Con el eje en promover una minería responsable con enfoque en la sostenibilidad, el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy y el Instituto de Derecho realizaron la jornada "Construyendo una Minería Sostenible". Reunió a referentes del ámbito jurídico, técnico y empresarial para analizar desafíos y oportunidades que enfrenta el sector minero en su vínculo con comunidades, medio ambiente y el desarrollo económico regional.
Se hizo en el Colegio de Abogados y participaron Verónica Dina Lorenzone, asesora legal de la Secretaría de Minería de la Provincia y autora del libro "Actividad Minera y Desarrollo Sostenible"; Pablo Bergese, coordinador de Sustentabilidad Minera de la misma Secretaría; y Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Minera Exar.
Coincidieron en la importancia de fortalecer el diálogo entre el sector público, privado y académico, y avanzar hacia modelos de gestión que integren la sustentabilidad ambiental con el crecimiento económico y el desarrollo social.
Durante su exposición, Lucila Lasry explicó el papel estratégico del litio en la transformación energética global. "El carbonato de litio es un componente esencial para las baterías recargables que impulsan los vehículos eléctricos, los celulares y las computadoras. Este mineral es clave para reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia un futuro más limpio", afirmó.
Recordó que Exar es la empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), y produce carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz. Inició su desarrollo en 2008 y tras varios años de construcción y pruebas alcanzó la producción en junio de 2023, con capacidad inicial de 6000 toneladas (tn) anuales. "En 2024 superamos las 25.000 tn, convirtiéndonos en el principal productor de carbonato de litio del país desde una sola planta. Este año aspiramos a alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, con una vida útil de más de cuatro décadas", destacó .
Luego destacó el impacto económico y social que genera la actividad. "Exar ha invertido más de 1000 millones de dólares en Argentina. Hoy empleamos a más de 700 personas de forma directa y generamos alrededor de 2.000 empleos indirectos, con un 30% de trabajadores pertenecientes a comunidades originarias y un 17% de mujeres, cifra superior al promedio de la industria minera", dijo.
Abordó el vínculo de Exar con las comunidades del pueblo atacameño, de alrededor del proyecto y explicó que la operación se desarrolla en tierras de propiedad comunitaria, "y por eso la relación debe basarse en el respeto, la transparencia y el beneficio mutuo", afirmó. Sostuvo que la empresa mantiene mesas de diálogo con representantes de las siete comunidades vecinas, donde se debaten temas como contratos, servicios, programas de capacitación y desarrollo. "Ellos deciden en asamblea, con un sistema de democracia directa. Cada decisión se construye colectivamente, sin imposiciones", explicó.
Destacó que en 2023 Exar implementó el programa "Exar junto a la Comunidad", un concurso de proyectos locales orientado a fortalecer la economía y la infraestructura regional. "Cada comunidad presenta sus iniciativas, las capacitamos en formulación de proyectos y acompañamos hasta un 75% del financiamiento, ya sea en materiales o asistencia técnica. Desde entonces hemos acompañado más de 60 proyectos, desde mejoras edilicias hasta programas de forestación y equipamiento comunitario", detalló.
Ponderó que el impacto de la minería se percibe también en educación. "En la Puna, el primer colegio secundario se fundó en 1982. Hoy todas las comunidades del pueblo atacameño cuentan con escuelas secundarias, y este año Puesto Sey celebró su primera promoción de egresados. Ese es un verdadero cambio social", dijo.
Comentó además el programa "Liderazgo Comunitario Sostenible" financiado por el Consejo Federal de Inversiones y en articulación con la Secretaría de Minería de Jujuy, implicó a Exar con talleres intensivos para referentes de comunidades orientados al desarrollo de habilidades de gestión, negociación y liderazgo adaptativo. "Estamos convencidos de que la minería puede ser un motor de desarrollo cuando se hace con respeto y compromiso. Nuestra meta es construir una relación a largo plazo con las comunidades, basada en la confianza, el diálogo y la transparencia", concluyó Lasry.
