La Justicia federal elevó a juicio la causa que investiga el homicidio de Ivo Rodrigo Torres (22) y que tiene como único imputado al suboficial de Gendarmería Nacional Walter Daniel Álvarez. El crimen ocurrió en febrero de 2025 en la ciudad fronteriza de La Quiaca, cuando Torres volvía de Bolivia en una motocicleta con hojas de coca y al no detenerse durante un control de la fuerza nacional, fue ultimado a balazos. Según una fuente consultada por este matutino, el debate comenzaría en abril.
Inicialmente cuatro efectivos de Gendarmería Nacional estaban imputados. Con el correr de la investigación sobreseyeron a tres.
Álvarez es el sargento primero del Escuadrón 21 "La Quiaca" e irá a juicio oral imputado por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad, y por el uso de un arma de fuego".
Así lo dispuso, el 18 de marzo pasado, el juez federal de Revisión Ernesto Solá. La decisión se dio en el marco de la audiencia de control de la acusación en la que declaró admisible la imputación formulada por el fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy. Además, el magistrado resolvió que el debate se realice con un tribunal colegiado, el que ahora deberá ser sorteado.
Sobre el caso
Abierta la audiencia, el fiscal repasó los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2025. Aquel día, Álvarez integraba una patrulla, que estaba a cargo del subalférez Alexander Ezequiel Gunther y se completaba con la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki.
Los uniformados se movilizaban abordo de una camioneta Volkswagen Amarok, que pertenece a la fuerza y que tenía los gráficos identificatorios, y realizaban tareas de vigilancia en el límite fronterizo, entre la ciudad jujeña de La Quiaca y la localidad boliviana de Villazón.
Explicó que, minutos antes de las 10, a la altura del paso no habilitado denominado "ladrillera", observaron que un motociclista (identificado luego como Ivo Rodrigo Torres) atravesó la frontera de modo ilegal.
Al darle la voz de alto, el conductor aceleró la marcha, lo que inició una persecución que se extendió por tres kilómetros y medio, a partir del paraje "Tres Churquis", en inmediaciones de las instalaciones de Radio Nacional.
El fiscal Zurueta señaló que la persecución duró seis minutos hasta que, de pronto, el motociclista cayó al suelo como consecuencia de dos disparos efectuados por Álvarez. Según los informes forenses, uno de los proyectiles ingresó por la espalda y afectó la zona del pulmón derecho, mientras que el otro impacto fue a la altura de la pantorrilla izquierda de Torres.
La cabo Enciso solicitó asistencia al SAME pero, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos para salvarle la vida, la víctima falleció a las 10.51, a causa de una fuerte hemorragia que le causó el disparo que recibió en la espalda.
La investigación que llevó a tener a un solo imputado por el crimen
Durante la misma audiencia, tras describir el hecho que se juzgará, el fiscal federal Federico Zurueta se refirió a la investigación penal que determinó la responsabilidad del gendarme. Sostuvo que, si bien al formalizar el caso se imputó el homicidio a los cuatro integrantes de la patrulla, con el correr de la investigación, se estableció que los otros tres efectivos eran ajenos al crimen.
En función de ello, el Ministerio Público Fiscal instó los sobreseimientos de la cabo Juliana Enciso, el subalférez Alexander Ezequiel Gunther y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki, los cuales fueron resueltos favorablemente el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen. Una de las pruebas que llevaron a la Fiscalía a centrar la investigación en torno a Álvarez, surgió del peritaje efectuado sobre las armas que portaban los gendarmes al momento del hecho. Los estudios indicaron que los proyectiles que impactaron a Torres fueron efectuados desde una pendiente del terreno en donde finalizó la persecución.
Además, uno de los disparos se realizó con la pistola asignada a Álvarez, en cuyo cargador faltaban municiones, a diferencia de lo que sucedía con el armamento de los demás efectivos, quienes tenían sus cargadores completos. En base a las evidencias recolectadas, y a otras de orden documental y oral, el fiscal destacó la hipótesis respecto de la responsabilidad de Álvarez en la muerte de Torres, lo que fue respaldado por el abogado Carlos Sebastián Espada, que representa a la querella.
Por su parte, la defensa del gendarme, a cargo de Ricardo Belbruno, no presentó oposición a la admisibilidad de la acusación y su curso a juicio, aunque indicó que, en el debate, desarrollarán otra teoría exculpatoria del caso. Luego de discutir sobre las pruebas que presentarían en el juicio, el juez Solá declaró admisible la acusación y dispuso la apertura del proceso a juicio, bajo un tribunal colegiado, que deberá ser sorteado.
