El Gobierno peruano autorizó ayer la intervención de las fuerzas armadas para apoyar a la Policía en el control de las
protestas de los
trabajadores mineros de Doe Run
Perú que dejaron un muerto y más de 60 heridos en el primer día de una huelga indefinida el martes.
La medida "busca evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico" en la ciudad minera de La Oroya (178 km al noreste de Lima, a 3.725 metros de altitud), según una resolución suprema publicada en la gaceta oficial.
La resolución suprema señaló hasta el 10 de septiembre las tropas "resguardarán locales públicos y brindarán una tarea de apoyo a la misión policial y no releva a ésta del orden interno (que) continúa a cargo de la Policía Nacional". No se informó el número de efectivos desplegados.
En La Oroya centenares de operarios mineros han tomado desde el martes las calles y bloqueado la carretera a Lima, la capital peruana, exigiendo al Gobierno que reduzca los requisitos ambientales que impiden a la empresa -en una complicada situación financiera- operar completamente y captar nuevos inversionistas.
El Gobierno de Ollanta Humala, un excomandante del ejército, ya ha recurrido al envío de tropas para ayudar a controlar protestas sociales tal como ocurrió a fines de mayo con un paro de 48 horas contra un proyecto minero del Grupo México en el sur de Perú.
El Gobierno peruano autorizó ayer la intervención de las fuerzas armadas para apoyar a la Policía en el control de las
protestas de los
trabajadores mineros de Doe Run
Perú que dejaron un muerto y más de 60 heridos en el primer día de una huelga indefinida el martes.
La medida "busca evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico" en la ciudad minera de La Oroya (178 km al noreste de Lima, a 3.725 metros de altitud), según una resolución suprema publicada en la gaceta oficial.
La resolución suprema señaló hasta el 10 de septiembre las tropas "resguardarán locales públicos y brindarán una tarea de apoyo a la misión policial y no releva a ésta del orden interno (que) continúa a cargo de la Policía Nacional". No se informó el número de efectivos desplegados.
En La Oroya centenares de operarios mineros han tomado desde el martes las calles y bloqueado la carretera a Lima, la capital peruana, exigiendo al Gobierno que reduzca los requisitos ambientales que impiden a la empresa -en una complicada situación financiera- operar completamente y captar nuevos inversionistas.
El Gobierno de Ollanta Humala, un excomandante del ejército, ya ha recurrido al envío de tropas para ayudar a controlar protestas sociales tal como ocurrió a fines de mayo con un paro de 48 horas contra un proyecto minero del Grupo México en el sur de Perú.