En el marco del debate nacional sobre el financiamiento de las universidades, autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), junto a representantes de la Asociación de Docentes e Investigadores (Adiunju) y Unión de Trabajadores Universitarios (Utduj), estudiantes y egresados convocó ayer a una conferencia de prensa en la que fijó públicamente su postura frente al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario que es tratada en el Senado de la Nación.
En ese sentido, el rector de la Unju, Mario Bonillo, destacó la importancia de acompañar la iniciativa que "busca garantizar la continuidad de la educación pública en el país. Esto es para estar al pie de un trabajo colectivo y de una lucha en defensa de la universidad pública. El Senado se reunió para tratar la insistencia de la ley, que aseguraría el financiamiento del sistema universitario en dos ejes de los cuatro que implican el gasto: funcionamiento y salarios. Las consecuencias de no aprobarla se hacen más graves con el tiempo. Esperamos que el Senado pueda acompañar y que estén los votos para que la ley finalmente pueda salir", sostuvo.
En la misma línea, el secretario gremial de Adiunju, Daniel Roisinblit, advirtió sobre la crítica situación que atraviesan docentes e investigadores en todo el país y particularmente en Jujuy. "Este es el segundo año consecutivo en que presentamos una ley para resolver el problema de financiamiento, mientras el Gobierno parece empeñado en destruir la educación y la salud pública. Estamos en un contexto en el que el sistema universitario se encuentra sumamente ajustado y en crisis. En nuestra universidad, el 71% de la comunidad docente e investigadora está por debajo de la línea de pobreza e indigencia, una situación alarmante", denunció.
El dirigente agregó que la discusión se da en un escenario nacional complejo. "Vivimos en un país donde coexisten estafas por criptomonedas, el escándalo del 3% de Karina Milei, el financiamiento narco a la política y los pedidos de préstamos a cambio de soberanía. En ese marco, defender el financiamiento de la educación superior cobra una relevancia enorme. Para nosotros es fundamental que los senadores de todo el país acompañen y voten a favor de la ley", señaló.
Roisinblit también valoró la unidad en la lucha y dijo que "es importante agradecer a cada docente, no docente, investigador y gremio del país, porque gracias a esa organización hemos podido poner frenos a los intentos de destruir el sistema educativo argentino. Sabemos que la pelea va a continuar, porque el propio Ejecutivo adelantó que no hay voluntad de implementar esta norma. Pero vivimos en democracia, y cuando una ley se sanciona, el Gobierno tiene que cumplirla. Hasta que logremos el financiamiento adecuado, no vamos a bajar los brazos".
Por su parte, Javier Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unju, brindó detalles sobre las implicancias técnicas y presupuestarias del debate. Recordó que la ley fue sancionada, pero posteriormente vetada, lo que abrió una nueva instancia legislativa. "El Senado tratará la insistencia. Si ambas cámaras la aprueban nuevamente, la promulgación sería automática. El Ejecutivo argumenta que toda ley que implique gastos debe establecer de dónde provendrán los recursos, y se escuda en ese andamiaje jurídico para evitar su aplicación. Pero el Congreso sostiene que una vez sancionada, la norma debe cumplirse", explicó.
Asimismo, el decano advirtió sobre la diferencia entre lo que establece la ley y lo que el Gobierno contempla en el proyecto de Presupuesto 2025. "El Ejecutivo ingresó el 15 de septiembre un presupuesto que destina apenas la mitad de lo que la ley prevé. Estamos hablando de 0,5% del PBI frente al 1% que fija la norma. La brecha es enorme. Y no se trata solo de salarios y funcionamiento: el presupuesto universitario contempla también refuerzos y partidas específicas que hoy no están garantizadas. Esa diferencia es la que genera tanta preocupación en el sistema universitario", afirmó.
Mientras el Senado define los pasos a seguir, la comunidad universitaria de Jujuy dejó en claro que continuará "activa y organizada para exigir los fondos necesarios que garanticen la educación superior pública, gratuita y de calidad en la Argentina".
