Hace poco, en esta misma columna, señalábamos la importancia que tiene la inversión en educación para el desarrollo y futuro de un país.
Ahora con la aprobación del la Ley de Presupuesto 2026 para la Argentina se ha disparado un interesante debate. En efecto se aprobó un artículo que elimina el requerimiento que fue establecido en la Ley de Educación Nacional, que, entre Nación y provincias, inviertan al menos un 6% del Producto Bruto Interno en educación. Además, se anulan los pisos de recursos a ser aplicados en desarrollo científico y en educación técnica.
Con una participación de 75% y 25% de Provincias y Nación, aquel objetivo de la Ley 26.206 casi se había alcanzado hasta 2023 y se mantenía como un objetivo, en línea con la inversión de los países con sistemas educativos avanzados.
Claro, ahora no es fácil defender esta nueva posición de recorte, y, por lo tanto, explicar que esto es bueno para el país. Así, aquellos que lo ven como un avance deben recurrir a argumentos que parezcan lógicos. Y entonces señalan que la calidad del sistema educativo no requiere mayor inversión sino "mejorar la gestión".
Pero claramente mas inversión y mejor gestión no son términos antagónicos, sino complementarios. Nadie duda que una mejor aplicación de los recursos es una característica deseable, siempre, para cualquier política pública. Pero una mejor gestión en educación siempre requerirá mayores presupuestos y nunca menos.
Siempre ha sido muy complicado de comprender para los funcionarios de las áreas de hacienda de los gobiernos, especialmente cuando lo que se busca es reducir gastos, que la mejor aplicación de los recursos en educación solo se puede realizar con mayor inversión.
En efecto se necesita desarrollar buenos sistemas de administración, capacitación docente de mayor calidad, una planta de educadores y directivos acorde a la matricula, horarios mas amplios de funcionamiento de las instituciones, y así un numero importante de acciones que permiten organizar una adecuada política pública para el sector. Y, al final del análisis, las cuentas necesitan un mejor presupuesto.
El presupuesto nacional de 2023 consideraba una inversión en educación de alrededor del 13% del total de fondos previstos. Para 2026 la aplicación de recursos será del 5%. Mientras las normas, tal como se dijo, preveían un piso de 6% del PBI como piso de inversión, para el próximo año solo de destinara menos del 0,8 de la riqueza generada. No es muy lógico tratar de explicar que esa diferencia se cubre solo con mejor gestión.
La Secretaría de Educación de la Nación, durante el año pasado, subejecutó o directamente no realizó acciones, en una veintena de programas destinados a su área. Y no aplicar fondos disponibles en el presupuesto, lejos de ser una buena señal de austeridad, es un síntoma claro de mala gestión. Los funcionarios deben aplicar correctamente la totalidad de los fondos disponibles porque esos montos son los que fueron previstos (pre-supuestados) y planificados para completar el plan de gobierno anual.
Pero en definitiva todo proyecto de ley de presupuesto elaborado por cualquier gobierno es una demostración clara de cuales son las prioridades.
