El gobierno de Donald Trump se encontraba ayer ante la perspectiva concreta de una nueva batalla legal por su nuevo decreto anti inmigración, que ya desató la ira del gobierno de Venezuela acusando a Washington de "terrorismo psicológico".
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El gobierno de Donald Trump se encontraba ayer ante la perspectiva concreta de una nueva batalla legal por su nuevo decreto anti inmigración, que ya desató la ira del gobierno de Venezuela acusando a Washington de "terrorismo psicológico".
El domingo, la Casa Blanca sorprendió al divulgar un nuevo decreto de Trump cerrando las puertas del país a ciudadanos de ocho naciones, después de dos tentativas -hasta ahora frustradas- de impedir el ingreso de "terroristas" al país.
En la nueva lista divulgada, la casa Blanca removió a Sudán, que figuraba en los dos decretos anteriores, pero añadió a Corea del Norte y a Venezuela, aunque en el caso del país sudamericano solamente afecta a determinados funcionarios públicos.
De acuerdo con el nuevo decreto, Venezuela "no coopera" con Estados Unidos en la verificación de antecedentes y potencial peligrosidad de sus propios ciudadanos, y por ello una lista de responsables gubernamentales tienen prohibido ingresar a territorio estadounidense.
En respuesta, la cancillería venezolana denunció ayer que esas listas de países elaboradas por Washington "son incompatibles con el derecho internacional y constituyen en sí mismas una forma de terrorismo psicológico y político".
El Gobierno venezolano advirtió que frente a ello podría tomar acciones "con arreglo al principio de reciprocidad".
El decreto determina además la suspensión total del ingreso de ciudadanos de Chad, Corea del Norte, Libia, Siria, Somalia y Yemen.
En el caso de Irán, se suspende el ingreso de ciudadanos a excepción de aquellos que ya posean una visa de estudiante o sean parte de un programa de intercambio.
Un nuevo decreto pero con el mismo carácter
Ayer, diversos analistas y grupos no gubernamentales apuntaron que, aunque este nuevo decreto haya incluido a Venezuela y a Corea del Norte, el espíritu del decreto sigue siendo claramente antimusulmán.
"Seis países de esa lista son islámicos. El hecho de que haya agregado a Corea del Norte, que envía un número insignificante de viajeros, y algunos funcionarios de Venezuela, no esconde la realidad de que este decreto prolonga el veto a musulmanes", dijo Anthony Romero, director de la Unión de Libertades Civiles (Aclu).
Becca Heller, del Proyecto Internacional de Apoyo a los Refugiados, opinó lo mismo: "Sigue siendo una exclusión de musulmanes", dijo.
Para el Centro Legal de Inmigración, una entidad que protege migrantes, "el añadido de Venezuela a la lista de los países afectados no elimina el carácter odioso y xenófobo de la política de Trump".
Para el abogado Justin Cox, del Centro Legal de Inmigración, si el presidente puede vetar indefinidamente el ingreso de ciudadanos de determinados países, "puede vetar el ingreso de trabajadores, básicamente puede hacer lo que quiera", criticó.