Nuevamente la Justicia jujeña con jurisdicción en la ciudad de San Pedro de Jujuy, se ve envuelta en resoluciones insólitas, lo que provocó que distintos sectores de la comunidad, expresaran su malestar y preocupación por la medida de un juez de Control, quien durante el fin de semana, ordenó el desalojo de la propietaria de una vivienda.
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Nuevamente la Justicia jujeña con jurisdicción en la ciudad de San Pedro de Jujuy, se ve envuelta en resoluciones insólitas, lo que provocó que distintos sectores de la comunidad, expresaran su malestar y preocupación por la medida de un juez de Control, quien durante el fin de semana, ordenó el desalojo de la propietaria de una vivienda.
El magistrado, luego de tomar esta decisión, también dispuso entregar el inmueble a una inquilina, que llegó hace poco menos de un año, al hogar de Paola Quinteros (la damnificada), a pedirle un lugar donde vivir.
En la mañana de ayer, el ayudante fiscal César Díaz llegó hasta la vivienda ubicada en el citado sector vecinal, con medio centenar de efectivos policiales y gran cantidad de móviles, para proceder al desalojo y a la detención de la propietaria, que desde el viernes se encontraba en el interior, reclamando que sacaran a la inquilina que se adueñó de su casa, quien fue sacada esposada y subida a un patrullero.
El ayudante fiscal César Díaz sostuvo que la orden fue firmada por el juez de Control Marcelo Ibáñez, quien decidió cederle la vivienda a la inquilina, porque según sus fundamentos, es la única que presentó los papeles del inumeble.
Marta Mendoza, quien es madre de Paola Quinteros, sostuvo que el ayudante fiscal César Díaz, le afirmó que el juez tomó esa decisión, porque Paola Quinteros no había presentado ningún papel que acreditara la propiedad de la vivienda. "Eso no es verdad, yo me presenté el viernes en la Seccional 48º, para hacer entrega al oficial Quiroga, la documentación solicitada, como partidas de nacimientos, entre ellas, una del 2013, donde ya figura el domicilio legal de su hija discapacitada, que nació precisamente cuando ya vivía en dicha vivienda. Presenté DNI, solicitud realizada ante Agua Potable para la instalación domiciliaria y los respectivos pagos. También dos documentos donde la inquilina realizó declaraciones, cuando mi hija tuvo ese problema con la justicia, donde declara que entre los meses de noviembre y diciembre del 2023, ella era propietaria de la vivienda y en una segunda declaración del mes de junio 2024, afirma que alquila en ese domicilio, y puede verse claramente cómo luego se contradice", dijo Marta Mendoza.
"Lo que dijo el ayudante fiscal, dejó en claro que el oficial de la Seccional 48º no hicieron entrega en tiempo y forma de la documentación a la Fiscalía ni al juez, y sin tener los papeles presentados, el juez resolvió a favor de la inquilina, ordenando la detención de mi hija, quitándole la casa, dejándola en la calle con tres hijos, entre ellos una niña de 11 años que convive con una discapacidad. Por eso pido justicia para mi hija, no es justo lo que hicieron y con la rapidez que actuaron en un fin de semana", dijo la mujer.
Mendoza sostuvo que todo esto se dio, cuando la inquilina aprovechó una situación judicial por la que atravesó su hija y por la cual se vio privada de la libertad durante dos meses.
La inquilina, identificada como Analía Fernanda Arraya, quien con ayuda de familiares y conocidos que tiene en distintos ámbitos, realizó trámites para que la vivienda le fuera adjudicada, consiguiendo a su favor, un certificado de posesión.
Marta Mendoza, relató que se presentó en la Seccional 48º para saber el paradero de su hija y al ayudante fiscal no le brindó información, "Luego supe por un policía que fue llevada al hospital, fui y allí permanecía esposada, luego fue trasladada hasta la Seccional 52º de barrio La Merced, donde permanece por ser denunciada como usurpadora".
La familia de Quinteros adelantó que realizarán una marcha pidiendo justicia y que la vivienda le sea restituida a su verdadera propietaria.
Del entramado a la detención
Paola Quinteros fue detenida en abril del año pasado, tras el homicidio de su entonces pareja Jorge Alberto Pérez. En esas circunstancias, su inquilina Arraya denunció en la Policía que vio a la mujer con manchas de sangre, que luego se comprobó que no pertenecía a su pareja, sino que eran de ella misma. Durante la detención de Quinteros, Arraya aprovechó para reclamar la vivienda que alquilaba como propia y en un impresionante operativo, se detuvo a una mujer madre de tres niños y el juez Ibáñez autorizó el ingreso a esa casa a su inquilina.
