Presentados por la diputada del PJ, Daniela Vélez, en la sesión de hoy tomarán estado parlamentario tres proyectos de pedido de informes, dos de ellos apuntan a esclarecer por qué la edil en Yuto, Laura Torres, no percibe sus haberes y en La Quiaca, la edil electa (suplente) trans Rosa Linda Ancasi, no asume en su banca.
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Presentados por la diputada del PJ, Daniela Vélez, en la sesión de hoy tomarán estado parlamentario tres proyectos de pedido de informes, dos de ellos apuntan a esclarecer por qué la edil en Yuto, Laura Torres, no percibe sus haberes y en La Quiaca, la edil electa (suplente) trans Rosa Linda Ancasi, no asume en su banca.
El primero está dirigido al Ejecutivo provincial quien a su vez deberá solicitar a la Municipalidad de Yuto "para que fundamente y esclarezca una situación de gravedad institucional" que involucra a la concejal en funciones Laura Torres.
Por información recogida, Vélez sostiene en su proyecto que la concejal de esa comuna "no ha percibido su sueldo desde hace más de un año, a pesar de ejercer activamente su rol como integrante del Honorable Concejo Deliberante de Yuto".
La situación de comprobarse "implicaría una clara violación a los derechos laborales y políticos de una funcionaria electa por la voluntad popular, además de representar una anomalía administrativa que no puede ser naturalizada bajo ninguna circunstancia", sostiene.
El salario de los concejales "constituye una remuneración por la función pública desempeñada, y su pago no puede quedar sujeto a valoraciones personales, criterios discrecionales, ni decisiones políticas arbitrarias por parte del Concejo Deliberante".
"Negar o demorar injustificadamente dicho pago, constituye no solo un incumplimiento de deberes por parte del Ejecutivo municipal, sino también una posible violación a la normativa laboral vigente, y a los principios constitucionales básicos como el derecho a la retribución y la igualdad ante la ley".
Resulta preocupante "que esta situación se prolongue en el tiempo y no haya sido formalmente atendida ni resuelta, lo cual pone en evidencia una posible falta de transparencia y de voluntad institucional para garantizar el normal funcionamiento del Cuerpo legislativo municipal".
El Concejo Deliberante como órgano legislativo autónomo, "debe ser respetado en su composición y funcionamiento, y el accionar de sus miembros no puede ser condicionado ni limitado mediante la retención o no liquidación de sus haberes".
En el proyecto la legisladora justicialista advierte que dicha conducta "si se confirma podría estar configurando violencia política e institucional, además de posibles responsabilidades legales por parte de quienes obstaculizan el pago correspondiente".
En virtud de lo expuesto requiere de manera urgente un informe oficial que detalle las razones de la situación y que establezca un camino claro para su inmediata resolución que es insostenible para la perjudicada.
