Antonio Garzón es docente en la Escuela de Formación Profesional N° 13 "Damas Mendocinas" de la ciudad de Palpalá y se acercó a este diario para realizar una denuncia por presunta estafa a los estudiantes de la institución por parte de seis profesores del lugar, además de incluir a la Dirección de Educación Técnico Profesional (Detp), por supuesta connivencia.
Este caso que ya fue presentado ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad de las Personas y Homicidios, con sede en la capital jujeña. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuestas.
"En el año 2021 se armó una asociación cooperadora donde el señor director en ese momento la organizó, pero para dar conformismo a los alumnos, a los docentes. Porque ya se venía haciendo una práctica de cobrar bono contribución, cobrar bono a través de un recibo apócrifo", comenzó Garzón ante El Tribuno de Jujuy, exponiendo una serie de irregularidades en el establecimiento escolar.
Es una de las cuestiones denunciadas el pasado 29 de septiembre en la Fiscalía. "El exdirector Ramón Torres junto a sus docentes titulares de confianza, le exigían el pago de 10 mil pesos en efectivo a los alumnos para ingresar a las ofertas formativas que ofrecía la Escuela Profesional N° 13 Damas Mendocinas. Y el alumno que no pagaba lo excluían de la escuela. (Ellos) Recaudaban más de 23 millones de pesos con la connivencia de los funcionarios de turno de la Dirección de Educación Técnico Profesional (Detp)", de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este medio.
Ante esta situación, los estudiantes en junio de 2024 conformaron una Junta Electoral compuesta por dos docentes de la casa de estudios y varios alumnos de la misma. De esta manera, convocaron a una asamblea general ordinaria para elegir a los integrantes de la nueva comisión directiva de la Cooperadora que fuera creada en 2021.
De esta manera, los estudiantes le solicitaron al director de la institución de ese entones que la Cooperadora tenga personería jurídica, a lo cual el directivo se negó. "La Fiscalía de Estado al no tener la personería jurídica no se mete, no tiene nada para controlar. Entonces ellos (los docentes de la escuela) seguían cobrando el bono contribución con recibos apócrifos. Desde el 2021 hasta el 2024 casi 23 millones de pesos que ha recaudado. No hizo ningún gasto en la escuela que se pueda probar", remarcó Garzón, quien se desempeña como docente en la oferta formativa denominada "Reparación y Mantenimiento de Equipos Electrónicos".
Personería jurídica
El artículo 3 de la ley provincial N° 5518 "De las Asociaciones Cooperadoras Escolares", les exige a las mismas la existencia de una personería jurídica. Además, las cooperadoras son un ente de carácter obligatorio para "todos los establecimientos educativos que integran el Sistema Educativo Provincial, de gestión pública o privada cuando fueren subsidiados por el Estado", de acuerdo a lo que reza el artículo 1 de la mencionada legislación.
En este contexto, sin personería jurídica ni rendición de cuentas, el 8 de julio de 2024 los alumnos le realizaron una solicitud a Ramón Torres elevando sus quejas, las cuales quedaron plasmadas en un acta, la N° 22. En la misma, firmada por siete docentes, "pidiéndole a Torres que le entregue a la Junta Electoral, formada el 18 de junio de 2024 por dos docentes y varios alumnos de la escuela, todo el dinero cobrado como cooperadora. Que le entreguen el patrimonio a la cooperadora. Que dejen de seguir estafando y sobornando a los alumnos/as. Que les entreguen los balances firmados y sellados por un contador público desde el 2021. Que les entreguen las facturas originales de compra", de acuerdo a la documentación que este medio de comunicación accedió.
Sin embargo, al día de la fecha, luego de casi un año y medio del mencionado reclamo los estudiantes no obtuvieron respuesta alguna. En este estado de situación, cabe agregar que el artículo 11 de la mencionada legislación jujeña establece que "las Asociaciones Cooperadoras están obligadas por esta Ley a presentar anualmente ante Fiscalía de Estado la rendición de Cuentas de la gestión realizada, de acuerdo a las previsiones del Estatuto y los requisitos y modalidades establecidos por el organismo de contralor. Dicha rendición deberá ser avalada por el responsable del establecimiento educativo correspondiente y los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas", otro punto que no se estaría cumpliendo.
Antes de concluir el 2024, Garzón le solicitó al máximo directivo de la institución "que notifique a los integrantes de la Junta Electoral y que le rinda el dinero cobrado por la dirección como Cooperadora, sin personería jurídica, y que le haga entrega de todos los bienes comprados con el dinero de Cooperadora, que entregue el patrimonio de la misma", pedido por el cual no tuvo contestación.
La continuidad de la práctica durante el presente año
Llegado el presente año, la Escuela de Formación Profesional N° 13 “Damas mendocinas” de la ciudad de Palpalá cambió a su autoridad máxima y en la primer reunión previa al ciclo lectivo 2025, el denunciante Antonio Garzón planteó la situación. “Este señor Martín Navarro, el nuevo director, en el 2025 reúne a toda la docencia y lo primero que dijo fue ‘a ver, ¿cuánto cobramos? Cobramos 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos’.
Eso está asentado en la primera acta. Entonces, yo como estaba presente, le digo ‘pero escúcheme, esto es ya una práctica natural de cobrar y cobrar, cuando el estatuto docente prohíbe el cobro’”, recordó el entrevistado. Ante este planteo, el directivo respondió “’no, soy el nuevo director y voy a cobrar’.
Y empezó a cobrar. 23 ofertas formativas, 40 alumnos, 20 mil pesos cada uno. Al que no pagaba, lo echaba. Recaudó 18 millones de pesos. Lo recaudó y no dio respuesta”, repasó Garzón. Así fue cómo las prácticas denunciadas por el docente que se acercó a este diario continuaron a lo largo del presente año.
En el transcurso de la entrevista también hubo lugar para hablar del contexto que están atravesando los estudiantes que tiene en el aula en cada jornada. “Me da ánimo de esto porque los chicos que van son adultos. No tienen un ‘mango’ para sacar fotocopias. 40 alumnos que han pagado 20 mil pesos, yo tengo 21 alumnos sentados. Muchos se han ido porque nopodían costear el boleto ida y vuelta y se fueron. Tengo 21 alumnos cara a cara conmigo, mientras el señor director Navarro ha perdido toda la documentación y nos han dejado sin nada y los 18 millones quedan ahí, no rinden cuenta.
Ese dinero era para comprar cosas para la escuela”, remarcó el docente. Al finalizar, Antonio Garzón expresó su deseo de “que corrijan esto. Que esta práctica no sea lo mismo. A los docente nos piden una cantidad de títulos, unas cuantas cosas para poder trabajar, que enseñemos que las cosas sean transparentes, que otorguen recibos los chicos cuando hagan trabajos, que tengan habilitación municipal y ellos están con una cortina, corriéndola en la dirección y cobrando los 18 millones de pesos. No se la puede cambiar a la escuela, se los puede cambiar a los protagonistas. Que, por lo menos, respeten el estatuto docente ya que la Justicia mira para el otro lado”.