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12 de Abril,  Jujuy, Argentina
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Bullying: padres solicitan trabajar junto con educación

El objetivo es aportar propuestas para trabajar en forma conjunta padres, directivos y docentes.
Domingo, 12 de abril de 2026 00:17
HOSTIGAMIENTO | FAMILIAS PREOCUPADAS POR CASOS EN LA PROVINCIA.

Luego de que en Salta se conociera la aplicación de medidas disciplinarias a estudiantes involucrados en casos de bullying dentro de instituciones educativas, el debate sobre la violencia escolar volvió a instalarse en la región. En Jujuy, madres y grupos de familias que vienen denunciando situaciones de acoso escolar aseguran que la provincia debe avanzar en políticas de prevención urgentes.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Olga Burgos, madre de una niña que sufrió bullying, y que forma parte de un grupo de padres que desde hace más de un año reclama la declaración de emergencia por bullying en la provincia, relató que vienen manifestándose ante esta problemática desde 2024, pero hasta el momento no han obtenido respuestas concretas por parte de las autoridades.

"Nosotras venimos alertando hace tiempo que hay una situación grave de violencia en las aulas. El bullying deja secuelas muy profundas en la salud psicoemocional de los chicos y, sin embargo, no vemos que se esté abordando con la urgencia que merece", señaló.

La preocupación de las familias jujeñas se profundizó luego de numerosos casos de gravedad en la provincia. Entre ellos, el de una adolescente que se quitó la vida tras atravesar situaciones de hostigamiento escolar en la localidad de Tilcara. Este hecho expuso la necesidad de acciones concretas para prevenir la violencia escolar.

En este contexto, Burgos sostuvo que el primer paso debería ser fortalecer la intervención dentro de las escuelas, con equipos interdisciplinarios que trabajen en conjunto con directivos, docentes y familias.

"Tiene que haber espacios de diálogo entre padres, directivos y profesionales. Muchas veces cuando un padre va a plantear que su hijo está siendo violentado, no encuentra escucha ni contención", afirmó.

Las familias también señalaron que los protocolos actuales resultan muy lentos y burocráticos, lo que dificulta resolver los conflictos de manera rápida exponiendo cada vez más a las víctimas. "Mientras los procedimientos avanzan, los chicos siguen sufriendo situaciones de violencia. Por eso necesitamos herramientas más rápidas y efectivas", explicó.

Así mismo, el grupo de padres solicitó ser recibido por las autoridades educativas. Según indicaron, ya presentaron una nota ante el Ministerio de Educación provincial para mantener una reunión con la nueva ministra, aunque hasta el momento no recibieron respuesta.

Burgos plantea que el objetivo no es solo denunciar sino también aportar propuestas. Entre ellas, plantean reuniones periódicas con familias, capacitación para docentes y directivos, espacios de contención para estudiantes y la intervención de profesionales especializados en mediación y principalmente en salud mental.

"Nosotras queremos sentarnos a trabajar en prevención. No queremos esperar a que ocurra una tragedia para recién actuar. Lo que pedimos es que se escuche a las familias y que se tomen medidas reales para cuidar a nuestros hijos", concluyó.

Mientras las situaciones se acrecientan en todo el país, los grupos de padres insisten en que la prevención del bullying debe convertirse en una política pública prioritaria, con recursos humanos y protocolos que permitan garantizar entornos seguros dentro de las escuelas.

Sanciones para los padres

El bullying en las escuelas de Salta será motivo de sanción para los padres de los alumnos que cometan acoso escolar, a partir de la aprobación definitiva de la modificación del Código Contravencional por parte de la Cámara de Diputados provincial. La modificación establece sanciones de hasta 30 días de arresto o 30 días de multa para los tutores que no cumplan con los requerimientos de las escuelas.

No obstante, la diputada Socorro Villamayor aclaró que esto no implica una aplicación automática de prisión, sino que los responsables deberán comparecer ante un juez contravencional.

“Se trata de un código contravencional, no penal. No se conoce a nadie que haya ido preso por una contravención. Las sanciones pueden reemplazarse por multas, tareas comunitarias o tratamientos psicológicos”, remarcó la legisladora durante la sesión de este martes.

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