Una reciente sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de nuestra provincia, en la causa caratulada "Morales c/ Giusti", resolvió que este último, el abogado Juan Enrique Giusti, dijo noticias que faltan a la verdad.
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Una reciente sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de nuestra provincia, en la causa caratulada "Morales c/ Giusti", resolvió que este último, el abogado Juan Enrique Giusti, dijo noticias que faltan a la verdad.
La resolución judicial contiene una afirmación de alto valor institucional: donde la Justicia reconoce expresamente que las acusaciones públicas impulsadas durante años por el abogado Juan Enrique Giusti contra la empresa estatal Cannava, eran falsas.
En el considerando del fallo, la jueza Elba Rita Cabezas sostiene textualmente: que "el demandado propaló noticias que luego se estableciera son falsas".
Y en su fundamento agrega con claridad: "La empresa (Cannava Sociedad del Estado) no se dedica al narcotráfico y se encuentra sujeta a todos los controles estatales legislados para su regular explotación."
Esto significa, en términos jurídicos e institucionales, que toda la campaña pública que Giusti impulsó durante años contra Cannava -asociándola al narcotráfico, la ilegalidad y el delito- carecía de veracidad.
Según se pudo establecer, Giusti había utilizado reiteradamente expresiones como "narcoestado", "narcohijos", "porros" y "peculado", intentando instalar la idea de que el proyecto Cannava era una fachada para actividades ilícitas. El fallo desarma por completo esa narrativa, aunque lo exonera de pagar la indemnización económica.
En consecuencia, este argumento técnico no borra lo esencial: el fallo reconoce que Juan Enrique Giusti mintió y que Cannava es una empresa estatal legal, transparente y sometida a todos los controles correspondientes.
Aunque la sentencia niegue el resarcimiento por el daño sufrido, la verdad institucional queda ratificada de manera contundente: "las acusaciones de Giusti fueron falsas, infundadas y agravantes", reza la resolución.
Con esto, ha quedado demostrado que la empresa Cannava no solo fue víctima de una operación de difamación sistemática, sino que hoy queda jurídicamente exonerada de toda sospecha.