Washington (AFP-NA) -- Una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis institucional en Venezuela fue suspendida hoy por decisión de la presidencia encargada de Bolivia, ante la protesta mayoritaria de los países de la organización.
El diplomático boliviano Diego Pary denunció "imposiciones" y acotó que su delegación no había sido consultada sobre la reunión, pedida de urgencia por 20 países el viernes, tras un exhorto similar del secretario general, Luis Almagro.
Pary, que asumió formalmente este lunes las riendas del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) hacía referencia a que la reunión fue pedida durante el mandato de Belice.
Un grupo de 18 países, de los 35 activos que integran la organización, protestaron la suspensión en una nota formal, exigiendo a Bolivia la reprogramación de la sesión.
Pero fuentes diplomáticas confirmaron que se mantenía firme el apoyo de 20 países a la reunión.
Esas delegaciones imprimen carácter de urgencia a discutir el caso venezolano, debido a la crisis generada por la decisión del máximo tribunal de ese país de atribuirse facultades legislativas y retirar la inmunidad a los parlamentarios, en fallos luego parcialmente anulados.
La decisión de Bolivia, que no fue consultada, sorprendió a varias delegaciones diplomáticas, que rodearon a Pary previo a la ceremonia de intercambio de la presidencia del Consejo para obtener una explicación.
"Es desafortunado", lamentó a AFP la embajadora de Canadá, Jennifer May Loton, mientras que el representando mexicano, Luis Alfonso de Alba denunció un "abuso" de parte de la delegación boliviana "que en esta casa no se había visto".
La suspensión puso de relieve las divisiones en la organización continental: mientras Bolivia convocó a tratar el tema en una reunión informal, a puertas cerradas, embajadores contrarios se presentaron a la hora prevista en el salón del Consejo Permanente.
La sesión había sido pedida para ponderar si la OEA declara a Venezuela en violación de su orden constitucional en virtud de la Carta Democrática Interamericana, y activa mecanismos para presionar al país a convocar elecciones y liberar a opositores presos.