En la octava sesión convocada para hoy desde las 10 en la Legislatura de la Provincia, se tratarán varios proyectos de ley que durante la semana fueron estudiados en comisiones, logrando despacho favorable para su tratamiento en el recinto.
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En la octava sesión convocada para hoy desde las 10 en la Legislatura de la Provincia, se tratarán varios proyectos de ley que durante la semana fueron estudiados en comisiones, logrando despacho favorable para su tratamiento en el recinto.
Figuran los proyectos de ley de Reestructuración jurídica facultativa de las Sociedades del Estado de Jujuy; de exención del 100% del Impuesto de Sellos a la razón social Industrias Zapla SA (aplicable a todas las operaciones vinculadas a su actividad industrial), y de vigencia del plan de contingencia Jujuy Asiste y Reactiva.
Ingresará la nota del Ejecutivo provincial adjuntando el Decreto N° 3538 - Deyp - 2025 referente a la aprobación de la segunda adenda ampliatoria del convenio de línea de préstamos para financiamiento productivo, con subsidio de tasa de interés, entre la Provincia y el Banco Macro SA.
Entre las resoluciones de la presidencia de la Cámara, figura la designación de la abogada Josefa del Valle Herrera como Fiscal Anticorrupción y del abogado Javier Ignacio De Bedia Quintana como Fiscal Adjunto de la Oficina Anticorrupción.
De los despachos de comisión figura el proyecto de modificación de la Ley N° 5186 - Código de Procedimientos Mineros; y tomarán estado parlamentario las iniciativas de modificación de la Ley N° 5.185 y modificatoria enviado por el Ejecutivo provincial, y el de fiscalización de las sociedades con participación mayoritaria de la Provincia.
El proyecto de ley que establece un marco legal para habilitar la transformación jurídica de las Sociedades del Estado de la Provincia se fundamenta en el nuevo escenario jurídico nacional derivado del DNU 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que derogó la Ley Nacional N° 20.705 que regulaba la constitución y el funcionamiento de las Sociedades del Estado.
Prevé que dichas sociedades puedan transformarse en Sociedades Anónimas, manteniendo la mayoría accionaria en manos del Estado provincial, con la posibilidad de incorporar capital privado hasta un máximo del 49%.
Este límite garantiza el control estratégico estatal y habilita nuevas fuentes de financiamiento e inversión que permitan mejorar la gestión, expandir actividades y generar empleo. Contempla la posibilidad de una privatización total exceptuando a Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), únicamente cuando existan circunstancias económicas, financieras o estratégicas acreditadas que justifiquen su desinversión total.