En el plan sistemático de represión y eliminación física de personas que llevó adelante la dictadura, las universidades tuvieron un espacio importante.
Cuando el Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-, con la Presidencia de la Universidad Nacional de Jujuy, puso, en 2021, a disposición del público en general, las Actas del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (1977-1983) se hizo evidente que ese plan se llevó adelante en las instituciones de educación superior.
Hacia 2017, revisando la biblioteca que se encontraba en la sede que ocupaba el CIN, en el barrio de Recoleta en Buenos Aires, nos sorprendió descubrir que se encontraban allí, encuadernadas, las actas de reuniones periódicas del llamado Consejo de Rectores de Universidades Nacionales - Crun-, de aquella ominosa época.
A poco de revisar las actas se pudo constatar que eran documentos importantes para comprender los hechos que acontecían en nuestras instituciones. Y, así, por decisión de las rectoras y los rectores del CIN, se dispuso su digitalización para incorporarlas a la biblioteca pública del Consejo, disponible en su página web (www.cin.edu.ar).
En un primer momento la Junta Militar nombró como interventores en cada una de las universidades nacionales a oficiales de las fuerzas armadas, en algunos casos de menor grado. Hacia fines de 1976 se pasó a designar, como rectores a personas de extracción académica. Este hecho indica la importancia que se le otorgaba a estos cargos por parte de aquella Junta.
El Crun nació el 12 de mayo de 1967 en ese contexto de intervención militar a las universidades nacionales. Su función era coordinar políticas bajo supervisión gubernamental, limitando la autonomía universitaria. Actuaba como órgano consultivo del Ministerio de Educación, alineando las universidades con los planes del régimen.
Las actas dan testimonio del período que se caracterizó por la expulsión de docentes universitarios, el cierre de carreras "sospechosas" (Sociología, Ciencias Políticas), la fuga de cerebros y la desaparición de miembros de la comunidad universitaria, entre otras políticas de desmantelamiento del sistema de educación superior.
Estas acciones se apoyaban en la Ley 21.276, ("Prioridad para la normalización de las Universidades Nacionales") establecida inmediatamente después de la interrupción del proceso democrático. Se le otorgaba al Ministerio de Cultura y Educación las atribuciones de estatutos y asambleas, y se prohibía toda actividad considerada subversiva.
Aunque la norma de creación solo incluía a las máximas autoridades de cada universidad, en todas las reuniones participaron delegados de las tres fuerzas armadas, en todos los casos oficiales de alto rango.
Quedó asentado en esas actas que aquellos rectores expresaban un total acuerdo con los llamados principios del gobierno de facto y su accionar. Así, en su primera reunión, el entonces ministro de Cultura y Educación expresaba ante las autoridades universitarias que "no debe descuidarse el triste telón de fondo de la subversión en el país... el éxito real de las Ffaa puede inducir a muchos a considerar que el problema está superado... Si los que están en el ámbito universitario creyeran esto así, cometerían el peor de los errores".
También, se puede apreciar que en las reuniones se trataban puntos que eran reservados, ya que se registraba, explícitamente, que, en ciertos momentos, se pasaba a deliberación secreta. El contenido de lo tratado en aquellos tramos de los encuentros, no se asentaba en actas. Esto muestra que aquellas autoridades conocían los detalles de las acciones represivas que se llevaban adelante contra miembros de la comunidad universitaria y, eventualmente, las consentían y facilitaban. Un ejemplo de ello son resoluciones de baja de estudiantes por información recibida del Poder Ejecutivo, en determinadas casas de altos estudios.
Durante todo este período queda expuesto que el Crun funcionó en complicidad con el régimen imperante, fue disciplinador en el ámbito universitario y promovió temas centrales como arancelamiento, cierre de carreras, cupos, normas de ingreso y la Ley 22.207 para las universidades, dictada en 1980.
La publicación de las actas del Crun de este período, por parte del CIN, permite acceder a información relevante de los años de plomo en Argentina al público en general, y, en particular, a aquellos investigadores que sigan analizando el accionar de la dictadura. Más allá de que, al menos en las partes de las reuniones cuyo contenido quedó debidamente asentado, no se da cuenta de casos y personas individuales, queda claro que las medidas represivas eran totalmente conocidas por los integrantes del Consejo.
Cuando se habla de actores de la sociedad civil que acompañaron los planes de la dictadura hay un testimonio claro, en estas actas, acerca de la participación de miembros del ámbito académico en la represión.
