El empresario detenido Lázaro Báez admitió ayer ante el juez federal Sebastián Casanello que Austral Construcciones SA recibió más de 208 millones de pesos de la firma suiza Helvetic Services Group como préstamo para la construcción de las represas de Santa Cruz.
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El empresario detenido Lázaro Báez admitió ayer ante el juez federal Sebastián Casanello que Austral Construcciones SA recibió más de 208 millones de pesos de la firma suiza Helvetic Services Group como préstamo para la construcción de las represas de Santa Cruz.
Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que el empresario presentó un escrito en el que rechazó irregularidades en el manejo de fondos públicos y se negó a contestar preguntas ante el magistrado, tras lo cual fue nuevamente trasladado al penal de Ezeiza, donde continuará detenido.
Báez, procesado por presunto lavado de activos, negó ser el dueño de Helvetic Services Group, radicada en Suiza, la cual adquirió a la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita".
El empresario reconoció que recibió ese dinero para participar en la construcción de las represas de Santa Cruz, en referencia a las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, y la cual finalmente fue asignada al grupo empresario Electroingeniería y a la estatal china Gezhouba.
En ese sentido, expuso que Electroingenieria ganó la licitación en el marco de un proceso regular y que la operación por la cual Austral Construcciones recibió de préstamo los más de 208 millones de pesos fue legal.
La nueva indagatoria a Báez fue por el ingreso desde el exterior, y a raíz de la liquidación de bonos, de la suma de 208 millones de pesos en las cuentas de la firma Austral Construcciones, de la cual es dueño.
Para Casanello, "existen sospechas concretas de que entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013, a través de una posible maniobra de auto-venta o autocompra de títulos de deuda pública por parte de Helvetic Services Group SA, se reingresó al país una suma aproximada de 33 millones de dólares que habrían sido insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A. en el Banco de la Nación Argentina".
Ello fue "a través de nueve cheques por un total de 208.840.876 pesos, endosados por Jorge Chueco (el abogado de Báez detenido por orden de Casanello) y depositados por Eduardo Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral".
"Las operatorias consistían en transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina SA a Helvetic Services Group SA; a su vez esta firma, que registraba una cuenta comitente en la sociedad de bolsa Financial Net Sociedad de Bolsa, adquiriría bonos de deuda soberana, luego esos títulos se transferían en dólares a través de un sistema de compensación y liquidación en Suiza y finalmente reingresarían al país para ingresar al patrimonio de Austral Construcciones SA", según la acusación del juez.
Previo a la indagatoria había circulado con fuerza la versión que indicaba que Báez pediría acogerse a la figura del "arrepentido", esto es, bajo la ley de protección a testigos e imputados, algo similar a la situación de Leonardo Fariña, quien dijo trabajar para el empresario y dio detalles del armado de estructuras financieras para supuestamente sacar dinero fuera del país.
Báez llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 8.30 y a las dos horas estaba frente al juez Casanello y al fiscal federal Guillermo Marijuan, bajo un fuerte operativo de seguridad con casco y un chaleco antibalas.
Suman 850 millones los bienes
Los 19 allanamientos en Chubut a propiedades de Lázaro Báez arrojaron un número contundente: $850 millones suman los bienes el empresario K analizados, hasta ahora, en Comodoro Rivadavia.
La cifra surge de la tasación realizada por los peritos que trabajaron allí. Los allanamientos comenzaron el fin de semana y se hicieron en corralones de Austral Construcciones; en oficinas de la empresa Kank y Costilla; en una cabaña en construcción en la zona del Cordón Forestal de Comodoro Rivadavia y en un emprendimiento de urbanización en el kilómetro 2,5 de Ruta Nacional 26.
También hubo procedimientos en oficinas de Austral Construcciones del Parque Industrial, en una concesionaria de autos de alta gama en Barrio Pueyrredón y ayer se produjeron nuevos allanamientos en oficinas del centro de la ciudad en cocheras que son propiedad de la empresa más importante de Báez .
Causa Hotesur: 400 cajas de documentos
El juez federal Julián Ercolini comenzó ayer a certificar las más de 400 cajas con documentación de la causa Hotesur que tenía bajo su resguardo el exjuez de la causa, Daniel Rafecas, en el inicio del traspaso de todo lo secuestrado en allanamientos en Santa Cruz y otras evidencias.
El traspaso de la causa entre los dos juzgados comenzó tras el fallo de la Cámara Federal porteña que derivó la totalidad de la causa Hotesur al juzgado de Ercolini, informaron fuentes judiciales.
Según los investigadores son unas 300 cajas que se encuentran bajo custodia de Prefectura Naval y otro centenar que fueron almacenadas en el juzgado de Rafecas.
El contenido de esas cajas será inventariado y certificado en tanto que Ercolini pedirá además a la Prefectura un listado detallado de quienes accedieron al lugar donde se resguardaron las cajas.
El jueves pasado la sala I de la Cámara Federal porteña dispuso que la causa en la que está imputada la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quede a cargo de Ercolini.
Así resolvió un conflicto de competencia generado a raíz de la decisión de Rafecas de dividir la investigación y desprenderse de parte de ella.
La pesquisa sobre supuesto lavado de activos en la empresa hotelera de la familia de la ex presidenta de la Nación quedó además encomendada por la Cámara a dos fiscales, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.
Fuentes judiciales anticiparon que Ercolini delegaría la investigación en los fiscales.
En sus inicios la causa estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadío, quien en 2015 ordenó allanamientos en Santa Cruz y secuestró casi 300 cajas de documentación. Pero luego la Cámara Federal lo apartó del caso al hacer lugar a un planteo de la defensa de la ex presidenta y quedó a cargo Rafecas. Durante casi un año el juez se dedicó a delimitar el objeto de la investigación y luego se declaró incompetente en la parte relacionada al lavado de activos. Durante ese lapso lo secuestrado en Santa Cruz estuvo bajo custodia.
Venganza popular
El empresario Lázaro Báez acusó ayer por escrito al juez Sebastián Casanello de llevar adelante una "venganza popular" en su contra, a raíz de su detención y los allanamientos en sus propiedades.
Fuentes judiciales informaron que el empresario santacruceño embistió en duros términos contra el juez también contra el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien estuvo al frente de los operativos judiciales en Santa Cruz.
Báez sostuvo que Casanello llevó adelante una "venganza popular" en su contra, a raíz de los allanamientos a sus propiedades, la detención en el penal de Ezeiza y lo que considera la afectación de sus derechos y garantías.
En ese sentido, le apuntó a Casanello por haber ordenado medidas para certificar los dichos del ahora "arrepentido" Leonardo Fariña y reclamó que haga lo mismo respecto a él.
Báez remarcó además que ninguno de los jueces que lo investigó siquiera lo llamó a indagatoria y, tras reconocerle al magistrado saber de derecho, aseguró que si se hiciera una consulta a distintos jueces, ninguno hubiese dispuesto su detención.
