Legisladoras provinciales del bloque justicialista exigieron la resolución de dos situaciones que consideran discriminatorias hacia mujeres electas democráticamente. Se trata de Rosalinda Ancasi, de La Quiaca, quien no pudo asumir su cargo como concejala; y Laura Torres de Yuto, quien sí ejerce funciones pero lleva un año y medio sin cobrar sus haberes.
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Legisladoras provinciales del bloque justicialista exigieron la resolución de dos situaciones que consideran discriminatorias hacia mujeres electas democráticamente. Se trata de Rosalinda Ancasi, de La Quiaca, quien no pudo asumir su cargo como concejala; y Laura Torres de Yuto, quien sí ejerce funciones pero lleva un año y medio sin cobrar sus haberes.
Desde la Comisión de Género de la Legislatura de Jujuy plantearon que ambos casos evidencian situaciones de violencia política y llamaron a legisladoras de todos los espacios a pronunciarse al respecto.
"Mi situación es en La Quiaca, ya que el intendente no me permite asumir la presidencia del Concejo", declaró Rosalinda Ancasi en conferencia de prensa, y explicó que las autoridades locales alegan que deben "analizar" su caso. Ancasi debía asumir la banca que dejó vacante la concejala María Laime, fallecida trágicamente en enero de este año.
La diputada Daniela Vélez sostuvo que el impedimento responde a "una actitud misógina del intendente Dante Velázquez" y recordó que la Ley de Paridad de Género, aprobada en 2021, establece en su artículo 6 que Ancasi tiene el derecho a ocupar la banca, lo que "no se está respetando, en contra de la voluntad popular", agregó.
Ancasi cuenta con documentación oficial que reconoce su identidad de género, y por tanto le corresponde legalmente ocupar el cargo. El caso ya fue judicializado y se espera una resolución por parte del Poder Judicial, aunque el tiempo transcurrido ha generado malestar en distintos sectores políticos y sociales.
Durante una conferencia de prensa, acompañaron a Ancasi y Torres las legisladoras Valeria Gómez, Claudia Sánchez, Verónica Valente quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y otras dirigentes de localidades como Fraile Pintado, La Quiaca y Yuto.
A su vez, la situación de Laura Torres, concejala en funciones en Yuto, también fue presentada como un ejemplo grave de violencia institucional. "Estoy trabajando como concejala pero no estoy cobrando mi sueldo desde hace un año y medio. Esto no parece un error administrativo, sino una persecución política o violencia de género por parte del intendente", manifestó Torres.
Según explicó la concejala, el intendente insiste en que ella está "usurpando una banca", y busca reemplazarla por una concejala de su mismo espacio político. Esta situación también fue denunciada ante la Justicia.
La diputada Vélez ratificó el acompañamiento a ambas concejalas y detalló que en el caso de Torres también se realizaron las presentaciones legales correspondientes, a la espera de una resolución judicial.
Durante la conferencia, la diputada Valeria Gómez agregó que Rosalinda Ancasi, antes de esta situación, se desempeñaba como coordinadora de la Secretaría de Género del municipio de La Quiaca. "A pesar de su preparación y compromiso, fue trasladada al área de Obras, donde sufrió discriminación por parte de compañeros de trabajo. Se hicieron conferencias de prensa y se intentó visibilizar esta situación en distintos medios", explicó.
Gómez también instó a los Concejos Deliberantes de La Quiaca y Yuto a convocar a sesiones con quórum para tratar formalmente estas situaciones y brindar respuestas institucionales claras. "No se puede seguir mirando para otro lado", sostuvo Gómez.
En tanto, la diputada Verónica Valente, titular de la Comisión de Igualdad de Género, consideró que es momento de que la política en su conjunto reflexione sobre estas prácticas de exclusión. "Debemos dejar de lado las banderas partidarias. Más allá de que las concejalas fueron electas por otro espacio político, debemos reconocer que fueron elegidas por el pueblo. Y eso debe ser respetado", afirmó
Valente advirtió que los hechos denunciados configuran no solo una falta de respeto a las mujeres en la política, sino una violación a los principios democráticos. "No deberíamos tener que judicializar estas situaciones. Las bancas son del pueblo, no de los intendentes ni de los partidos. Hacemos un llamado a todas las mujeres en la política a pronunciarse en favor de que Rosalinda y Laura puedan ejercer sus derechos libremente", concluyó. (Por Liliana Alfaro)
