Por AlejandroSafarov
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Por AlejandroSafarov
Director de Carrera Relaciones Internacionales UCSE-DASS Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP y del Consejo Federal de Estudios Internacionales -CoFEI-
El Caribe volvió a ser escenario de tensiones geopolíticas. Estados Unidos el martes pasado 2 de septiembre lanzó un ataque contra un barco que, según Washington, trasladaba integrantes del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que se expandió por toda Sudamérica. El operativo dejó once muertos y fue acompañado por un despliegue inédito: ocho buques de guerra, submarinos nucleares, 4.500 marines y cazas F-35 estacionados en Puerto Rico, su Estado asociado.
Oficialmente, la misión se justifica en la lucha contra el narcotráfico, que también incluye al Cartel de los Soles, organización con vínculos directos con el poder venezolano, pero la pregunta es ¿la magnitud puede revelar otra intención? Y la respuesta sin dudas es enviar un mensaje directo al régimen de Nicolás Maduro, por las buenas o por las malas.
La acción abrió debates sobre su legalidad y despertó el sentimiento latente de antiimperialismo en toda la región, que luego escaló más aún por sobrevuelos de aviones militares venezolanos cerca de la flota norteamericana. Se cuestiona que la incursión de la potencia hegemónica se realiza en aguas internacionales y sin amenaza inmediata. Pero teniendo en cuenta los antecedentes de intervención en otras épocas, y los dos últimos eventos más cercanos en el tiempo, Granada y Panamá en 1983 y 1989 respectivamente, generan rechazos en sectores nacionalistas y de la izquierda regional.
Washington ampara su decisión en el concepto de "guerra híbrida" contra el narcoterrorismo, lo que habilita al Ejecutivo a actuar sin el aval del Congreso. Para colmo de "males" Trump acaba de renombrar al Ministerio de Defensa como ministerio de Guerra. El dilema es claro: ¿estamos ante un operativo legítimo o frente al retorno de la política del garrote?
Durante la administración Biden la relación fue distinta. La crisis energética global obligó a flexibilizar sanciones y habilitar acuerdos petroleros con Caracas. El petróleo venezolano se convirtió en un recurso necesario tras la guerra en Ucrania. Ese interludio creó una convivencia incómoda: Maduro obtenía oxígeno económico y Biden evitaba una crisis de precios. Con Trump de regreso, la lógica cambió: el petróleo dejó de ser excusa y el énfasis pasó de la amenaza al uso de la fuerza para reposicionar la influencia de Washington en la región que hace tiempo no mostraba ese repliegue.
Venezuela no se sostiene sola. Su economía depende de préstamos multimillonarios de China y Rusia garantizados con petróleo; Moscú respalda con armas y apoyo político en la ONU; Irán aporta combustible, refinerías y drones; y la Unión Europea, aunque sanciona, mantiene canales de diálogo por necesidad energética.
Caracas es un nodo de la multipolaridad o como dice el experto en geopolítica mexicano árabe Alfredo Jalife-Rahme Barrios, de tripolaridad en referencia a China, Estados Unidos y Rusia: por lo tanto enfrentarse a Maduro es también confrontar con la red de aliados que lo sostienen.
A ello se suma una verdad incómoda: la continuidad del chavismo no sería posible sin el silencio de gobiernos y militantes latinoamericanos que justificaron o minimizaron las violaciones del régimen en nombre de la soberanía. No se trata solo de fraude electoral: hubo y hay persecución de opositores, desapariciones, muertos, violencia política, corrupción estructural y un éxodo de millones de personas. ¿Dónde está el mea culpa de quienes lo avalaron? La comunidad internacional debe ser coherente: la soberanía no puede ser excusa para legitimar dictaduras que destruyen a sus pueblos.
Marco Rubio reforzó la ofensiva diplomática. En Ecuador ofreció equipos, financiamiento y entrenamiento para combatir el narcotráfico; en México planteó un frente común contra los cárteles. El mensaje es cada vez más claro y evidente: Estados Unidos no abandona el hemisferio y busca convertir la lucha contra el narco en una guerra hemisférica bajo su liderazgo. Pero esta estrategia recuerda a los viejos tutelajes, donde los países de la región aparecen más como receptores de ayuda que como socios iguales.
El problema es que la militarización puede generar más inestabilidad, sino recordemos el Plan Colombia. Al equiparar narcotráfico con terrorismo, se abre la puerta a un uso discrecional de la fuerza. La experiencia de la "guerra contra el terror" en Medio Oriente mostró los riesgos de intervenciones largas y costosas con resultados ambiguos.
En América Latina, una respuesta exclusivamente militar puede contener a corto plazo, pero difícilmente construya soluciones duraderas sin inversión social, instituciones sólidas y cooperación genuina.
El desafío es enorme. El narcotráfico atraviesa fronteras y corroe Estados, pero las soluciones no pueden limitarse al garrote. Es necesario un enfoque integral que incluya inclusión social, desarrollo económico, cooperación judicial y marcos multilaterales. La región debe evitar que la única voz en este debate sea la de Washington, es momento que todos los organismos regionales decidan enfrentar de una vez por todas el problema.
Más allá de la narrativa oficial, surge la pregunta madre: ¿qué hay detrás de este embate? Algunos analistas sugieren que Maduro se convirtió en moneda de cambio en una negociación global, que se cristalizó en la cumbre de Alaska entre Putin y Trump. Un Trump que busca recuperar influencia abriendo un nuevo capítulo para el destino manifiesto. Rusia en cambio quiere consolidar sus avances en Crimea y el Donbás, y China, cercana tanto a Moscú como a Caracas, podría fungir como garante. ¿Estamos ante un intercambio silencioso donde Venezuela es la ficha regional de un acuerdo en Europa del Este? Falta poco para saberlo.
En Estados Unidos crece además la convicción de que el narcotráfico y la migración forman parte de una guerra híbrida que busca desestabilizar al país desde adentro. El fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes (se han estimado unos 87.000 fallecimientos entre octubre de 2023 y septiembre de 2024), y la presión migratoria en la frontera sur son vistos como instrumentos de desgaste. Algunos sostienen que Venezuela y sus aliados han fomentado estas dinámicas. Desde esta narrativa, desplegar poder militar en el Caribe no es solo combatir drogas, sino cortar los hilos de esa guerra, antes de que golpee más fuerte dentro del país.
Lo que ocurre en el Caribe es una señal del rumbo que Estados Unidos quiere imprimir en su relación con América Latina. Donald Trump muestra músculo militar, Rubio ofrece recursos y ambos buscan reposicionar la hegemonía norteamericana. El riesgo es repetir viejos errores: militarizar problemas sociales, erosionar soberanías y convertir a la región en un tablero de disputa de potencias.
En América Latina la grieta ideológica desactiva la cooperación y la única alternativa es clara: construir una voz propia, apostar por la integración y moverse con inteligencia en un mundo donde, una vez más, las potencias juegan fuerte y nuestra región no debería limitarse a ser espectadora.
(*) El licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro G. Safarov es integrante del Consejo Federal de Estudios Internacionales (Cofei), Departamento de América Latina y el Caribe IRI-UNLP.