La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para cuatro imputados como presuntos organizadores y financistas del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, por el transporte de más de 230 kilos de cocaína y como coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito. La decisión fue adoptada por el juez federal de Garantías N°1, Esteban Hansen, tras una investigación realizada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo del fiscal Federico Zurueta,
La imputación se basó en una serie de procedimientos en los que se secuestraron grandes cantidades de cocaína.
Entre ellos 56,7 kilos hallados en 2022 en un Renault Koleos; 51,2 kilos incautados en una Chevrolet Montana en 2021; 60 kilos en una Renault Duster Oroch en 2024 y 63,6 kilos en un Citroen C4 interceptado en Catamarca el pasado 11 de septiembre que provenían de Bolivia, pasando por la ciudad fronteriza de La Quiaca, donde la mercadería se acondicionaba en autos para trasladarla hacia la ciudad o la provincia de Buenos Aires.
Respecto al delito de lavado de activos, se los imputó por poner en el mercado bienes provenientes de maniobras de narcotráfico, con la consecuencia posible de que los bienes originarios adquieran la apariencia de un origen lícito.
La Unidad Fiscal Jujuy, a cargo de Zurueta, formalizó la investigación penal en una audiencia realizada el 15 de octubre pasado contra Inés Condorí Ramos; su pareja Eloy Muruchi Quispe; el hermano de éste, Anastasio Muruchi Quispe; y su esposa Cecilia Sacaca Canaza -detenidos dos días antes de la audiencia-, como autores del delito de organización y financiación de transportes de estupefacientes y contrabando de importación de estupefacientes.
En tanto, respecto a una quinta persona que también formaría parte de la organización, ya que se encargaba de conseguir a algunos miembros relativamente estables que realizaban algunos viajes, hay una orden de captura vigente pero no se la pudo localizar.
Sobre la investigación
Dentro de la estructura, Condori Ramos y los hermanos Eloy y Anastasio Muruchi Quispe eran quienes dirigían y financiaban los transportes, siendo este último también el encargado de la logística.
Sacaca Canaz realizaba viajes a Bolivia con el dinero para efectuar pagos y contactar gente. Además, se comprobó que los presuntos dueños del "negocio de la droga" serían Condorí Ramos y Eloy Muruchi Quispe, quienes están en pareja y además registran propiedades a su nombre en Bolivia, lugar desde donde enviarían el estupefaciente.
El juez resolvió en línea con lo solicitado por la fiscalía, respecto a Sacaca Canaza, que una vez que se disponga de una pulsera electrónica, podría tener el beneficio de la prisión domiciliaria (dado que tiene seis hijos menores de edad).
También requirió un informe médico para corroborar el estado de salud de Anastasio Muruchi Quispe (con movilidad reducida tras un accidente) y otro acerca de la situación de los hijos de Condorí Ramos y Eloy Muruchi Quispe, se registró que los tres niños salieron del país con rumbo a Brasil pero no se registró su regreso.
El magistrado fijó un plazo para la investigación penal preparatoria hasta febrero próximo. También otorgó autorización para peritar celulares incautados y documentos
Red familiar y contrabando
La investigación inició el 1 de febrero de 2024 tras un análisis comparativo de pericias telefónicas de dos casos de los que surgía la mención de una mujer nombrada como "Tía", como responsable de una organización de transporte de estupefacientes.
La pesquisa insumió más de un año y tras aplicarse el criterio para casos complejos, de realizar numerosas medidas de investigación con la colaboración de personal de Gendarmería en distintos puntos del país e incluso de acumular investigaciones de transporte de estupefacientes detectados en otras provincias, se lograron vincular todos los hechos con los imputados.
Según surge del caso, Eloy Muruchi Quispe y Condorí Ramos eran los principales coordinadores de la operatoria. Mientras que el hermano, Anastasio Muruchi Quispe y su esposa Sacaca Canaza, colaboraban en la compra de vehículos, el financiamiento de los viajes y el movimiento del dinero.
Las escuchas y los registros de geolocalización revelaron que los vehículos usados para el transporte eran comprados o registrados a nombre de los transportistas, quienes firmaban "formularios 08 en blanco". Esto permitía a la organización recuperar los rodados una vez finalizado el traslado.
Se determinó que los viajes se realizaban por la denominada "ruta de los valles", un trayecto más extenso y sinuoso que evitaba controles fijos en rutas nacionales.
En cada operativo los vehículos eran acondicionados en La Quiaca y luego trasladados hasta Buenos Aires, donde la droga se distribuía a distintas células.