Mientras se desarrolla un nuevo paro docente a nivel nacional y clases públicas frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Justicia rechazó ayer la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar para que la administración de Javier Milei cumpla con la actualización de los salarios universitarios y del monto de las becas estudiantiles.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la decisión que hizo lugar a una cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que dispone, puntualmente, el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado.
En el último día que le quedaba de plazo para hacerlo, el Gobierno finalmente promulgó en octubre pasado la Ley de Financiamiento Universitario, que lo insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023. Sin embargo, al igual que sucedió con la ley de discapacidad, su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. Por lo que los rectores decidieron ir a la Justicia para pedir el cumplimiento de la ley.
Los jueces ahora cuestionaron la apelación del Gobierno. Consideraron "poco serios" los agravios del Estado Nacional sobre que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta. La cautelar se limita únicamente a estos artículos referidos a sueldos y becas por su urgencia, dejando el resto de los temas para la sentencia definitiva.
También rechazaron la supuesta falta de imparcialidad de los jueces, por su condición de docentes. Además, relativizaron el impacto fiscal de la medida. Recordaron que en primera instancia el juez Martín Cormick consideró que representaba un ahorro "poco significativo" para el presupuesto global de gastos de la administración pública. Tomaron como referencia el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el impacto en un 0,23% del PBI.
El Gobierno nacional está trabajando en la posibilidad de interponer un Recurso Extraordinario Federal para que lo revise la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Una gran noticia. Una decisión extremadamente relevante para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto delicado como atravesamos. Lo que resta es que el gobierno cumpla con la orden judicial", dijo Franco Bartolacci, flamante presidente del CIN.
Y agregó: "Hemos sido muy firmes, responsables y serios a lo largo de este tiempo tan complejo para el sistema universitario y científico. Hemos priorizado siempre los caminos institucionales para reclamar los recursos mínimos e indispensables que el sistema requiere".
