Un abogado del fuero local de la ciudad de San Pedro de Jujuy, fue demandado penalmente por el delito de estafa y acusado de otros hechos fraudulentos, perpetrados en contra de una familia de esta ciudad. Ante la marcada ilegalidad y el accionar fraudulento del letrado, la familia sostuvo que llamativamente, un juez resolvió todo a favor del abogado, mientras que ellos como damnificados, nunca obtuvieron respuesta por parte del magistrado que prosiguió dictaminando en su contra.
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Un abogado del fuero local de la ciudad de San Pedro de Jujuy, fue demandado penalmente por el delito de estafa y acusado de otros hechos fraudulentos, perpetrados en contra de una familia de esta ciudad. Ante la marcada ilegalidad y el accionar fraudulento del letrado, la familia sostuvo que llamativamente, un juez resolvió todo a favor del abogado, mientras que ellos como damnificados, nunca obtuvieron respuesta por parte del magistrado que prosiguió dictaminando en su contra.
De acuerdo a lo expresado por los cuatro hermanos, integrantes de la familia damnificada, confiando en la amistad que mantenían con el letrado, contrataron su servicio para que los represente en una demanda por daños y perjuicios y convinieron el pago total de sus honorarios y hasta finalizar el proceso, con la entrega de 30 hectáreas de la finca de propiedad de la familia, ubicada en la localidad de Palma Sola.
El abogado hizo elaborar por quien era entonces su pareja, un boleto de compra-venta, donde hizo poner como supuestos compradores a sus propios padres, a quienes también los hermanos demandaron por el presunto delito de estafa.
Al tomar conocimiento por parte de un magistrado, que el abogado que lo representaba no respondía las notificaciones ni se apersonaba en el Juzgado, el padre de familia damnificada (actualmente fallecido), le revocó el poder y contrató otro letrado.
Fue entonces cuando Daniel Alejandro Díaz, pese a que oportunamente convino el pago de sus honorarios con la entrega de las 30 hectáreas de tierra, le inició una nueva demanda por el "pago de honorarios", pedido que insólitamente el juez Horacio Macedo, resolvió a favor del abogado ordenando el pago de más de un millón de pesos, depósito judicial que efectuó la familia en agosto del año pasado y que Daniel Alejandro Díaz, los cobró en febrero de este año.
Sentencia millonaria
Los hermanos Julio, Pablo, Salvador y Mariana Singh, tuvieron que acudir al actual abogado que los representa, para poner freno al accionar de Daniel Alejandro Díaz, que según la denuncia penal "continúa estafándolos y promoviendo juicios", para que ahora la familia, entregue a sus padres, las 30 hectáreas a que de acuerdo al boleto de compra-venta, se realizó por pago total de sus honorarios profesionales.
Claro está que el abogado cobró judicialmente sus honorarios, pero no conforme, interpuso otra demanda por las 30 hectáreas de la finca y una suma indemnizatoria, logrando una sentencia millonaria a favor de sus padres, que insólitamente el juez Macedo en septiembre del 2023, dejó firme, "habiendo promovido ejecución de sentencia para lograr la escrituración de las 30 hectáreas, además de fijar una indemnización de daños y perjuicios a favor de los padres del abogado Daniel Alejandro Díaz, por la suma de más de 28 millones de pesos, más otros 14 millones, a lo que hay que sumarle los honorarios de Daniel Alejandro Díaz, regulados en esa causa, que asciende a otra suma millonaria.
"Lo que pedimos es justicia"
Los hermanos Julio, Pablo, Salvador y Mariana Singh, son los propietarios de la finca, que por aquel entonces usufructuaba su padre y relataron que "en el año 2003, arrendó una parte a un tercero que tenía gente trabajando y uno de los jornaleros sufrió un accidente y falleció. La madre del jornalero inició una demanda en contra de nuestro padre y allí, es donde nosotros, por la amistad que había, contratamos al abogado Daniel Alejandro Díaz, para que nos represente y comenzó este calvario.Nos está cobrando dos veces sus honorarios y hay una estafa de por medio. Decimos esto, porque cuando iniciamos el proceso y tomamos el patrocinio de Díaz, arreglamos que en forma de pago por la totalidad de los honorarios, hasta la finalización del proceso, realizaríamos la entrega de 30 hectáreas de nuestra finca. El abogado trabajó un tiempo y luego se desentendió del tema, entonces nuestro padre le revocó el poder".
