El primer ministro griego Alexis Tsipras denunció ayer la "responsabilidad criminal" del Fondo Monetario Internacional por la situación de Grecia, al borde de un default, y buscó apoyo interno al recibir a dirigentes de los partidos de oposición.
Dos días después de otro fracaso de las negociaciones con sus acreedores, Tsipras arremetió con dureza contra éstos, en una reunión ante el grupo parlamentario de su formación de izquierda radical, Syriza.
"Ha llegado el momento de que las propuestas del FMI (en las negociaciones) sean juzgadas no solamente por nosotros sino por Europa", dijo.
Tsipras atribuyó a este organismo multilateral una "responsabilidad criminal" por las medidas de austeridad impuestas en Grecia, y que sumieron al país en seis años de recesión. El primer ministro griego atacó también a las "instituciones" en general, que incluye a los otros acreedores, Unión Europea (UE) y Banco Central Europeo (BCE).
"La insistencia de las instituciones en proseguir un programa que ha fracasado, forma parte de una motivación política para humillar a un pueblo entero que ha sufrido en los últimos cinco años", aseguró.
Los acreedores "parecen querer enviar un mensaje a Grecia y a los pueblos europeos de que un mandato popular no puede cambiar las cosas", añadió Tsipras, aludiendo a la victoria electoral de Syriza en enero.
En su duro alegato, el primer ministro también los acusó de "querer hacer una demostración de fuerza destinada a acabar con cualquier intento de poner fin a la austeridad".
Según indicaron varias fuentes europeas, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea podrían reunirse de manera extraordinaria este fin de semana en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de buscar el acuerdo sobre Grecia que evite su salida del eurobloque.
Un acuerdo es indispensable para que Grecia pueda recibir de sus acreedores el último tramo de 7.200 millones de euros correspondientes al plan de rescate internacional de 2012. Sin embargo, el país no tiene liquidez suficiente para pagar este mes salarios, pensiones y los 1.500 millones de euros que le debe al FMI y que vencen el 30 de junio.
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El primer ministro griego Alexis Tsipras denunció ayer la "responsabilidad criminal" del Fondo Monetario Internacional por la situación de Grecia, al borde de un default, y buscó apoyo interno al recibir a dirigentes de los partidos de oposición.
Dos días después de otro fracaso de las negociaciones con sus acreedores, Tsipras arremetió con dureza contra éstos, en una reunión ante el grupo parlamentario de su formación de izquierda radical, Syriza.
"Ha llegado el momento de que las propuestas del FMI (en las negociaciones) sean juzgadas no solamente por nosotros sino por Europa", dijo.
Tsipras atribuyó a este organismo multilateral una "responsabilidad criminal" por las medidas de austeridad impuestas en Grecia, y que sumieron al país en seis años de recesión. El primer ministro griego atacó también a las "instituciones" en general, que incluye a los otros acreedores, Unión Europea (UE) y Banco Central Europeo (BCE).
"La insistencia de las instituciones en proseguir un programa que ha fracasado, forma parte de una motivación política para humillar a un pueblo entero que ha sufrido en los últimos cinco años", aseguró.
Los acreedores "parecen querer enviar un mensaje a Grecia y a los pueblos europeos de que un mandato popular no puede cambiar las cosas", añadió Tsipras, aludiendo a la victoria electoral de Syriza en enero.
En su duro alegato, el primer ministro también los acusó de "querer hacer una demostración de fuerza destinada a acabar con cualquier intento de poner fin a la austeridad".
Según indicaron varias fuentes europeas, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea podrían reunirse de manera extraordinaria este fin de semana en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de buscar el acuerdo sobre Grecia que evite su salida del eurobloque.
Un acuerdo es indispensable para que Grecia pueda recibir de sus acreedores el último tramo de 7.200 millones de euros correspondientes al plan de rescate internacional de 2012. Sin embargo, el país no tiene liquidez suficiente para pagar este mes salarios, pensiones y los 1.500 millones de euros que le debe al FMI y que vencen el 30 de junio.
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