminaciones para con el interior. Interior donde se produce la energía y el gas que, como los impuestos que se pagan, viajan a Buenos Aires obedientes al viejo esquema centralista de rutas y ferrocarriles que en un solo sentido, se dirigen hacia el puerto. Pero por otro lado, están los enormes gastos en obras públicas e inversiones en infraestructura que también sufren distorsiones en muchas veces, inversamente proporcionales a la necesidad de cada economía regional. Tratar de modificar esta realidad, en otros temas, deberá ser sin dudas uno de los objetivos centrales del gobierno que desde Jujuy conduce el contador Gerardo Morales. Por la fuerza del respaldo popular que lo sostiene, por la evidente excelente relación con el gobierno nacional, y porque, paradójicamente, Morales, (y con él su grupo de legisladores nacionales), no le debe nada de su victoria al Presidente de la Nación, y tampoco se encuadra en la obediencia debida que se profesan entre miembros de un mismo partido político. Esta situación, no se da en Argentina desde el retorno de la democracia.

Que la distribución de los recursos coparticipables es una burla a las Provincias no es ninguna novedad. Que el gerenciamiento de un estado nacional macrocefálico, concentrado principalmente en la ciudad de Buenos Aires, vive como un gigantesco parásito de la sangre que drena sin piedad de todos los estados federales, sin producir casi nada más que gastos administrativos monstruosos, tampoco es nuevo.

Para confirmar el desequilibrio, basta señalar como ejemplo que el sueldo promedio de un empleado de escalafón profesional categoría 20 roza los $12.000 en Jujuy, en la CABA por lo menos casi se triplica. Que una factura de energía eléctrica por la que una familia jujeña paga $ 500 pesos, a los porteños, por el mismo consumo, les cuesta $90. Con el gas, la diferencia es más grosera, en pleno centro de la Capital del país, se pagaban $50 por un consumo que en Jujuy no baja de $ 300. Y en todo el país, se conocieron estas cifras, porque la autodenominada "prensa nacional" armó escandalosos informes por aumentos desmedidos que dejaron al desnudo las crudas diferencias y discriminaciones para con el interior. Interior donde se produce la energía y el gas que, como los impuestos que se pagan, viajan a Buenos Aires obedientes al viejo esquema centralista de rutas y ferrocarriles que en un solo sentido, se dirigen hacia el puerto. Pero por otro lado, están los enormes gastos en obras públicas e inversiones en infraestructura que también sufren distorsiones en muchas veces, inversamente proporcionales a la necesidad de cada economía regional. Tratar de modificar esta realidad, en otros temas, deberá ser sin dudas uno de los objetivos centrales del gobierno que desde Jujuy conduce el contador Gerardo Morales. Por la fuerza del respaldo popular que lo sostiene, por la evidente excelente relación con el gobierno nacional, y porque, paradójicamente, Morales, (y con él su grupo de legisladores nacionales), no le debe nada de su victoria al Presidente de la Nación, y tampoco se encuadra en la obediencia debida que se profesan entre miembros de un mismo partido político. Esta situación, no se da en Argentina desde el retorno de la democracia.