Jujuy lidera el ranking nacional de Eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales de la Argentina. Al alcanzar el 18,11 % de la tasa básica de eficacia político - criminal se posicionó en el primer lugar seguido por Río Negro, con el 13,34%; Neuquén, con el 12,07 %; y Mendoza, con el 11,07 %.
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Jujuy lidera el ranking nacional de Eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales de la Argentina. Al alcanzar el 18,11 % de la tasa básica de eficacia político - criminal se posicionó en el primer lugar seguido por Río Negro, con el 13,34%; Neuquén, con el 12,07 %; y Mendoza, con el 11,07 %.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) presentó la actualización del ranking con los datos correspondientes al año 2022. Se trata de una nueva edición de la micro investigación iniciada en 2019 y continuada en 2021, que se actualiza todos los años.
Con esta investigación el Inecip procura concientizar a las autoridades de los MPF sobre la necesidad de evaluar el desempeño de sus políticas de persecución penal, como insumo básico para mejorar su impacto sobre la criminalidad y en la tutela judicial de las víctimas.
Dicho informe puso de relieve que con la implementación del sistema acusatorio en casi todo el país, los MPF adquirieron un nuevo rol que ya no puede resumirse en la vieja fórmula de "dirigir la investigación penal", sino que abarcan tareas tan sensibles como la identificación y priorización de mercados criminales, el diseño de estrategias de intervención con respuestas diversificadas y la participación en la implementación de la política criminal del Estado, a través de un de sus sub-políticas, como lo es la política pública de persecución penal. Estas nuevas funciones hacen que la producción de información se vuelva indispensable para la toma de decisiones por parte de las autoridades y para el control ciudadano, sostuvo.
Destacó que pese a eso, la mayoría de los MPF no publican información básica sobre su desempeño. Es más -agregó- en muchos casos, ni siquiera la producen, o sólo lo hacen cuando reciben algún pedido de acceso a la información pública.
"De allí la decisión de presentar este ranking que busca ofrecer una tasa muy básica y elemental, que busca responder a una pregunta tan sencilla como relevante para cada uno de los MPF que actúan en Argentina: ¿en cuántos casos penales que le ingresan, el Ministerio Público Fiscal logran obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial? Esto incluye no solamente a las condenas, sino también a las suspensiones de juicio a prueba y a los acuerdos reparatorios. En otras palabras, en cuántos casos las fiscalías logran el objetivo (ya que eso es la eficacia) político-criminal más básico. Se trata de una instancia mínima y elemental de evaluación. El indicador se construye en base a datos solicitados a todos los MPF del país a través de solicitudes de acceso a la información pública".
Una novedad
Como novedad este año se sumó una sección de Buenas prácticas en la mejora de la tasa básica de eficacia político-criminal. Allí se resaltan "dos decisiones institucionales de los MPF del país que, a priori, tienen perspectivas auspiciosas en alguna de las dos dimensiones claves que determinan la tasa básica de eficacia político-criminal: los casos penales ingresados y las salidas con incidencia político-criminal".
Indicó que este es el caso de Santa Fe con el establecimiento de un nuevo procedimiento de registro y categorización de ingresos, y Mendoza, con la implementación de nuevos lineamientos generales de política de persecución penal en materia de género que permiten la diversificación de respuestas.
Opacidad
En el ranking de opacidad mencionó que los MPF de Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero no enviaron ni siquiera los cuatro indicadores más elementales (ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica, pese al plazo de 4 meses con el que contaron y a las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco son publicados en sus sitios web.
"Este 'apagón informativo' impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal", enfatizó.
Defensa de derechos fundamentales
El Inecip es una fundación que inició sus actividades en 1989 en Buenos Aires, con la misión de contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe. En ese marco se enfocó en el campo específico de los procesos de transformación de los sistemas judiciales y de los sistemas penales ligados a la transición democrática, promoviendo -desde una perspectiva científica- la defensa de los derechos fundamentales de las personas.
Sus objetivos institucionales se encuadran en el campo de los procesos de transformación de la administración de justicia, y más específicamente en la construcción de un sistema penal menos violento y más respetuoso de la dignidad humana.
