"Aténganse a las consecuencias del llamado al golpe de Estado que la pandilla aprobó ayer en la Asamblea Nacional", dijo Maduro al activar este martes un "comando antigolpe" integrado por figuras que se autoproclaman chavistas radicales.
En su primera reacción al acto legislativo del lunes, el mandatario afirmó que es un "manifiesto golpista, írrito, nulo", que incita a la violencia y da vía libre para sacarlo del poder por cualquier medio, incluida una intervención extranjera.
"Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré defendiendo la paz", afirmó Maduro en cadena de radio y televisión.
El Legislativo -de mayoría opositora- declaró al gobernante en "abandono del cargo" al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave crisis política y económica, y exigió la convocatoria a elecciones.
"Dicen ellos que abandono de cargo y hay 10 millones de estudiantes", se defendió Maduro al enumerar una serie de inversiones en sectores como educación, vivienda y salud.
La decisión parlamentaria fue demandada ayer por el oficialismo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno y que anticipó que la Asamblea no está facultada para destituir al presidente. El recurso pide además enjuiciar penalmente a los congresistas que la aprobaron.
El mandatario insistió en que la oposición -que arrasó en las elecciones legislativas de diciembre 2015- tiene "secuestrada" a la Asamblea y la utiliza para derrocarlo, por lo que instó al "comando antigolpe" a actuar con "firmeza".
"Si sabemos quiénes son los promotores de la violencia, actuemos preventivamente", exhortó junto a los integrantes de la comisión, anunciada el domingo y en la cual delegó "enteramente la lucha" contras las supuestas conspiraciones.
En cabeza del recientemente designado vicepresidente, Tareck El Aissami, el grupo lo conforman además Diosdado Cabello, número dos del chavismo; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior; y Gustavo González López, director del Servicio de Inteligencia.
Abandono del cargo
La Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela declaró el lunes que el presidente Nicolás Maduro incurrió en la figura de "abandono del cargo", que según la Constitución es causal de destitución, y reclamó la celebración anticipada de "elecciones libres y plurales" para cambiar al gobierno.
La declaración significó un nuevo escalón en el conflicto de poderes.
En efecto, el texto fue aprobado horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, reiterara en un comunicado que el Legislativo carece de facultades para emitir una opinión semejante.
Los defensores de la declaración alegaron que Maduro impidió la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea que habrían ayudado a superar la crisis económica, social y humanitaria que vive el país debido a la escasez de divisas, el desborde de la inflación y el desabastecimiento de alimentos, medicinas, insumos hospitalarios y productos de higiene.
También imputaron al mandatario haber retrasado procesos electorales, incumplido la función fiscal que le asigna la Constitución y promovido la devaluación de la moneda nacional, entre otros asuntos.
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"Aténganse a las consecuencias del llamado al golpe de Estado que la pandilla aprobó ayer en la Asamblea Nacional", dijo Maduro al activar este martes un "comando antigolpe" integrado por figuras que se autoproclaman chavistas radicales.
En su primera reacción al acto legislativo del lunes, el mandatario afirmó que es un "manifiesto golpista, írrito, nulo", que incita a la violencia y da vía libre para sacarlo del poder por cualquier medio, incluida una intervención extranjera.
"Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré defendiendo la paz", afirmó Maduro en cadena de radio y televisión.
El Legislativo -de mayoría opositora- declaró al gobernante en "abandono del cargo" al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave crisis política y económica, y exigió la convocatoria a elecciones.
"Dicen ellos que abandono de cargo y hay 10 millones de estudiantes", se defendió Maduro al enumerar una serie de inversiones en sectores como educación, vivienda y salud.
La decisión parlamentaria fue demandada ayer por el oficialismo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno y que anticipó que la Asamblea no está facultada para destituir al presidente. El recurso pide además enjuiciar penalmente a los congresistas que la aprobaron.
El mandatario insistió en que la oposición -que arrasó en las elecciones legislativas de diciembre 2015- tiene "secuestrada" a la Asamblea y la utiliza para derrocarlo, por lo que instó al "comando antigolpe" a actuar con "firmeza".
"Si sabemos quiénes son los promotores de la violencia, actuemos preventivamente", exhortó junto a los integrantes de la comisión, anunciada el domingo y en la cual delegó "enteramente la lucha" contras las supuestas conspiraciones.
En cabeza del recientemente designado vicepresidente, Tareck El Aissami, el grupo lo conforman además Diosdado Cabello, número dos del chavismo; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior; y Gustavo González López, director del Servicio de Inteligencia.
Abandono del cargo
La Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela declaró el lunes que el presidente Nicolás Maduro incurrió en la figura de "abandono del cargo", que según la Constitución es causal de destitución, y reclamó la celebración anticipada de "elecciones libres y plurales" para cambiar al gobierno.
La declaración significó un nuevo escalón en el conflicto de poderes.
En efecto, el texto fue aprobado horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, reiterara en un comunicado que el Legislativo carece de facultades para emitir una opinión semejante.
Los defensores de la declaración alegaron que Maduro impidió la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea que habrían ayudado a superar la crisis económica, social y humanitaria que vive el país debido a la escasez de divisas, el desborde de la inflación y el desabastecimiento de alimentos, medicinas, insumos hospitalarios y productos de higiene.
También imputaron al mandatario haber retrasado procesos electorales, incumplido la función fiscal que le asigna la Constitución y promovido la devaluación de la moneda nacional, entre otros asuntos.