La flamante legisladora provincial del bloque del PJ, Noemí Isasmendi, inició su labor parlamentaria elevando a la presidencia del cuerpo en la segunda sesión ordinaria, cinco proyectos de su autoría: dos de ley, uno de resolución, uno de declaración y uno de solicitud de informes. En el de resolución la diputada propone un convenio de transferencia de funciones operativas y ejecución de obras viales en rutas nacionales. El objeto es "brindar una solución concreta e inmediata a la crisis de infraestructura vial que atraviesa nuestra provincia", defiende su iniciativa.
"Es de público conocimiento que el Gobierno nacional paralizó la obra pública, dejando tramos vitales de nuestra red troncal nacional -como la ruta nacional 34- en un estado de abandono que no solo pone en riesgo la vida de miles de jujeños, sino que obstaculiza severamente el desarrollo productivo regional". En ese contexto, "debemos comprender que la seguridad vial no puede ser reducida a una mera cuestión de mantenimiento técnico; se trata ante todo, de una garantía del derecho a la vida y a la integridad física".
El deterioro de las rutas 34 y 66 las transformó "en escenarios de siniestralidad recurrente. La presencia de deformaciones en la calzada (ahuellamientos), la ausencia de señalización refractaria y la falta de iluminación en cruces críticos obligan a los conductores a realizar maniobras evasivas peligrosas". En este sentido, "un bache en una ruta de alta velocidad no es un simple desperfecto: es un arma. Por ello una intervención provincial inmediata permitiría reducir drásticamente los índices de mortalidad vial, protegiendo así el capital más valioso de nuestra provincia: su gente".
Asimismo destaca que la provincia presenta una geografía que exige conectividad eficiente para evitar el aislamiento de las comunidades. "Las rutas nacionales constituyen el tejido que une a las familias, permitiendo acceso a centros de salud de alta complejidad, edificios educativos y servicios administrativos concentrados en San Salvador de Jujuy".
En consecuencia, "cuando una ruta nacional colapsa, se corta el cordón umbilical de los pueblos del interior. Garantizar la transitabilidad es asegurar que una ambulancia llegue a tiempo y que un docente pueda cumplir con su labor, eliminando las barreras que hoy profundizan la brecha entre la capital y el interior profundo".
Desde una perspectiva económica, Isasmendi sostiene que Jujuy se posiciona como un polo logístico estratégico en el Corredor Bioceánico, pero el estado calamitoso de las rutas encarece directamente los costos de transporte y fletes debido al mayor desgaste de las flotas y los tiempos de viaje prolongados".
Asimismo esta situación afecta la competitividad de sectores clave como el tabacalero, azucarero y la creciente industria del litio, y remarca que es indudable una infraestructura eficiente como base de la seguridad jurídica para la inversión. "Ninguna industria puede expandirse si no cuenta con canales seguros para mover su producción". Al intervenir en las rutas, "la Provincia no solo realizará una reparación técnica, sino una inversión productiva con un retorno directo en el sostenimiento del empleo local", remarca en el proyecto. "No podemos olvidar que la infraestructura vial es la puerta de entrada a la provincia, el turismo es uno de los pilares de nuestro desarrollo e identidad, y la experiencia del visitante comienza precisamente en la ruta".
La ruta nacional 52 (a Salinas Grandes) y los accesos por la 34 y 9 "son la carta de presentación de Jujuy al mundo", entonces "resulta contradictorio aspirar a un turismo de alta calidad si los trayectos hacia nuestros Patrimonios de la Humanidad representan una odisea para los viajeros. Mejorar nuestras rutas es fortalecer la Marca Jujuy, garantizando que el turista regrese y recomiende nuestro destino, lo que se traduce en mayores ingresos para la hotelería, la gastronomía y el artesanado regional".
Ante este panorama, a sus pares se dirige sosteniendo que "no podemos ser espectadores de la desidia" y cita que el marco legal vigente "nos ampara para tomar la iniciativa y ejercer nuestra autonomía", señalando la Ley Provincial N° 2.418 (Orgánica de Vialidad) que en su Artículo 6, faculta expresamente a la Dirección Provincial de Vialidad a ejecutar obras en caminos nacionales, siempre que exista interés provincial o se promueva el desarrollo económico".
Asimismo cita la Ley Nacional de Vialidad N° 505/58 que en su artículo 29 permite a la Nación celebrar convenios de delegación de facultades operativas con las provincias para el mantenimiento de la red nacional. Y aclara que esta estrategia de Federalismo de gestión, no es un ensayo, sino una herramienta que está siendo aplicada con éxito en otros distritos del país para enfrentar la emergencia vial.
Haciéndose eco de las palabras de funcionarios del Gobierno provincial sobre el superávit fiscal en la gestión, consideró que "no existen impedimentos técnicos ni financieros, sino únicamente la necesidad de una decisión política para que ese excedente de recursos se transforme en asfalto, iluminación y seguridad"
"Mantener recursos ociosos mientras la infraestructura básica se desmorona constituye una contradicción ética y política. La inversión en estas obras tendrá además, un efecto multiplicador en la economía provincial, reactivando el sector de la construcción y generando puestos de trabajo genuinos".
Remarca que si Nación no repara las rutas, Jujuy debe hacerse cargo. "La soberanía provincial se defiende gestionando y protegiendo a los ciudadanos". Y en el conjunto de la red vial asimismo es imprescindible que se priorice la pavimentación, mantenimiento y reparación de todas las rutas provinciales por iguales fundamentos a fin de buscar una solución integral al estado de las mismas en toda la provincia.
Mediante su proyecto de resolución, Isasmendi insta al Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, y la Dirección Provincial de Vialidad, iniciar de manera urgente las gestiones ante el Ejecutivo nacional y la Dirección Nacional de Vialidad, tendientes a la suscripción de un Convenio de Transferencia de funciones operativas.
El objeto de dicho convenio será delegar a la Provincia la facultad de intervención, mantenimiento, bacheo y mejora de la iluminación en los tramos de las rutas nacionales 34, 66, 9, 40 y 52 que atraviesan el territorio provincial, utilizando para ello recursos propios provenientes del superávit del Tesoro provincial.
Además insta al Ejecutivo provincial para que a través de Infraestructura y la Dirección de Vialidad, inicie de manera urgente el debido relevamiento y puesta en ejecución de la pavimentación, mantenimiento y reparación de las rutas provinciales bajo su jurisdicción.
Y por último fija que la Provincia deberá prever en dicho instrumento los mecanismos de compensación de deudas o reintegro de inversión por parte del Estado nacional, a fin de resguardar el patrimonio de la provincia.