"Es allí cuando este abogado inicia un juicio por incumplimiento de contrato, estamos hablando de las 30 hectáreas que se la íbamos a entregar en el caso de que él termine el proceso de defensa y juicio de la persona fallecida. Los dos juicios que se iniciaron en 2006/07, recién tuvieron sentencia firme el año pasado. El juez Horacio Macedo, resolvió todo a favor del abogado Daniel Alejandro Díaz y ordenó escriturar las 30 hectáreas, más el monto por daños y perjuicios que asciende a más de 40 millones de pesos, también dio lugar a la medida de no innovar desde el año 2007, generándonos un perjuicio terrible, porque no tenemos con que solventar este tipo de gastos. El año pasado el juez Horacio Macedo dio a favor de este abogado, el cobro de honorarios por el tiempo que trabajó desde el momento uno hasta que nuestro padre le revocó el poder. Daniel Alejandro Díaz ya cobró esos honorarios, noo entendemos por qué si los honorarios ya están cubiertos, el juez Horacio José Macedo que actúa en la Cámara Civil y Comercial N° 4, Vocalía 10, dio sentencia al juicio de incumplimiento de contrato y honorarios".
Los damnificados sostuvieron que "la maniobra de Daniel Alejandro Díaz, al hacer redactar el boleto de compra-venta a favor de sus padres, fue a sabiendas de que los abogados no pueden cobrar por adelantado, por lo tanto, creemos que fue una manera de cubrir que estaba incurriendo en un delito".
En junio "llegamos a un acuerdo con el juez Macedo, para transferir las 30 hectáreas, en función del levantamiento total de la medida cautelar. Ese es otro tema que no entendemos, porque nuestra propiedad tiene muchas hectáreas más y la parte en cuestión es 30 hectáreas. El daño que nos ocasiona al bloquearnos totalmente, es muy grande. Esa es la parte desmedida o el abuso del poder de la justicia que no entendemos, queremos saber por qué el juez Macedo le dio tanto lugar a este abogado, quien con la complicidad del juez Macedo, sigue insistiendo de que nosotros tenemos que pagar, aparte otros 40 millones de pesos".
Confusión de patrimonio
Mariana Singh dijo que su padre falleció en el año 2009, cuando ya se habían iniciado todos los procesos, "en el primer juicio contra la familia por el jornalero fallecido, después de la sentencia se elevó una apelación al Superior Tribunal, que dio vuelta el veredicto porque había confusión de patrimonio, la madre del jornalero tendría que haber actuado contra mi padre Julio César Singh, no contra nosotros los cuatro hermanos, entonces el Superior Tribunal dio vuelta el fallo y nos liberó a nosotros como propietarios de la finca, vale decir que la finca no se toma dentro de los bienes del juicio del jornalero, por entenderse que no era propiedad de Julio César Singh, sino de sus cuatro hijos. Hasta ese momento, el abogado Daniel Alejandro Díaz, no se había percatado de que había una confusión de patrimonio, hasta que un abogado de San Salvador de Jujuy, Guillermo Figueroa, es el que impulsa la confusión de patrimonio que el Superior Tribunal da fe y revierte el fallo, hace lugar a la apelación y queda que el único responsable es mi padre porque tenía el derecho de usufructo. La propiedad fue donada en el año 1986, somos propietarios, no nos cabe responsabilidad sobre el hecho que se le endilga a mi padre. Él murió y a nosotros nos involucraron, pero nunca nos llegó una cédula de citación para que nos presentarnos en el Juzgado", dijeron tras enfatizar que "nos sentimos estafados, queremos la liberación total de las tierras, que destraben la propiedad, es una fuente de trabajo, no hay razón para que la justicia haya inhibido más de 8 mil hectáreas, habiendo pagado los honorarios de este abogado".