El patrimonio de Cristina Kirchner vuelve a estar en el foco de los tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal ordenó reabrir una causa por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex vicepresidenta, luego de la muerte de Néstor Kirchner, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Julián Ercolini habían entendido que se trataba de detalles menores que no constituían delito. Pero la Unidad de Información Financiera, brazo querellante del Gobierno Nacional, apeló diciendo que no se trató de un simple error.
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El patrimonio de Cristina Kirchner vuelve a estar en el foco de los tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal ordenó reabrir una causa por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex vicepresidenta, luego de la muerte de Néstor Kirchner, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Julián Ercolini habían entendido que se trataba de detalles menores que no constituían delito. Pero la Unidad de Información Financiera, brazo querellante del Gobierno Nacional, apeló diciendo que no se trató de un simple error.
Ahora, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que había que profundizar la investigación y dispusieron hacer un peritaje contable. En minoría, su colega Mariano Llorens, en cambio, sostuvo que había que llamarla ya a indagatoria, sobre la base de una mirada “conglobada” con el resto de los expedientes: se trata, dijo, de “un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno, por los cuales actualmente está siendo investigada”.
“Observo que ante un recorte parcial de los eventos se determinó desacertadamente en la resolución bajo análisis que no había evidencia suficiente que permitiera avanzar con el trámite de la pesquisa. Más aún, todo lo contrario, a todas luces aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 (indagatoria) del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, sostuvo el fallo.
Esta causa no estaba en el radar de nadie. Es un desprendimiento vinculado a los bienes de la ex Presidenta en esos años de la causa conocida como “Hotesur” que llevaba el juez Julián Ercolini. Cristina Kirchner ya había sido investigada tres veces por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, pero todas las investigaciones se dieron cuando su marido era presidente o cuando ella misma ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo. Todas las causas se cerraron.
El primero en investigarla fue el propio Ercolini por sus bienes hasta el 2004. El juez dictó su sobreseimiento y la decisión no fue apelada por la fiscalía. La segunda denuncia, impulsada por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, estuvo en manos del del ex juez Rodolfo Canicoba Corral y apuntaba al período 2005 y 2007. La tercera investigación puso en foco el aumento patrimonial del 2008. La causa fue llevada por el fallecido juez Norberto Oyarbide y fue archivada en tiempo récord y sin peritajes.
“Me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner”, llegó a decir Oyarbide, ya alejado de su cargo de juez cuando lo llamaron a declarar por la causa de los Cuadernos. Como arrepentido, el contador de los Kirchner Víctor Manzanares terminaba de declarar que el ex juez Norberto Oyarbide manipuló la pericia que le permitió sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner, pese a que registraron un incremento patrimonial de 158 por ciento solo en 2008. Relató cómo el entonces juez le dio instrucciones sobre cómo debía hacer la pericia de la defensa. Esa pericia fue usada luego por Oyarbide para firmar la declaración de inocencia de los Kirchner pese a la millonaria fortuna que reportaban, tal como reveló por entonces Infobae. A raíz de ello, la Unidad de Información Financiera del gobierno de Mauricio Macri pidió volver a abrir esa causa, bajo el principio de “cosa juzgada írrita”. En octubre de 2020, la jueza María Eugenia Capuchetti desestimó el planteo. La UIF del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no apeló.
Todo se dio en el marco de una denuncia contra la ex presidenta que nació en 2016 y que puso la lupa sobre inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas de Cristina Fernández, en el período comprendido entre 2010 y 2014 (ambos inclusive). Puntualmente se evaluó la errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández tras la muerte de Néstor Kirchner y la omisión de bienes en esa herencia. Se detectó, además, la “errónea exteriorización de un terreno de 87.000 m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate, que Cristina Fernández registró en condominio con la firma Austral Construcciones S.A. a partir del año 2008; y la omisión de declarar plazos fijos y depósitos en dólares estadounidenses en las declaraciones juradas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014″.
El 5 de junio pasado, el juez Ercolini, a pedido del fiscal Pollicita, archivó la denuncia. Según se afirmó, no había delito sino que se trataba de la forma en la que CFK “había exteriorizado su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge”. La UIF apeló: sostuvo que no fue un “simple error” y que la ex vicepresidenta “tenía motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica, lo que se veía convalidado con el incremento de su patrimonio”. Se quejó además de que no se hubiera investigado y afirmó que la valoración acerca de la manera en que se habían efectuado las exteriorizaciones patrimoniales debía ser constatada por un profesional de ciencias económicas.
La defensa de la ex jefa de Estado rechazó el planteo: se afirmó que la querella no había refutado, ni siquiera mínimamente, los argumentos de la fiscalía ni expuesto por qué se concluía que CFK había consignado “maliciosamente” datos falsos en sus DDJJ.