La jornada cerró con un intercambio entre los asistentes, quienes coincidieron en que la sostenibilidad minera no solo depende de la tecnología y la inversión, sino también de la participación activa de las comunidades y la articulación con el Estado.
Implicancia ambiental
Durante la jornada el coordinador de Sustentabilidad Minera de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Pablo Bergese, expuso sobre “Sustentabilidad minera en la provincia de Jujuy”, centrado en la necesidad de articular desarrollo productivo, cuidado ambiental y responsabilidad social.
Recordó que en medio del debate por la reforma constitucional y cuestionamientos sociales de 2023 la industria del litio fue duramente atacada. “Se la demonizó injustamente, cuando en realidad es una de las pocas industrias cuyo producto final, los minerales críticos, son esenciales para enfrentar el cambio climático y asegurar la adaptación de nuestra especie”, dijo. Bergese destacó que su área surge como una coordinación de Sustentabilidad Minera creada en 2024 nueva dentro de la Secretaría de Minería ante la necesidad de integrar la gestión ambiental con la minería, busca incorporar políticas de inclusión laboral, fortalecer el vínculo con las comunidades originarias y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y sociales.
“No se trata de negar los impactos, sino de gestionarlos y transformarlos en oportunidades de desarrollo sostenible”, precisó. Enfatizó que la sustentabilidad minera implica “integrar los aspectos sociales, ambientales y económicos de modo que las comunidades vinculadas puedan seguir desarrollándose cuando la actividad extractiva concluya”. Como ejemplo mencionó los proyectos de abastecimiento de agua en zonas puneñas impulsados junto a empresas mineras, que permiten mejorar la calidad del recurso. También destacó la importancia de los balances hidrogeológicos en áreas sensibles como Salinas Grandes o la Cuenca Olaroz‑Cauchari, donde se buscó realizar estudios conjuntos entre empresas, gobierno y comunidades, claves para transparencia y gestión compartida del agua.
En el eje social, relató la evolución del vínculo con las comunidades de Salinas Grandes, opuestas a la minería del litio. “Durante años fue imposible dialogar. Pero hoy, gracias a un trabajo sostenido, algunas comunidades pudieron permitir exploraciones y comprobar que la actividad puede realizarse sin dañar su territorio”, dijo y destacó que incluso surgieron pequeños emprendimientos locales con esa interacción.
También destacó avances de Jujuy en gobernanza minera, con su incorporación al estándar internacional Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. “Hasta hace poco estábamos fuera del mapa. Hoy Jujuy es parte del sistema mundial que promueve transparencia y rendición de cuentas en la minería. Falta mucho por recorrer, pero es un paso enorme”, culminó.
Un libro sobre proyectos locales
En la jornada, Verónica Dina Lorenzone, abogada y autora del libro “Actividad Minera y Desarrollo Sostenible”, expuso sobre los desafíos de una minería moderna alineada con la normativa vigente y los principios del desarrollo sostenible. Lorenzone contó que su obra nació como un proyecto de investigación en 2010, en la Secretaria de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales (Secter) de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), y se transformó en un libro publicado por la Facultad de Ingeniería, declarado de interés legislativo en 2024.
Actualmente se encuentra en proceso de actualización ante los recientes cambios normativos en materia ambiental y minera. Recordó al ingeniero Carlos María Navarro, impulsor del proyecto, y destacó la colaboración de docentes, ingenieros y geólogos jujeños. Explicó que la minería sostenible implica integrar tres dimensiones inseparables, lo ambiental, lo social y lo económico. “Se busca minimizar los impactos, promover desarrollo social y atraer inversiones responsables que utilicen energías limpias. Jujuy tiene un marco legal que lo permite”, afirmó.
Su investigación analizó los proyectos Mina Aguilar, Pirquitas y los de litio en Susques, incluyendo la percepción de comunidades atacameñas frente a la actividad. El libro también incorpora textos de Héctor Tizón y Ricardo Alonso, sobre la historia de la minería regional. La autora destacó que más de 200 comunidades jujeñas tienen personería jurídica, muchas en territorios mineros, y destacó que la minería puede ser un motor de desarrollo “si se realiza con responsabilidad, parti
