Un diputado provincial (Martín Fellner) presentó en la Legislatura de Jujuy un proyecto para abordar el consumo de alcohol en jóvenes. La iniciativa habla de campañas, controles y prevención. Correcto. Necesario. Pero profundamente insuficiente. Porque el problema no es el alcohol.
El problema es que estamos frente a una generación atravesada por múltiples adicciones -químicas, digitales, farmacológicas, simbólicas- y la respuesta institucional sigue siendo fragmentaria, reactiva y, muchas veces, hipócrita.
Nos escandalizamos por el adolescente que bebe en una plaza, pero naturalizamos la medicalización masiva de la angustia. Nos alarma el consumo temprano de alcohol, pero callamos frente al crecimiento silencioso de psicofármacos sin seguimiento adecuado. Señalamos al joven por el exceso nocturno, pero toleramos una cultura adulta anestesiada por pantallas, apuestas online y dopaje emocional cotidiano.
La pregunta incómoda es otra: ¿dónde están los dispositivos reales de contención?
Jujuy carece de una red sólida, integral y territorializada de abordaje de adicciones. Los dispositivos existentes trabajan con esfuerzo, pero son insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. Faltan centros especializados, equipos interdisciplinarios estables, programas sostenidos en el tiempo y presupuesto acorde. Falta articulación seria entre educación, salud y desarrollo social. Falta continuidad política más allá del anuncio.
Y cuando el Estado llega tarde, llega el mercado. El mercado ofrece sustancias, entretenimiento compulsivo, juego online, estimulación permanente. Ofrece pertenencia artificial. Ofrece anestesia. Lo hace con eficacia, con marketing, con recursos. ¿Qué ofrece el Estado? Folletos. Actos protocolares. Declaraciones.
Pero la responsabilidad no es solo de la política. También es de los ministerios que gestionan estadísticas pero no construyen estrategias integrales. De los medios que convierten cada episodio en espectáculo moral y luego pasan al siguiente escándalo. De una dirigencia que habla de prevención mientras recorta inversión en salud mental. De una sociedad que exige límites a los jóvenes pero no revisa sus propios excesos.
La adicción no es solo consumo de sustancias. Es vínculo roto. Es vacío de sentido. Es falta de proyecto vital. Es precariedad emocional en contextos de incertidumbre económica y fragilidad institucional.
¿De verdad creemos que una campaña gráfica compite con el algoritmo que bombardea dopamina cada treinta segundos? ¿Que un operativo policial reemplaza una política pública sostenida? ¿Que un proyecto de ley alcanza cuando no existe una estrategia provincial de salud mental con metas claras, evaluación y presupuesto transparente?
El consumo problemático es síntoma. Y como todo síntoma, revela una enfermedad más profunda: la desintegración del tejido comunitario y la banalización del sufrimiento juvenil.
Hay algo más inquietante aún: la política suele intervenir cuando el problema ya estalló. Cuando hay fotos, titulares, presión social. Pero no cuando el deterioro es silencioso. No cuando el adolescente se aísla. No cuando la escuela detecta señales tempranas. No cuando la familia pide orientación y no encuentra respuesta institucional clara. El resultado es un circuito perverso: prevención declamada, tratamiento insuficiente, rehabilitación fragmentada y reinserción casi inexistente.
Si queremos hablar en serio, el debate debe ir mucho más allá del alcohol. Debe incluir adicciones digitales, ludopatía online, consumo de sustancias ilegales, abuso de psicofármacos y el crecimiento sostenido de trastornos de ansiedad y depresión en jóvenes. Debe exigir datos públicos actualizados. Debe reclamar auditorías de programas. Debe interpelar a cada ministerio involucrado.
Y debe asumir una verdad incómoda: las adicciones juveniles son también producto de decisiones políticas acumuladas.
No se trata de culpar a un legislador en particular ni de deslegitimar la iniciativa presentada. Se trata de elevar la discusión. De dejar de administrar síntomas y empezar a discutir estructuras.
Porque cuando una sociedad necesita prohibir cada vez más para sostener el orden, tal vez el problema no esté en la juventud desbordada, sino en la adultez que perdió autoridad moral.
El joven no es el enemigo. Es el indicador.
Y lo que está indicando no es solo consumo de alcohol. Está señalando un modelo que ofrece estímulos, pero no sentido; conectividad, pero no comunidad; información, pero no orientación.
La pregunta final no es cuánto control necesitamos.
La pregunta es cuánto compromiso estructural estamos dispuestos a asumir.
Y esa respuesta, por ahora, sigue siendo evasiva.
(*) Miguel Ángel Falcón Padilla. Doctor en Filosofía.