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Otra vez La Quiaca es escenario de una historia archirepetida y vergonzosa, donde son protagonistas exfuncionarios municipales, imputados por supuestos delitos de cohecho y omisión de deberes.
El exintendente de ese municipio, Blas Gallardo, junto a su exsecretario de Gobierno, Hugo Félix Chavarría, y los ediles suspendidos en sus cargos (por otra imputación fiscal) María Ester Laime y Sergio Gorena, ayer fueron notificados como presuntos responsables en una causa por delitos de cohecho.
Esta etapa que comenzaron a vivir los quiaqueños generó conmoción, aunque desde días atrás circulaba el rumor que los citados estaban pendiendo de un hilo a punto de cortarse, por una situación que es de público conocimiento en el municipio limítrofe.
De constatarse las sospechas, los cuatro involucrados serían procesados y la causa se elevaría a un juicio oral y público, lo que derivaría en una condena que iniciaría con seis años de prisión. Ayer declararon ante la sala de audiencias virtuales del Ministerio Púbico de la Acusación.
Los exfuncionarios arrastraban desde el año pasado una grave acusación sobre un proceso de licitación de licencias de remis, el cual buscaba a particulares interesados en adquirirlas cumpliendo con determinados requisitos.
La licitación fue totalmente irregular, ya que no se le dio participación al Concejo Deliberante, por lo que el Ejecutivo municipal se ocupó de licitarlas y entregarlas discrecionalmente, según la denuncia.
Posteriormente comenzó a divulgarse que particulares habrían accedido a dichas licencias pagando una suma de dinero, lo cual se reflejaría con más detalles a través de un audio que rápidamente se viralizó en la ciudad y en la provincia.
En el audio se especificaba sobre una reunión que habría mantenido Gallardo con uno de sus funcionarios y una persona que habría sido beneficiaria con seis licencias de remis, quien a cambio le habría entregado una suma de $3 millones.
Por lo sucedido, el Concejo Deliberante de La Quiaca, actualmente presidido por Trinidad Taboada, efectuó una denuncia penal y la Fiscalía de Investigación optó por imputarle la causa a Gallardo, Chavarría, Laime y Gorena.
Los nombrados, ayer en la mañana, fueron citados ante la sala de audiencias virtuales del MPA, para hacerle conocer la causa de imputación, y de conocimiento de derechos, garantías y obligaciones, y la designación de un abogado defensor.
Chavarría, Laime y Gorena asistieron, no así Gallardo quien se comunicó vía Zoom desde su domicilio. Este y Laime designaron como abogado defensor a Carlos de Aparici (enrolado políticamente con Carolina Moisés); mientras que Chavarria será defendido por Cintia Mamaní.
Omar Cabrera, abogado patrocinante de Taboada, señaló que el Deliberante, al tomar conocimiento de lo ocurrido, efectuó la denuncia penal "y se reunieron pruebas citando a la persona que grabó el audio, quien reconoce que habría entregado dinero a cambio de las licencias".
Se cuestionó que el exintendente no haya asistido a las oficinas de la Fiscalía y se barajó la posibilidad de haber tomado dicha decisión, por los numerosos medios que se habían apostado en el acceso a la sala, esperando su llegada para ser interrogado al respecto, como sucedió con los restantes imputados.
Estos últimos no solamente fueron abordados por la prensa local en esa ciudad, sino también recibieron el repudio de la ciudadanía que ya estaba al tanto de lo ocurrido, por lo que fue una mañana como otras tantas donde ex y funcionarios municipales fueron el centro de la escena por su mal desempeño en el cumplimiento de sus funciones.
Básicamente ya se inició el proceso de investigación "y en caso de constatarse que recibieron el dinero, serán procesados y se elevará la causa a un juicio oral y público", aseguró el letrado, lo cual derivaría "es una condena y dependiendo del hecho delictivo comenzaría con seis años de prisión", aclaró.
Cabrera anticipó que se constituirá como querellante adhesivo para colaborar con la Justicia aportando pruebas que fundamenten la denuncia y conseguir a futuro una condena.
Taboada está conforme con lo trabajado hasta el momento sobre el tema, compromiso que asumió cuando asumió al frente del cuerpo deliberativo municipal y dar respuestas ante los hechos de corrupción que se puedan haber cometido.
