Soy egresado de la Universidad Nacional de Jujuy. Como muchos jujeños, llevo a la UNJu no sólo como parte de mi formación profesional, sino también como parte de mi identidad cívica.
Durante décadas la Universidad fue uno de los pocos espacios de la vida pública provincial donde la sociedad percibía que existían reglas relativamente claras, previsibilidad institucional y respeto por las formas republicanas, incluso en contextos políticos complejos.
Precisamente por ese valor institucional es que resulta necesario hablar cuando aparecen señales que pueden erosionar esa confianza.
Luego de analizar detenidamente el proceso electoral universitario en curso y tras haber promovido una acción judicial ante la Justicia Federal, considero necesario compartir con la comunidad universitaria y con el pueblo de Jujuy una reflexión pública sobre los riesgos institucionales que enfrenta hoy nuestra Universidad.
El conflicto institucional tiene origen en la Resolución Nº 200/25 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, dictada el 26 de noviembre de 2025, mediante la cual se decidió interpretar los artículos 40 y 44 del Estatuto universitario en relación con los límites de reelección.
La interpretación adoptada sostiene que los mandatos ejercidos como Decano y Vicedecano no se computan entre sí a los efectos del límite de reelección.
En términos prácticos, esto habilita la posibilidad de alternar indefinidamente cargos ejecutivos dentro de la misma estructura de poder, por ejemplo un rector que luego pase a ser vicerrector, un vicerrector que luego vuelva a ser rector, o decanos y vicedecanos que se alternen indefinidamente. Esto configura una forma indirecta de reelección indefinida.
En la acción declarativa de certeza promovida ante la Justicia Federal se sostiene que la Resolución 200/25 sería manifiestamente arbitraria, ilegítima e inconstitucional por una razón central: el Consejo Superior no tendría competencia para modificar el sentido del Estatuto.
Según el propio Estatuto de la Universidad Nacional de Jujuy, particularmente sus artículos 11, 12 inciso 3, 118, 119 y 120, la interpretación auténtica del Estatuto corresponde a la Asamblea Universitaria.
Por lo tanto, lo que se encuentra en discusión no es solamente la oportunidad política de la resolución, sino su propia validez jurídica.
El problema institucional no surge sólo del contenido de la resolución, sino también de la secuencia temporal de los hechos.
El 25 de noviembre de 2025 el Rector de la Universidad anuncia públicamente su intención de presentarse a la reelección e informa que su fórmula incluiría como candidato a Vicerrector a un Decano que, conforme a la interpretación tradicional vigente hasta ese momento, no tenía posibilidad de reelección.
El 26 de noviembre de 2025, apenas 24 horas después, el Consejo Superior trata sobre tablas la reinterpretación de los artículos 40 y 44 del Estatuto y aprueba la Resolución 200/25.
La proximidad temporal entre el anuncio de la candidatura y la modificación interpretativa de las reglas electorales genera un problema evidente de legitimidad institucional.
Frente a esta situación se promovió una acción declarativa de certeza con medida cautelar innovativa ante la Justicia Federal.
El Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy decidió remitir el expediente al Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre la competencia del tribunal.
Esta decisión ha sido interpretada por diversos observadores como una dilación innecesaria, dado que las universidades nacionales forman parte del sistema institucional del Estado nacional y su régimen jurídico pertenece al ámbito del derecho público federal.
La demora en resolver el fondo del conflicto genera una situación delicada: un proceso electoral continúa desarrollándose mientras su legalidad se encuentra cuestionada judicialmente.
El debate abierto en la Universidad Nacional de Jujuy no es un hecho aislado. A partir de lo ocurrido en Jujuy, docentes de la Universidad Nacional de Tucumán también promovieron cuestionamientos judiciales vinculados a interpretaciones estatutarias y límites de reelección.
Más allá del debate jurídico existe una cuestión más profunda: cómo se ejerce el poder dentro de las instituciones.
Hace más de dos mil años Confucio reflexionó sobre el vínculo entre poder, moral y reglas. En los Analectas escribió: “Si el gobernante es recto, todo se ordena sin necesidad de imponer nada. Si el gobernante no es recto, aunque dé órdenes nadie las seguirá”.
También sostuvo: “Gobernar es rectificar. Si guías con rectitud, ¿quién se atreverá a no ser recto?”.
Las instituciones no se deterioran de un día para otro. Comienzan a erosionarse cuando las reglas dejan de ser un límite y pasan a convertirse en un recurso que se acomoda según la conveniencia del momento.
Confucio advertía sobre este problema cuando señalaba: “El hombre noble entiende lo que es justo. El hombre pequeño entiende lo que le conviene”.
Las universidades públicas viven de su autoridad moral. No gobiernan mediante la fuerza ni mediante el poder económico. Su autoridad descansa en el prestigio académico, la credibilidad institucional y la confianza de la sociedad.
Este debate universitario ocurre además en un contexto nacional marcado por una profunda crisis de confianza en las dirigencias públicas. Amplios sectores de la sociedad perciben que en muchos ámbitos de la vida pública las reglas se interpretan o se modifican según la conveniencia del poder de turno.
En ese contexto las universidades públicas tienen una responsabilidad aún mayor: deben ser ejemplo de institucionalidad y respeto por las reglas.
Como señalaba Confucio: “El gobernante que actúa con virtud es como la estrella polar: permanece en su lugar mientras todos los demás giran a su alrededor”.
Las universidades públicas no sólo enseñan contenidos. Enseñan con el ejemplo.
Respetar las reglas incluso cuando existen interpretaciones posibles más convenientes es una forma de educación cívica que la sociedad necesita.
Como egresado de la Universidad Nacional de Jujuy, como ciudadano y como jujeño, considero que aún estamos a tiempo de evitar un daño institucional innecesario.
Porque cuando se advierte un riesgo institucional serio, el silencio deja de ser prudencia y pasa a ser complicidad.
