Familiares de efectivos de la Gendarmería Nacional, Policía Federal y Servicio Penitenciario realizaron esta mañana una protesta en distintos puntos del país, incluyendo la provincia de Jujuy, exigiendo mejoras salariales para los uniformados. Denuncian que los sueldos actuales resultan insuficientes para cubrir los costos de vida, especialmente para aquellos destinados a otras provincias, donde los alquileres consumen una parte significativa de sus ingresos.
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Familiares de efectivos de la Gendarmería Nacional, Policía Federal y Servicio Penitenciario realizaron esta mañana una protesta en distintos puntos del país, incluyendo la provincia de Jujuy, exigiendo mejoras salariales para los uniformados. Denuncian que los sueldos actuales resultan insuficientes para cubrir los costos de vida, especialmente para aquellos destinados a otras provincias, donde los alquileres consumen una parte significativa de sus ingresos.
Según los manifestantes, un gendarme con 10 años de antigüedad percibe un salario de aproximadamente 600.000 pesos. Sin embargo, al ser trasladados a otras provincias, deben destinar entre 250.000 y 350.000 pesos al pago del alquiler, lo que reduce drásticamente su capacidad de afrontar otros gastos esenciales. Además, advierten que muchos agentes se ven obligados a solicitar préstamos para poder llegar a fin de mes, lo que agrava su situación económica y la de sus familias.
En respuesta a esta crisis, los familiares anunciaron una convocatoria para una concentración nacional el próximo 25 de febrero. La movilización se realizará de manera simultánea en distintas provincias con el objetivo de exigir un aumento salarial acorde a la realidad económica actual.
Uno de los puntos más criticados por los manifestantes es el incremento del 5% que el gobierno nacional prevé otorgar, lo que equivale a un aumento de entre 30 y 40 mil pesos, monto que, según afirman, apenas alcanza para comprar unos pocos kilos de carne.
La protesta se enmarca en un contexto de creciente malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales, quienes aseguran que las condiciones laborales y salariales han empeorado en los últimos meses. A la espera de una respuesta oficial, los familiares continúan organizándose para visibilizar su reclamo y presionar por una mejora sustancial en los ingresos de los efectivos.